Cuadernos: Cristina declara otra vez en una semana clave
El juez Bonadio, por su parte, debe decidir si pide la detención del financista Clarens
La expresidenta Cristina Kirchner volverá a presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Py, en la que será una semana clave en la causa de los cuadernos de las coimas.
Hoy, además de esta indagatoria, el juez Claudio Bonadio debe decidir la suerte del financista Ernesto Clarens. El fiscal Carlos Stornelli, después de semanas de entrevistas con él y de un acuerdo que no lo convence, puso fin a las negociaciones y el viernes le pidió al juez su detención inmediata. El magistrado no lo resolvió, y le dio así unos días más a Clarens.
La revelaciones de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, encajan con las evidencias de la causa en que se investiga cómo la brasileña Odebrecht, a través de la empresa Iecsa, que era del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, pagó sobornos por 20 millones de dólares para mantener el contrato del soterramiento del Sarmiento.
Esas sospechas que comparte el fiscal Franco Picardi a cargo de la investigación, quedarán finalmente plasmadas cuando lleguen a la Argentina los documentos del caso Odebrecht que ya reunió la Justicia de Brasil y que, merced a un acuerdo entre las fiscalías de ambos países, serán liberados.
El fiscal Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que envíe un exhorto a Brasil solicitando esas pruebas, pero el juez prefirió delegarle al fiscal el trámite. Así, la semana pasada salió de la fiscalía a la cancillería argentina el exhorto que por canales diplomáticos llegará a Brasil y de ahí al fiscal Deltan Dallagnol, de Curitiba, que tiene esas pruebas del Lava Jato.
Mientras llegan los papeles, los funcionarios ya empezaron a trabajar informalmente intercambiando impresiones por teleconferencia.
La intención de Picardi es reconstruir la trazabilidad de los fondos: la división operaciones estructuradas de Odebrecht [que era la oficina dedicada al pago de coimas] los registró con detalle. Su recorrido permitirá saber a manos de qué funcionarios terminaron en la Argentina: Julio De Vido es el imputado más encumbrado en este caso del Sarmiento. Por ahora.
La causa se reactivó por las anotaciones de Centeno que ligan a Iecsa, Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez con pagos indebidos al Ministerio de Planificación. Pero empezó a encajar con las evidencias que había reunido el expediente cuando empezaron a declarar los empresarios arrepentidos. Es clave, para saber qué pasó, la declaración del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner.
El empresario admitió ante el fiscal Carlos Stornelli que el club de la obra pública, donde las empresas se repartían las licitaciones, contemplaba que el que ganaba la obra debía pagar como coima el total del anticipo que orillaba entre el 10 y el 15 por ciento. Y dijo que los pagos se hacían en dos o tres veces.
La afirmación de Wagner encaja como en un Tetris con las evidencias de la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Un correo electrónico que resume una reunión con el ex-CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, secuestrado en Brasil e incorporado al expediente argentino, señala que, tras la asignación del decreto, el anticipo era del 15%, unos 21 millones de dólares. Y enumera tres pagos, identificados en el mail como Dgi, siglas que para la Justicia brasileña son coimas. Esos pagos sucesivos son un millón de dólares en una primera etapa, 3 millones de dólares a 30 días y 16 millones de dólares a 90 días. Sumadas las 3 cifras dan una suma aproximada a los 21 millones de anticipo que se menciona en primera instancia.
En la causa de los cuadernos, Calcaterra y Sánchez Caballero admitieron pagos, pero dijeron que era aportes de campaña. Sánchez Caballero mencionó que “con el tiempo, la exigencia se hizo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero”. Y agregó: “El mecanismo que se me describió en la declaración indagatoria coincide con lo que estoy diciendo, me refiero a los lugares y por ejemplo el auto patente GZP 687 que en la imputación se menciona que efectivamente era de la compañía y por lo general lo utilizaba yo. Los montos no los puedo precisar porque los desconozco, pero las entregas se realizaban mediante bolsas pequeñas de papel. La combinación de las entregas siempre fue con Nelson Lazarte [secretario de Baratta], quien primero coordinaba telefónicamente y luego pasaba a retirar el dinero. Siempre venían en auto, cuya marca o característica no recuerdo. Yo aprovechaba cada oportunidad en la que se presentaba Nelson para solicitarle que intermediara con Baratta para que nos paguen lo adeudado y atrasado”.
La reconstrucción que hizo la Justicia sobre cómo se pagaron las coimas de Odebrecht señala que entre 2005 y 2010 las empresas pagaban consultorías a Caesa, la empresa fantasma de Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime y oficialmente su jefe de asesores. “Eran migajas, poca plata”, supuestamente un fee mensual para que los tengan al tanto de la marcha de las licitaciones.
Pero a partir de esa fecha se firmó el decreto, los pagos mensuales dejaron de gotear y se pagó el retorno grande con el anticipo financiero de 20 millones de dólares.
Los pagos se extendieron hasta 2013, que entra en escena Jorge “Corcho” Rodríguez. Allí, según las sospechas de los funcionarios que siguen el caso, el lobista de Planificación destrababa los pagos y cobraba comisiones por ello que terminaban en Sabrimol, una empresa uruguaya que Rodríguez jura que no le pertenece y donde su contador figura como dueño. Los cuadernos de Centeno mencionan a Rodríguez porque el chofer dice que pasó a retirar pagos por un local de su propiedad y que en otras ocasiones intervino su chofer.
Mientras los empresarios confiesan en la fiscalía de Stornelli en el quinto piso de tribunales y bajan un piso para que el juez Bonadio homologue sus aportes como arrepentidos para aligerar sus acusaciones, en el mismo piso, pero en la otra punta, Martínez de Giorgi toma declaración indagatoria a los exfuncionarios y empresarios acusados de pagar y cobrar coimas por Odebrecht.
Lo hace a paso lento. De las 49 citaciones a indagatoria que realizó a fines del año pasado, solo tomó 12. La velocidad con que lleva el caso mereció que el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, le llamara la atención en exhorto a que mire toda la causa teniendo en cuenta las pruebas de los cuadernos de Centeno.
Por lo pronto, Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Picardi ya le pidió a Bonadio las declaraciones de los arrepentidos con la convicción de que las pruebas de ambos casos se encastran como un rompecabezas completo.