Que no triunfe la impunidad
Una oportuna denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires procura que se castigue a los responsables de los recientes actos sediciosos
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires radicó una denuncia penal, firmada por su presidente, Guillermo Lipera, contra los manifestantes que la semana pasada generaron graves incidentes en los alrededores del Congreso para intentar suspender la sesión en la que los diputados trataban el presupuesto 2019 para la administración pública nacional.
El escrito, que cuenta con el patrocinio letrado de Oscar Salvi y Héctor Vidal Albarracín, también solicita que se investiguen los desórdenes provocados en el recinto de la Cámara baja por legisladores opositores, que perseguían el mismo objetivo de los manifestantes, aunque finalmente unos y otros resultaron frustrados, pues el presupuesto obtuvo sanción de la Cámara baja. Una treintena de manifestantes fueron detenidos por las fuerzas del orden.
Como pudo apreciarse claramente en las imágenes de televisión, los desmanes constituyeron una clara reiteración de los producidos en diciembre del año pasado mientras se debatía la reforma previsional.
Como expresamos en esta columna la semana pasada, se trata de grupos de concepciones retrógradas que rechazan someterse a las reglas de la democracia y que procuran imponerse mediante el imperio de la fuerza, provocando disturbios para crear el caos.
La denuncia del Colegio considera que se habría incurrido en el delito de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, que se configura cuando se intenta arrancar a alguno de los poderes públicos alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades. La pena es de 5 a 15 años de prisión.
“La planificada operatoria que nos muestra la utilización de armas propias e impropias, como son las bombas molotov, gomeras y todo tipo de objetos contundentes –sostiene–, estaba destinada a impedir el ejercicio de funciones constitucionales del Poder Legislativo Nacional, en este caso, la Cámara de Diputados”.
También considera la denuncia que se habría incurrido en los delitos de daños agravados por los destrozos a los bienes públicos y privados. Se pide, además, que se investiguen los hechos ocurridos en el interior del recinto, protagonizados por personas ajenas al debate “y también por legisladores en funciones, con la intención de impedir o perturbar el orden de la sesión por la ley del presupuesto”.
En efecto, resultó indignante el papel de algunos diputados. En la calle, hubo legisladores opositores que se pararon delante de un carro hidrante para impedir la actuación de la policía. En el recinto también hubo diputados de la oposición que protagonizaron escenas más propias de matones, pues agredían a los legisladores del oficialismo, siempre con el fin de buscar frenar el debate de una ley clave para el funcionamiento del país. Es decir, procuraban impedir que los diputados oficialistas cumplieran con el mandato de sus votantes. He ahí la gravedad de lo ocurrido.
La reiteración de estos imperdonables episodios requiere la pronta acción judicial que solicita la denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es preciso que los delitos cometidos no queden impunes nuevamente para evitar que estos mecanismos ideados y puestos en práctica por los sectores ultra de la oposición se conviertan en una rutina cada vez que haya que debatir una ley que el Gobierno necesita.
Como sostuvimos en esta columna, la Constitución establece que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Las palabras desmanes y disturbios se quedan cortas para expresar lo ocurrido, que consistió en intentar trabar el funcionamiento de la democracia en el poder que más la representa, el Legislativo.