cuadernos y después
¿Hacia el nunca Más de la corrupción?
El caso que reveló el circuito de coimas en la obra pública podría marcar un punto de inflexión, si se logra sanear un sistema viciado. Al mismo tiempo, la investigación del Lava Jato multiplica sus efectos en la región
Para muchos, la Argentina puede ser un país de armas (o cacerolas) tomar. Sin embargo, de la década del 90 (para fijar un punto reciente) a esta parte, los escándalos de corrupción no han dejado de sucederse, en un crescendo inverosímil: el caso Swift, el Yomagate, la venta de armas a Croacia y Ecuador, los jueces de la servilleta, el caso Banelco o las coimas en el Senado, la valija de Antonini, Sueños Compartidos, Ciccone, Hotesur, la ruta del dinero K, los Panamá Papers, los aportantes truchos de campaña y un largo etcétera son solo algunos de los escándalos que han ido alimentando la indignación y el hartazgo de la sociedad.
La imagen del ex secretario de Obras Públicas José López revoleando bolsos con millones de dólares dentro de un convento de monjas parecía el colmo de la obscenidad, pero los apuntes del chofer Oscar Centeno, salidos a la luz tras una investigación de Diego Cabot y su equipo, subieron la apuesta y aportaron un capítulo inesperado a la larga historia de la corrupción en el país.
Ese relato pormenorizado del trasiego de bolsos llenos de dólares durante el gobierno kirchnerista develó la matriz de un sistema de saqueo en el que hoy aparecen implicados los más altos funcionarios del gobierno anterior junto con importantes empresarios de la construcción. La rapidez con que esta vez actuó la Justicia provocó una seguidilla de confesiones que confirman el grado de cartelización al que había llegado la obra pública en la Argentina.
Una bisagra para el país
Por sus dimensiones, por la actuación decidida de la Justicia, por el grado de corrupción que revela, por el impacto social que produjo, el caso de los cuadernos podría representar una bisagra para el país. ¿Llegará el juicio a condenar según la ley a los culpables? ¿Esas sentencias ejemplificadoras podrían modificar prácticas corruptas de la dirigencia? ¿Podrán sanearse las contrataciones públicas mediante nuevas prácticas y procedimientos? ¿Exigirá la sociedad el fin de la corrupción endémica?
“La causa de los cuadernos es un una suerte de hito, al igual que los escándalos de corrupción en Brasil –dice Manuel Balán, profesor de ciencia política y desarrollo internacional en la McGill University, de Canadá–. Sobre todo, por estos acuerdos de delación premiada que pueden hacer los arrepentidos para disminuir sus penas. Gracias a eso ahora salen a la luz un montón de hechos que sospechábamos pero de los que no existían pruebas. Decir que a partir de ahora las cosas van a cambiar definitivamente es hacer futurismo. Sin embargo, si vemos lo que pasó en otros países, advertimos que el sistema se puede corrigir a partir de nuevas medidas que ataquen la corrupción. Para eso tiene que haber, además de las respuestas judiciales, iniciativas institucionales.
El sistema se puede corregir a partir de nuevas medidas que ataquen la corrupción, dicen los expertos
¿Se van a dar en este caso? Creo que sí”.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, una OnG encargada del monitoreo de transparencia y control de las instituciones, considera que el paso fundamental es que cambien las reglas de juego con respecto a la vinculación entre gobiernos y empresas. Si bien lamenta “la protección irrestricta que se le dio hasta ahora a las empresas que participaron de las coimas”, ase- gura que es el momento de iniciar una batería de medidas anticorrupción para la posteridad. “Hace falta una nueva ley de contrataciones públicas, porque la actual es muy antigua, lo mismo con la ley de ética pública. Hay que instaurar procesos más transparentes y tener organismos de control más eficientes, que funcionen en forma coordinada. En cuanto a lo institucional, la Justicia tiene que actuar más rápido en estos casos y no esperar una señal tan clara como fue la de los cuadernos. También nos debemos una reforma en el sistema judicial, sobre todo en el Consejo de la Magistratura. Hoy están los mismos jueces que perdonaron al kirchnerismo durante años”, señala Secchi.
