Detienen a funcionarios y gremialistas de Moreno por una defraudación
La Justicia desarticuló una red de corrupción, a partir de licencias médicas falsas en el distrito escolar
LA PLATA.– La Justicia del Departamento Judicial de Moreno ordenó la detención de siete sindicalistas, funcionarios municipales y provinciales, que habrían realizado una millonaria estafa al fisco, mediante pagos irregulares a personas que percibían haberes como auxiliares pese a que no realizaban tareas en escuelas públicas.
Se trata de una defraudación por más de $1 millón, en al menos 78 hechos, en perjuicio de la administración pública y por falsificación de documentos, por lo que anoche ya había cuatro detenidos: Liliana Juárez, subsecretaria de Asuntos Legales de la Municipalidad de Moreno; Betiana Atasco, hija de la funcionaria; Gerardo Wensel y Claudia Menis, de la Dirección General de Cultura y Educación de La Plata.
También hay una orden de detención para personal de UPCN que habría participado de las maniobras, al encargarse de llevar los pedidos de licencias falsas. Entre ellas, la titular de este gremio Myriam Juárez, hermana de la detenida funcionaria municipal, que hasta anoche no había sido aprehendida.
Se les imputan los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación en perjuicio del Estado, reiterado en 78 hechos y falsificación de documentos públicos.
La maniobra consistía en pedir licencias médicas de personal auxiliar, sin su conocimiento y mediante certificados apócrifos. Esto generaba vacancias que los ahora detenido cubrían con personas que reclutaban y que los hacían ingresar en el registro de aspirantes del Consejo Escolar de Moreno, donde se los seleccionaba para cubrir las suplencias innecesarias. De este modo, cobraban dinero del Estado provincial.
La investigación comenzó en 2017, con una denuncia de la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, a raíz de la detección de 50 licencias falsas, a través de la falsificación de sellos, firmas e incluso algunos certificados analíticos.
La maniobra advertida por el Consejo Escolar fue ratificada en la Justicia, por directores de varias escuelas públicas.
A partir de las denuncias, se ratificó que las personas propuestas para cubrir las licencias no trabajaban, en realidad, como auxiliares en las escuelas. Los nombramientos falsos propiciados por los funcionarios de Moreno eran llevados a la Dirección General de Cultura y Educación, en La Plata, por personal de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
Una vez iniciada la denuncia judicial, Liliana Juárez, directora general de Seguridad de Moreno, fue denunciada por amenazas. Esta funcionaria habría tramado parte de la asociación ilícita junto a su hermana Myriam, la titular de UPCN del distrito, y los datos fraudulentos eran cargados en complicidad con Gerardo Wenzel, también delegado de UPCN en la Dirección General de Cultura y Educación, con sede en La Plata.
La operación
En concreto, la maniobra era la siguiente: las hermanas Juárez obtenían datos de auxiliares titulares de escuelas, a través del sistema informático de UPCN y del Comando de Prevención Urbana, y mediante la elaboración de certificados falsos solicitaban licencias médicas para esas personas, que eran luego cubiertas por allegados que ellas reclutaban.
Ayer se allanaron nueve domicilios, entre ellos el gremio de UPCN en Moreno, la Secretaría de Asuntos Gremiales de la Municipalidad de Moreno, el Departamento de Contralor de la Dirección General de Cultura y Educación.
Los allanamientos los ordenó la jueza de Garantías Adriana Julián, con intervención del fiscal Federico Soñora, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N° 4.
El sistema educativo de Moreno atraviesa serias dificultades edilicias: hace más de dos meses las clases están discontinuadas en 70 de los 270 establecimientos educativos locales. Las falencias salieron a la luz tras la explosión de la Escuela N° 49 Nicolás Avellaneda, donde murieron la vicedirectora y un auxiliar de la institución.
A raíz de esa contingencia se detectaron serias irregularidades en los edificios educativos de la comunidad: al parecer el municipio no habría invertido en obras escolares los fondos asignados.