El abandono del mantenimiento se cobra en vidas

La caída del Puente Morandi, en Italia, pone frente al espejo a una Argentina que ha pagado con numerosas muertes el desvío de dinero para la obra pública

El derrumbe del Puente Morandi, en Génova, volvió a refrescar la memoria de acontecimientos desgraciados ocurridos en la Argentina como consecuencia del desvío de fondos hacia la corrupción cuando debían haberse aplicado al mantenimiento de la infraestructura. El caso italiano, claramente diagnosticado por el ingeniero Tomás del Carril, la máxima autoridad de nuestro país en grandes puentes y conocedor de la infraestructura colapsada, ocurrió por la rotura de un tirante. Esto se debió a la falta de reemplazo de tirantes recubiertos de hormigón, una forma ya perimida de protección que no asegura impermeabilidad y oculta la corrosión. O sea, hubo falta de mantenimiento adecuado no por desconocer la técnica, ya que una parte de los tirantes había sido cambiada o reforzada. El dinero no fue utilizado donde era imprescindible.

El gobierno italiano rescindió el contrato de concesión de la autopista y la Justicia de ese país actuará sobre los culpables, pero nada puede resolver el drama de los muertos en la catástrofe. Es la misma consideración que debemos hacer para la tragedia ferroviaria de Once, para la inundación en La Plata y para los innumerables accidentes en rutas saturadas que perduran sin separar calzadas, ni controlar accesos, ni arreglar sus pavimentos.

Durante la gestión kirchnerista, la falta de mantenimiento fue en general una consecuencia de la corrupción. Los subsidios que compensaban congelamientos tarifarios estaban sujetos a “retornos”. Esos comportamientos están hoy confirmados por funcionarios y empresarios arrepentidos, que hablan de un sistema sujeto a porcentajes preestablecidos. Las sumas de dinero eran tan grandes que no podían ser cubiertas solo con encarecer artificialmente el costo de las obras. También debían sacrificarse los gastos en mantenimiento. Esta falencia era obviada por los órganos de control, cuyos funcionarios deliberadamente miraban para otro lado, ya sea por temor a sus jefes o por participar en la corrupción.

La falta de mantenimiento se hizo patética en hospitales y escuelas. Este sector, que es responsabilidad principal de las provincias y municipios, mostró múltiples casos de deterioro y de situaciones extremas que obligaron a suspender las clases o los servicios. Mientras esto ocurría, la generalidad de los gobiernos provinciales aumentaban innecesariamente sus plantas burocráticas. El populismo y los caudillismos sindicales, que ocasionaron gastos crecientes, se sumaron a los desvíos espurios de fondos con fines políticos o enriquecimientos personales. La paradoja es que los gremios docentes y los de los profesionales de la salud, fuertemente ideologizados, se rasgan las vestiduras ante el menor caso de una escuela o una sala de guardia sin calefacción.

Fuentes oficiales hablan de un abaratamiento de las obras públicas del orden del 40%. La recomposición de las tarifas de energía y transporte está rencauzando gradualmente el financiamiento, lo que permitirá recuperar el mantenimiento fuera de la discrecionalidad de los subsidios. Estos son siempre un caldo de cultivo para la corrupción. La aparición de los cuadernos con sus consecuencias sanadoras le ha dado un golpe de gracia a la cartelización entre constructores, un delito de empresas privadas que permitía suprimir la competencia, aumentar los precios y enriquecer a ambas puntas: la pública y la privada.

La caída del Puente Morandi ha sido una desgracia mayor y pone frente al espejo a una Argentina en la que sucedieron hechos relacionables. Creemos que la lección ha sido aprendida y que el cambio ya se ha iniciado.