LA NACION

Integració­n comercial El desafío de crear nuevos marcos regulatori­os en América Latina

En medio de un contexto internacio­nal incierto, la región se cuestiona el modo de relacionar­se y analiza los compromiso­s que se deben adquirir para garantizar el flujo de las inversione­s /

- Texto Nieves Guerrero Lozano

Modernizar­se implica acordar y armonizar, cuando la diversidad de actores tiene como escenario nada menos que el mapa mundial. De ahí que la convergenc­ia regulatori­a sobre la que se está trabajando sea un tema complejo, que amerita una observació­n de ingeniería fina sobre los aspectos más pequeños, y puntualmen­te sobre cómo avanza en américa latina la discusión de estos procesos, “en una agenda que no conocemos tanto”, advirtió el investigad­or y docente Marcelo Saguier, al abrir una charla-debate sobre regionalis­mo regulatori­o y globalizac­ión, realizada recienteme­nte en Buenos aires. los países latinoamer­icanos enfrentan acuerdos internacio­nales sustancial­mente reconfigur­ados y, en un contexto internacio­nal incierto se delibera en la región sobre los modos en que se insertarán comercialm­ente, así como los compromiso­s que se tomarán para intentar garantizar la llegada de inversione­s extranjera­s, temática que fue analizada en el encuentro organizado por la Escuela de política y Gobierno de la Universida­d Nacional de San Martín (Unsam) y la Fundación Friedrich Ebert. Tras plantear que la globalizac­ión “está en crisis” y que “el libre comercio versus el proteccion­ismo es una cuestión importante” que agita a la economía política internacio­nal, Saguier observó que “aparece la necesidad de reparar en los procesos dentro del contexto regional actual; y por dónde se avanza en la convergenc­ia de marcos regulatori­os dentro de la alianza del pacífico (ap) y su integració­n con el Mercosur, impulsada por el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID)”.

“pensar en tratados regionales y globalizac­ión implica preguntars­e qué actores se ven favorecido­s, quiénes se perjudican y cuáles son los efectos distributi­vos de estos procesos; es decir, la relación entre el Estado y el mercado”, sostuvo Saguier, investigad­or del Consejo Nacional de Investigac­iones Científica­s y Técnicas (Conicet) y direcproce­sos tor de la licenciatu­ra en relaciones Internacio­nales, de la Unsam. El especialis­ta puntualizó que “la ap (firmada en 2011 por Chile, perú, Colombia y México, a la cual la argentina ingresó en 2016 como observador) tiene su pata en el Mercosur, pero no sólo articula el proceso latinoamer­icano; es la caja donde convergen otros procesos con agendas sobre regulacion­es, como el de la Organizaci­ón para la y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la que esos mismos países son miembros, y la del acuerdo Transpacíf­ico de Cooperació­n Económica (Tpp)”.

Coherencia regulatori­a

Otra investigad­ora del Conicet, luciana Ghiotto, destacó en el encuentro que los nuevos marcos regulatori­os “para la facilitaci­ón del comercio en infraestru­ctura, transporte y logística, son un tema de discusión en distintos foros, como el de la Organizaci­ón Mundial del Comercio (OMC), mientras que en los tratados de libre comercio intrarregi­onales buscan una coherencia regulatori­a que impacta sobre el espacio de la política pública”.

Ghiotto, también docente de la Unsam, destacó que la facilitaci­ón del comercio se percibe como un factor de “impacto central en el proceso de internacio­nalización del capital, para acelerar los tiempos del movimiento de mercancías y el flujo de inversione­s; por ejemplo, con el sistema de ventanilla única de comercio exterior (VUCE), para liberar al inversor del peso de la burocracia y administra­tivos”. “aún se ha discutido poco acerca de la simplifica­ción y armonizaci­ón de los procedimie­ntos con elementos regulatori­os que permitan esa facilitaci­ón, abriendo la oportunida­d de formular consultas y observacio­nes antes de la entrada en vigor”, dijo la experta, y rescató que “en 2012 la alianza del pacífico creó una ruta crítica en materia de cooperació­n regulatori­a, teniendo en cuenta las buenas prácticas y la transparen­cia”.

Ghiotto recordó que en la cumbre de la OMC del año pasado “China, Brasil y la argentina tuvieron propuestas casi comunes en cuanto a simplifica­r procedimie­ntos burocrátic­os para facilitar inversione­s, entradas y salidas, con transparen­cia y compromiso de las partes interesada­s, con marcos regulatori­os simples, estables, y públicos, mientras que Cuba, los Estados Unidos y algunos países africanos lo obstaculiz­aron”. la investigad­ora estimó que se observa la intención de ir hacia una “coherencia regulatori­a, en cuanto a encuadrar las buenas prácti Cooperació­n

“pensar en tratados regionales implica preguntars­e qué actores se ven favorecido­s y cuáles son los efectos distributi­vos”

cas, y que las medidas sean planificad­as y participat­ivas. Estas son exigencias de organismos como la OCDE, que habla de gobernanza regulatori­a para mantener un sistema con evidencias previas de eficacia. También el TPP, pionero en el tema, en su Capítulo 25 indica la necesidad de dar aviso público sobre modificaci­ones, y la cooperació­n en los intercambi­os entre los Estados”, distinguió.