Basta con ver algunas cifras para hacerse a la idea de que en la Argentina la corrupción es hasta ahora un buen negocio para los que la practican sin miramientos. Según publicó este diario en mayo, el 92% de las causas de corrupción no llegan a juicio. Estos son datos del propio Consejo de la Magistratura, relevados en los últimos 20 años. En cuanto a los tiempos, estas causas demoran, en promedio, 14 años. Más de tres períodos presidenciales.
Largo plazo
La dificultad, si así puede llamarse, de construir una agenda anticorrupción para ir a fondo con las medidas necesarias es que lleva tiempo y el rédito político difícilmente es cosechado en el período presidencial en curso. Según los expertos, son reformas costosas, difíciles de explicar a la sociedad y que demandan un tratamiento concienzudo.
En su último discurso, el presidente Macri aseguró que el caso de los cuadernos “constituye un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza le ha costado a la Argentina”. ¿Cómo pasar, sin embargo, de la simple expresión de buenos deseos al terreno de los hechos y las concreciones?
El polítólogo Sebastián Pereyra, profesor de la Unsam y autor del libro Política y transparencia. La corrupción como problema público, afirma que este tipo de reformas se piensan a largo plazo y no resuelven las expectativas que generan los escándalos de corrupción del momento. “¿Quién y por qué se comprometería a desarrollar una agenda de transparencia en términos que son menos impactantes y emocionantes? no es lo mismo pensar un sistema de compras públicas y su monitoreo que la expectativa de que los funcionarios vayan presos”, dice.
Pereyra afirma que lo que genera capital político en materia de corrupción es más la denuncia que los cambios institucionales. Sin em-
bargo, advierte sobre las eventuales consecuencias de que un gobierno descanse su política anticorrupción exclusivamente en paladines de la honradez: “Esa lógica de la denuncia de la corrupción es también una especie de monstruo que se termina devorando a sus criaturas. Se depositan expectativas de transformación en el estatus moral de las personas. Apostar a que todo un plantel del gobierno encarne esa especie de garantía moral es poco realista”.
Sanear el sistema
Un ejemplo de este punto es el caso de los aportantes truchos de campaña. Referentes anticorrupción de Cambiemos como Gladys González o Graciela Ocaña se vieron envueltas en un sistema viciado. Lo mismo podría ocurrir si algún miembro del actual gobierno termina apareciendo en las declaraciones de un arrepentido. Sin ir más lejos, el primo del actual presidente Macri, Ángelo Calcaterra, fue uno de los tantos empresarios que desfiló por Tribunales. Si existiera un sistema anticorrupción (y el antídoto contra las mafias no descansara solamente en las personas) sería sistémica la detección y neutralización de estos hechos.
Lo ocurrido en Brasil con el caso Odebrecht, que terminó con funcionarios y empresarios presos y un gobierno diezmado, representó tal impacto que muchos se entusiasman con la posibilidad de que el caso argentino se convierta en un Lava Jato local, con las salvedades correspondientes. Incluso, gracias al ejemplo del país vecino, la Argentina pudo instalar su propio régimen del arrepentido, que representó una pieza clave en el caso de los cuadernos.
“Hay cierto aprendizaje de lo que pasó en Brasil, pero hay diferencias entre aquello y lo que estamos viendo en la Argentina –dice Balán–. Esa diferencia está basada en una serie de decisiones y de cambios institucionales que se dieron en Brasil, algunos durante el gobierno de Lula inclusive, y que le dieron más independencia al Poder Judicial y a los organismos de control como la policía o el ministerio público fiscal. La red de monitoreo que se armó en Brasil en los últimos años es muy fuerte, bastante independiente y bastante poderosa”.
Justamente, con un sistema fortalecido y sumado a la delación premiada, en Brasil la rueda empezó a moverse. Sin embargo, señala Balán, el trabajo de chequeo contable posterior a las declaraciones, de gran pericia técnica, fue la clave para sellar las condenas y limpiar el sistema. “En Brasil, los jueces son más independientes, tienen más recursos y más capacidades para proceder con las investigaciones que requieren un trabajo muy técnico”.
