La AGN advierte que para auditar a la Corte hace falta su acuerdo
Lamberto dijo que es “raro” que el organismo tenga que resolver las internas del tribunal
El pedido de Elisa Carrió para auditar las cuentas de la Corte Suprema durante la gestión del saliente titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, tendrá que superar varios escollos antes de concretarse. Primero, la Coalición Cívica deberá reunir mayoría en el Congreso en una comisión esquiva pero, además, en la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtieron ayer que solo podrían realizar ese trabajo mientras exista voluntad del alto tribunal para revisar sus cuentas.
Oscar Lamberto, titular de la AGN advirtió ayer a que la nacion ese trabajo podría concretarse si antes existe un acuerdo con la Corte Suprema, que permita acceder a la documentación interna, un convenio que ya estuvo en vigencia pero que se canceló de mutuo acuerdo, allá por 2012.
“No tenemos problema en hacer la auditoría [que pidió Carrió], siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas por la Constitución. Que el Congreso lo agregue al programa de nuestras auditorías y, después, que haya un convenio firmado entre la AGN y la Corte Suprema que permita realizar el trabajo”, explicó Lamberto.
La AGN no suele revisar las cuentas de la Corte. De hecho, el planteo de la Coalición Cívica no está incluido en el plan de auditorías. Sin embargo, por un pedido especial, el organismo de control ya había revisado las cuentas del máximo tribunal en el período 2011-2012.
La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica-CABA) sostuvo en su proyecto que la AGN tiene la obligación de controlar a todos los poderes del Estado. “Tenemos limitaciones institucionales. Si la Corte dice ‘acá no entran’, nosotros no podemos entrar”, replicó, a su vez, Lamberto. Y ejemplificó: “Es lo mismo que ocurre cuando un cliente le pide a un estudio contable que lo audite. Tiene que tocarle la puerta y contratarlo”.
La diputada Oliveto presentó el viernes un proyecto de resolución en el Congreso para que se haga “una auditoría de gestión, presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal” con el fin de elaborar “un dictamen de los estados contables de la Corte Suprema hasta octubre de 2018”.
Después de enumerar más de 20 causales con las que Carrió justificó sus pedidos de juicio político contra Lorenzetti, el proyecto sostiene que el principal motivo para impulsar esta auditoría inédita es que “en estos años al frente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti manejó los recursos económicos y técnicos para beneficio de su proyecto de concentración política y económica”.
El proyecto de la Coalición Cívica ingresará en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, un tribunal esquivo para el bloque liderado por Carrió, ya que no cuenta con ningún legislador que lo represente.
No sería la primera vez que los embates de Carrió contra Lorenzetti se frustran en el Congreso. La diputada inició un pedido de juicio político que nunca fue impulsado por la comisión del Congreso a pesar de contar con mayoría del oficialismo.
Además de enumerar los requerimientos legales, Lamberto cuestionó el proyecto: “Es un poco raro que la AGN tenga que resolver las internas políticas de la Corte Suprema. Para eso está la comisión de juicio político del Congreso. Es inapropiado para la AGN”.
La Corte vivió en la última semana un escándalo durante la transición entre la salida de Lorenzetti y la asunción del nuevo titular, Carlos Rosenkrantz.
El flamante presidente del alto tribunal reclamó públicamente que le habían “vaciado” el Centro de Información Judicial (CIJ) y el expresidente respondió con una batería de acusaciones que incluían la privatización del CIJ, maltratos a empleados y un descargo contra la “asombrosa mediocridad” de los sucesos, entre otras denuncias.