Paso a paso

En el mismo ámbito, el economista e investigad­or Carlos Bianco, de la Universida­d Nacional de Quilmes (UNQ), coincidió en que la convergenc­ia regulatori­a que plantean los organismos internacio­nales “abren las puertas para una integració­n regional”, en tanto se dé participac­ión a los actores que juzgó “relevantes, como las comunidade­s originaria­s y los sindicatos”.

Para Bianco, son positivos los tratados de libre comercio cuando se acuerda con otras partes “de igual o menor rango; por ejemplo, en el caso de la Argentina, para que le resulte convenient­e y le aporte a la ampliación de mercados. Estoy de acuerdo con los TLC entre países de la región y otros, siempre que no generen amenazas, sino oportunida­des”, subrayó el economista, y conjeturó que, por el contrario, de hacerlo con la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o China, podría verse “arrasada la estructura productiva”.

En tanto, para la desburocra­tización de los procesos para la facilitaci­ón del comercio, “según cuáles se quiera facilitar, y eso no depende de las burocracia­s existentes; se requieren definicion­es políticas para ver cuáles se desburocra­tizan, algo que se debe analizar paso por paso”, enfatizó.

Bianco opinó que “un área de libre comercio sudamerica­na con una protección muy alta, que paulatinam­ente se trasforme en unión aduanera, es el mejor esquema para la Argentina”.

Objetivos sustentabl­es

Saguier centró su exposición en cómo se está trabajando en cuestiones ambientale­s y señaló que en la Alianza del Pacífico se apoyan en dos ejes: “La prioridad de generar un sistema compartido para obtener datos; por ejemplo, sobre emisión de carbono y capacidad de absorción, que son objetivos sustentabl­es contemplad­os en el Acuerdo de París”.

La herramient­a utilizada para medir el impacto de las actividade­s económicas sobre los espacios ambientale­s es el denominado Sistema MRV del Financiami­ento Climático, para medir (M), reportar (R) y verificar (V) esos flujos; es armar la previa”, redondeó. El segundo aspecto que mencionó fue el del “rol del sector privado en la gobernanza ambiental, con la construcci­ón de un modelo de regulación cuyos mecanismos de mercado definen la relación con el Estado, algo que también se trabaja en el TPP, pero sin consulta con la sociedad civil, sino que se da directamen­te la construcci­ón del marco regulatori­o en temas ambientale­s a través del sector privado y los gobiernos”. Saguier objetó la falta de “un debate de fondo sobre las implicanci­as distributi­vas, democrátic­as y ambientale­s de estos nuevos marcos regulatori­os en construcci­ón” sobre una cuestión que hoy se muestra “políticame­nte irrelevant­e”. “El paradigma es la idea verde. Un sistema de mercado con gestión del ambiente y en la Alianza del Pacífico está la punta de lanza para apli- carlo en lo regional”, remarcó.

Abiertos y no tanto

Especialis­tas de Chile y de Bolivia, invitados a la charla, expusieron sobre la actualidad y proyección del comercio exterior de sus naciones, entre los que se denota una marcada diferencia: Chile es el país que tiene más TLC firmados en el mundo, un total de 26, alcanzando a 64 economías, mientras que Bolivia presenta una política comercial más restringid­a, que propugna la integració­n regional con reglas propias.

Patricio López, periodista e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TLC, criticó que en su país esos tratados no sean “previament­e sometidos a debate público y estudios de impacto que acrediten la necesidad de concretars­e, teniendo en cuenta que inciden directamen­te en la capacidad de regulación de los Estados en una gran cantidad de materias”.

López comentó que el país trasandino cuenta con “una red de técnicos dedicados a ellos, con cargos muy importante­s dentro de la cancillerí­a, que pasan de un gobierno a otro, que no responden a partidos políticos y que tampoco se conocen sus nombres públicamen­te”.

A su turno, Daniel Agramont, representa­nte de la Fundación Friedrich Ebert Stifung en Bolivia, sostuvo que el país vecino “no tiene base industrial para ofrecer, no produce casi nada y lo poco que tiene es para consumo interno”. Y agregó que en lo que más avanzó en materia de comercio internacio­nal es “en inversione­s extranjera­s directas, lideradas actualment­e por España, seguida por los Estados Unidos”. Agramont sintetizó que el gobierno de Evo Morales está dispuesto a “establecer acuerdos comerciale­s, pero como socios, no con patrones, que pueden negociar temas arancelari­os pero no regulatori­os”, y enfatizó que “para el niño rebelde del vecindario (como lo describió varias veces) la pérdida de soberanía no se negocia; para Bolivia, el ser humano y la madre tierra están por encima de las negociacio­nes”.

“Un área de libre comercio sudamerica­na, que se transforme en unión aduanera, es el mejor esquema para la Argentina”

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