Un clan de pescadores trasladaba droga a través de la red de afluentes del Paraná
Navegaban por arroyos y riachos para eludir los controles de la Prefectura
ROSARIO.– Usaban esa maraña de riachos y arroyos del Paraná que conocen como la palma de su mano, como buenos pescadores que son, para trasladar marihuana y cocaína desde Esquina, Corrientes, hasta el norte de Santa Fe, eludiendo los controles de la Prefectura. Surcaban esa ruta en embarcaciones pequeñas y acopiaban la droga en la zona de islas, de difícil acceso. Luego la llevaban hacia el sur, para la venta al menudeo.
La banda era liderada en Romang, una localidad del norte santafesino, por Elba Pérez, la Nango. Con su expareja Diego Flores, adquiría los cargamentos de marihuana y cocaína para después fraccionarlos y venderlos en otros puntos de la provincia, según la investigación del juez federal Aldo Alurralde, que terminó con el procesamiento de ocho miembros de este clan.
Esquina, ciudad que tiene en la pesca deportiva uno de sus principales ingresos, está a unos 400 kilómetros de Itatí, que hasta marzo de 2017, cuando cayó la megabanda liderada por Federico Marín, alias Morenita –detenido el viernes pasado–, era uno de los puntos de ingreso de la marihuana proveniente de Paraguay, principal productor de Cannabis sativa de Sudamérica.
En la ruta de la marihuana, Esquina sería un punto intermedio. Para cruzar a Romang es necesario conocer los 60 kilómetros de delta que en esa zona se transforman en un laberinto de arroyos, riachos y bañados cuya fisonomía cambia de acuerdo a la altura del río. Quienes más conocen esa geografía rica en surubíes y dorados son los pescadores. Romang es uno de los vértices del triángulo trazado con las ciudades correntinas de Goya y Esquina.
Allanamiento fallido
A partir de noviembre de 2016, la Brigada Operativa Antinarcóticos Nº XIV comenzó a hurgar sobre mensajes telefónicos que señalaban que en Romang funcionaba una banda integrada por familiares de pescadores. Los mensajes “anónimos” apuntaban que Diego Flores transportaba cargamentos de marihuana y cocaína a través del Delta Grande, desde Esquina.
Otra mujer era clave en la banda: Melva Maldonado, que aportaba las embarcaciones. Los viajes los realizaban su hijo, Alejandro Rodríguez, y Diego Flores. El proveedor de la droga era Ramón Pérez, que vivía en Esquina y también fue procesado.
Con la detención de este hombre se desató una polémica que terminó con la apertura de otra causa. En el procesamiento, Alurralde hizo hin- capié en la sospechosa tardanza de la Prefectura en realizar una serie de allanamientos ordenados por el juzgado federal de Reconquista, que mantiene una tensa relación con las autoridades correntinas. Alurralde decidió abrir una causa contra el subjefe de la Prefectura de Esquina.
El juez había ordenado una serie de allanamientos simultáneos, pero la Prefectura demoró el ingreso al domicilio de Pérez, donde “casualmente” no se secuestraron estupefacientes. “Contó con tiempo suficiente como para realizar maniobras de descarte de material estupefaciente que pudiera poseer, pudiendo haber sido anoticiado” de la orden de allanamiento, lo cual “es motivo de investigación”, advirtió Alurralde.
“La investigación se abrió para determinar si se trató de negligencia administrativa, falta de coordinación o connivencia”, indicaron fuentes judiciales.
No es la primera vez que Alurralde y la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, enfrentan tensiones con fuerzas de seguridad en Corrientes. El 21 de diciembre de 2016 un jefe de Drogas Peligrosas y uno de sus subordinados fueron demorados seis horas por la policía correntina en Goya, donde realizaban un allanamiento ordenado por Alurralde que fue desconocido por las autoridades de Corrientes. Y provocó una polémica mayor la irrupción en el operativo del entonces gobernador Ricardo Colombi.