Agroquímicos: crece la polémica en Entre Ríos
Entidades rurales advierten que las restricciones al uso de esos productos reducirían áreas de producción
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, las entidades rurales de Entre Ríos alertaron sobre el impacto que su uso podría tener en la producción del sector.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, sala segunda, de esa provincia, ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos”. Remarcó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”. Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue dictado tras un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú, una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, lo que afectó a las distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios: “Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas”, advirtieron. Eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
Conflicto de intereses
“Estamos convencidos de que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad, pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio”, dijo a la nacion Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: “Es el Estado quien debe controlar que los productores hagan bien las cosas”.
El directivo destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como “nociva para la sociedad”. Agregó que, no obstante, según el fallo “los fines de semana se pueden aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos”.
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que lleguen a un acuerdo. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599, que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque “si se hace lugar al fallo se deja de producir”.
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, el expendio, el almacenamiento, la comercialización, el transporte y la venta del glifosato dentro del ejido municipal. Los distribuidores y productores agrícolas están sin poder trabajar.
La interposición de un amparo (basado en la idea de que se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar) y la negativa posterior de un juez los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que anteriormente había habilitado el producto en cuestión.