Lula, legalmente inhibido
Por una amplia mayoría de seis votos contra uno, el Supremo Tribunal Electoral de Brasil ha resuelto confirmar el fallo de una instancia inferior por el cual el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva no podrá ser candidato en la próxima elección presidencial, el 7 de octubre. De esa manera, el Partido de los Trabajadores, del que Lula ha sido fundador, deberá inscribir a otra persona como su candidato.
Ocurre que la ley dispone que quien ha sido condenado por algún delito en dos instancias judiciales sucesivas queda inhabilitado para presentar su candidatura en las elecciones nacionales brasileñas. Lula, además, acumula otras siete causas por corrupción. Para su partidarios, se trata tan solo de una persecución judicial desatada con el propósito de impedir su regreso a la presidencia de su país.
Lula, quien presidió a Brasil entre 2003 y 2011, hoy está preso y cumple una condena a 12 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y corrupción por haber recibido un lujoso departamento tríplex emplazado frente a una playa de su país. Lo habría recibido de una importante empresa constructora de obra pública a cambio de su apoyo en algunas licitaciones.
La condena, que es otra expresión evidente de la absoluta independencia y seriedad de la Justicia de Brasil, puede ser ahora apelada ante la Suprema Corte. De todos modos, Lula tendría decidido renunciar a su candidatura.
Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores previsiblemente llevará como candidato de reemplazo al abogado y economista Fernando Haddad, compañero de fórmula de Lula, pero según las encuestas por el momento el candidato que presenta la mayor intención de voto es Jair Bolsonaro, quien se encuentra convaleciente tras un atentado. Es de esperar que se trate de un episodio aislado y que la violencia verbal que caracterizó algunas declaraciones luego del trágico hecho se aplaque y la campaña se realice en paz.
En cuanto a la independencia judicial que ha puesto de manifiesto el vecino país, tiene claramente un peso enorme en la defensa de las instituciones y valores centrales de la democracia. En cambio, en la Argentina, donde se exige una condena firme para evitar ser candidato, por desgracia los tiempos de la Justicia son tan extensos que rara vez las causas de corrupción ven confirmada una sentencia condenatoria, como es el caso del expresidente Carlos Menem, sobre cuya condena por el contrabando de armas aún debe expedirse la Cámara de Casación.