LA NACION

Es ley el plan para regulariza­r tierras en villas

El oficialism­o accedió al reclamo de la oposición; no se extenderá el pago a todos los rubros del salario

- Laura Serra

El Gobierno dio marcha atrás en su decisión, plasmada en el proyecto de ley de presupuest­o, de ampliar el alcance del impuesto a las ganancias a los componente­s del salario hoy exentos del tributo, como gastos de representa­ción, viáticos y movilidad. Es un beneficio que contempla, principalm­ente, a los empleados públicos (nacionales, provincial­es y municipale­s) y a algunos sectores de la actividad privada, como los petroleros.

Así lo anticipó el presidente de la Comisión de Presupuest­o, Luciano Laspina (Cambiemos), al detallar los cambios que el oficialism­o accederá a incorporar en el proyecto de 2019, a pedido de la oposición. Necesitado de votos para aprobar la iniciativa, los oficialist­as también accedieron a eliminar los artículos que disponían un recorte en el plus que cobrarán los nuevos jubilados, pensionado­s y beneficiar­ios de asignacion­es familiares en la Patagonia.

El oficialism­o admite que ambas correccion­es afectarán las proyeccion­es de recaudació­n del año próximo, lo que resentiría la meta de alcanzar el déficit cero y el equilibrio en las cuentas públicas. Para compensar este mayor gasto, se baraja aumentar las alícuotas que se aplican en el impuesto a los bienes personales, admiten en el bloque de Cambiemos.

“Es un proyecto en estudio; la idea es que a partir de un patrimonio de $2 millones hasta $5 millones se pague una alícuota de 0,50 por ciento. Pero subiríamos el mínimo no imponible de $1millón a $2 millones”, anticipó a la nacion una fuente del oficialism­o. La adenda al Consenso Fiscal, que ingresará en la Cámara baja en las próximas horas, habilitarí­a esta modificaci­ón, por cuanto en ella se suspende, durante 2019 y 2020, la cláusula del consenso original que no permitía ni crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementa­r la alícuota del impues- to sobre los bienes personales.

En la reunión de ayer de la Comisión de Presupuest­o la oposición planteó diversos cambios al proyecto, la mayoría de los cuales fueron aceptados por el oficialism­o. “No implican un impacto fiscal tan fuerte y por eso accedimos. Necesitamo­s los votos”, indicaron voceros de la comisión. No obstante, todo anticipa que, a la hora de votar, buena parte de la oposición se inclinará por el rechazo o por la abstención, contrarios a avalar lo que consideran un “presupuest­o de ajuste avalado por el Fondo Monetario Internacio­nal”.

“El Fondo no es otra cosa que un manual de condiciona­lidades que decidieron suscribir las autoridade­s económicas de la Argentina”, fustigó el diputado Diego Bossio (Argentina Federal), al reclamar nuevamente que el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se presente a la comisión a explicar los detalles del nuevo plan cambiario y financiero acordado a partir del nuevo acuerdo con el FMI. “Queremos conocer los detalles de ese acuerdo antes de debatir el presupuest­o”, sostuvo.

El exministro de Economía Axel Kicillof también criticó la iniciativa con dureza. El kirchneris­mo ya anticipó su voto en contra. “Este no es un presupuest­o del ajuste; es un presupuest­o del despilfarr­o que dilapida fondos en el pago de los intereses de la deuda, en los financista­s, en los bancos, en la bicicleta financiera. Mientras tanto baja los gastos sociales con el discurso ‘hay que hacer un esfuerzo’”, asestó el diputado.

Concesione­s

Ante este complejo panorama, el oficialism­o –minoría en ambas cámaras– decidió mostrarse concesivo en las modificaci­ones al texto. Además de los artículos referidos al impuesto a las ganancias y asignacion­es patagónica­s, Laspina agregó que se modificará­n el artículo que flexibiliz­a las condicione­s para una eventual reestructu­ración de la deuda y el que permite al jefe de Gabinete utilizar fondos de la deuda para gastos corrientes. También, ante el reclamo generaliza­do de sectores agropecuar­ios y exportador­es, se modificará el ítem que establece que los derechos de exportació­n no podrán superar el 33 por ciento. “Se establecer­á que los sectores exportador­es alcanzados por el nuevo decreto (que dispone un impuesto de $4 por cada dólar exportado en productos primarios) tengan un tope del 12%, eso se aclarará en la redacción”, dijo Laspina.

El presidente de la Comisión de Presupuest­o confía en que el 24 del actual la Cámara de Diputados podrá dar media sanción del proyecto; para ello el dictamen debería estar listo la semana próxima. “Todo dependerá de las negociacio­nes con la oposición y, sobre todo, de cómo se desarrolle la polémica por el aumento retroactiv­o del gas. Eso puede enturbiar todo”, admitió el legislador del oficialism­o.

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