Un interrogante que se desprende de la indignación y del reclamo social contra la corrupción del gobierno anterior es si efectivamente la sociedad podrá aprender algo de su vasta “experiencia” en la materia. Y, de ser así, si efectivamente exigirá otras conductas de parte de sus gobernantes y mayores mecanismos de control por parte del sistema.
“La corrupción es algo que la gran mayoría de la sociedad vive de manera mediada. No es como el desempleo o los problemas económicos, que los ve en el día a día. No es del todo realista pedirle a la gente que haga un control permanente sobre sus dirigentes”, apunta Balán.
Sobre este último punto profundizó el politólogo Andrés Malamud: “El grado de corrupción depende de tres factores: la calidad de los controles, la competencia (entre partidos y entre empresas) y la tolerancia social. En la Argentina los controles son prácticamente los mismos de antes (los mismos jueces y organismos de fiscalización administrativa) y las empresas son las mismas que hicieron colusión (entre ellas y con el Estado) en vez de competir. Lo único que varió es la tolerancia social, y la causa es la crisis económica más que la indignación moral”.
Votar es otra cosa
Sin embargo, para Malamud esta indignación no necesariamente se traducirá en un cambio rotundo a la hora de elegir un representante. “Hasta ahora, los escándalos de corrupción no impactaron sobre el núcleo duro del macrismo ni del kirchnerismo. Estos núcleos abarcan la mitad del electorado; la otra mitad es estable a nivel provincial pero variable a nivel nacional, lo que prende luces de esperanza para los gobernadores peronistas”. Es decir, algunos podrán caer, pero el castigo no será sistémico.
Para la especialista y consultora en opinión pública Graciela Römer, la corrupción es un tema urticante para algunos argentinos, pero definitivamente no un factor decisivo en las urnas. Antes que eso está la situación económica, que se lleva gran parte del día a día de los sectores medios y populares.
“Más allá del impacto mediático que el caso de los cuadernos ha tenido, la opinión pública está muy segmentada en relación a la incidencia que tienen las cuestiones éticas sobre sus decisiones políticas. La segmentación tiene que ver con los niveles de educación, socioeconómicos y situaciones de contexto de la sociedad”, explica. “Algo que conspira contra la posibilidad de que la corrupción penetre en la agenda es la coyuntura económica. Sobre todo en los sectores populares, donde de pronto prima la pelea por la sobrevivencia. Allí muchas veces lo que importa no es que los políticos no roben, sino que satisfagan sus demandas”, sintetizó.
La presión social
Otro matiz que marcó Römer, y que diluye la incidencia de los escándalos a la hora de tomar decisiones políticas, es el acostumbramiento a la corrupción. “Estamos frente una ciudadanía que descree de la dirigencia y sospecha y evalúa a los dirigentes políticos como corruptos –dice–. Aun los propios votantes de Cambiemos no rechazan la existencia absoluta de corrupción entre los dirigentes. Asumen que en realidad son menos corruptos. Esto relativiza el impacto de estos casos. Hay un nivel de cinismo muy importante”.
Es posible que para muchos la indignación quede en los papeles y que a la hora de votar sean otros los factores que condicionen la decisión. Sin embargo, tanto en el Mani Pulite italiano como en el Lava Jato brasileño, según los jueces que llevaron adelante uno y otro proceso, la presión social contra la corrupción resultó un factor fundamental.
“Se ha abierto una condición de posibilidad de que la Argentina pueda cerrar una herida profunda en su capacidad de convertirse en una verdadera democracia –dice Römer–. Esto va a depender del juez interviniente y de que la gente perciba que efectivamente hay un castigo, y no solamente denuncias y utilización mediática de las denuncias”.
El Gloriagate entonces podría ser el puntapié inicial de un proceso superador. La indignación social o el decidido accionar judicial sobre aquellos que cometieron delitos no serán suficientes para sanear un sistema viciado, aunque pueden promover un gesto ejemplar y reparador: el fin de la impunidad. También, de ese modo, sentar las bases para dejar atrás un sistema corrupto y destructivo mediante reformas de largo plazo encaradas con temple político y responsabilidad.
Un interrogante es si la sociedad exigirá otras conductas de sus gobernantes