Fuertes condenas para dos expresidentes de concejos deliberantes
Luis Cifré, de la localidad salteña de Joaquín V. González, y Gabriel Maurín, de la ciudad de Salvador Mazza, fueron sentenciados a más de 12 años de prisión
El puntero no solo es un eslabón clave en el territorio de la política, sino también en el narcotráfico, que se asocia con dirigentes para asegurarse influencias con las fuerzas de seguridad y la Justicia. Ese perfil tenían los concejales salteños Luis Cifré, de Joaquín V. González, condenado esta semana a 12 años de prisión, y Gabriel Alejandro Maurín, de Salvador Mazza, sentenciado a 14 años. Ambos eran los punteros territoriales de dos narcos de peso.
Cifré, quien había sido el presidente del Concejo Deliberante por el Frente para la Victoria, estaba asociado con el portugués Joao Paulo Ferreira Márques, detenido en septiembre de 2017 a 50 kilómetros de Lisboa, que realizaba contrabandos de cocaína en cargamentos de carbón vegetal al menos desde 2009.
Ferreira Márques había sido apuntado por dos testigos que declararon en Portugal en 2011 como proveedor de otro eslabón del negocio del contrabando de cocaína en bolsas de carbón vegetal, que lideraban los fallecidos Carlos Salvatore y Patricio Gorosito, condenados a 21 y 19 años, respectivamente, en 2015. Estas vinculaciones se desprenden de la investigación que hizo el fiscal Carlos Amad, quien también participó en Chaco del juicio contra la banda Carbón Blanco.
Maurín también llegó a ser titular del Concejo Deliberante en Salvador Mazza, ciudad fronteriza con Bolivia, donde además de sus actividades como dirigente del Movimiento Popular Unido, alineado con el Frente para la Victoria, era el contacto local de Wilson Maldonado Valderrama, un empresario boliviano que tiene pedido de extradición de la Argentina desde junio de 2016. Otro concejal, aliado de Maurín, Mauricio Gerónimo, del Frente Grande, está prófugo desde el operativo Febrero Blanco, cuando Gendarmería interceptó en 2015 un camión con 267 kilos de cocaína en Monte Quemado, en Santiago del Estero. Ese vehículo estaba a nombre del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, fallecido el 10 de noviembre de 2013, quien a través de Delfín Castedo, detenido en julio de 2016 en el partido bonaerense de Ituzaingó tras permanecer 10 años prófugo, estaba vinculado a Carbón Blanco.
Maurín y Gerónimo eran parte del arco político del intendente Rubén Méndez, cuyo hermano Jesús Enrique Méndez fue detenido en un auto acompañado por Jaime Cabero Osinaga, un norteamericano radicado en Bolivia, con más de seis kilos de cocaína, $600.000, US$2300 y 34 celulares. A pesar de ser aliados, Méndez impulsó la expulsión del prófugo Gerónimo y negó tener una empresa distribuidora de gaseosas en sociedad con Maurín.
El Tribunal Oral Federal de Orán condenó a Maurín a 14 años de prisión por considerar que junto con su par Gerónimo eran el contacto local de una organización narco cuyo proveedor era el empresario boliviano Maldonado Valderrama, quien enviaba la cocaína en avionetas que “bombardeaban” el territorio salteño. Maurín admitió en el juicio que era el veterinario de los caballos de carrera del empresario boliviano apodado Chichín, que fue el fundador del club hípico de Villa Montes.
El concejal Cifré actuaba, según fuentes judiciales consultadas por la nacion, como contacto del portugués Joao Paulo Ferreira Márques. “El Gordo está todo el día con la campaña política”, se quejaba por teléfono el empresario portugués cuando hablaba con su pareja, Natalia Cifré, sobrina del edil.
Cifré, de 55 años y concejal de Joaquín V. González, un pueblo salteño de 14.000 habitantes ubicado sobre la ruta 16, estaba en 2011 más ocupado en la campaña electoral para renovar la presidencia del Concejo Deliberante que de preparar los cargamentos de cocaína camuflada en bolsas de carbón que se despachaban en la zona franca de Tucumán y se embarcaban por el puerto de Rosario rumbo a Lisboa. La sombra de Reynoso
Después de siete años de ser detenido y liberado, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y José Batule, lo condenó a 12 años y medio de prisión. La sentencia se dilató porque la instrucción estuvo en manos del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, quien excarceló a Cifré a pesar de que en un galpón de su propiedad fueron incautados 357 kilos de cocaína que estaban disimulados en bolsas de carbón vegetal, que esta organización exportaba a Portugal a través de la zona franca de Tucumán. En ese punto contaban con la complicidad del entonces jefe de la Aduana local Jorge Gabriel Robles, quien recibió una pena de tres años y medio de prisión e inhabilitación “absoluta” para ejercer cargos públicos “por ser autor del delito de cohecho pasivo”. La carga pasaba por el puerto de Rosario rumbo a Lisboa.
Se utilizaban dos empresas para realizar las exportaciones: Mundicarbo SRL, que estaba a nombre de Natalia Cifré, quien fue absuelta por el beneficio de la duda y es investigada por lavado de dinero, y su novio Ferreira Márques, y Ecocarbono SRL, cuyas acciones se traspasaron al presidente del Concejo Deliberante. Las exportaciones se hacían con esas dos firmas, que tuvieron el aval de la Aduana para no inspeccionar los cargamentos a pesar de tratarse de una carga sospechosa. En este esquema había dos colombianos: Pablo Giraldo Marulanda y Héctor Muñoz Restrepo, que serían los encargados de teñir la cocaína para que tomara un aspecto similar al carbón.