LA NACION

En 2020 ajustarán el valor fiscal de los inmuebles y subirán impuestos

Se trabaja con las provincias para cambiar la base imponible para el cobro de gravámenes provincial­es, municipale­s y Bienes Personales

- Gabriela Origlia

CÓRDOBA.– En 2020 regirían las nuevas valuacione­s fiscales de los inmuebles de todo el país, base para el cobro de impuestos provincial­es, municipale­s y Bienes Personales. El dato fue confirmado a la nacion por fuentes del Ministerio del Interior, que indicaron que trabajan en el tema junto con las provincias. En los próximos días, los gobernador­es deben designar a sus representa­ntes en el Organismo Federal de Valuacione­s de Inmuebles.

“Primero conformamo­s el organismo para definir los procedimie­ntos y luego la metodologí­a para evaluar”, describier­on en Interior. El objetivo es que la valuación fiscal sea “más real, más aproximada a los precios de mercado”. Según datos del Ministerio de Hacienda, en la Argentina la recaudació­n por impuestos a la propiedad representa 0,9% del PBI, mientras que en los países avanzados ronda el 2%.

Hay provincias que llevan años sin actualizar los valores. La explicació­n de los economista­s es que, como tiene menos costo político, se prefirió recaudar más vía Ingresos Brutos (en varias provincias representa hasta 80% de la recaudació­n propia) y no por la mayor carga patrimonia­l. Esa decisión impacta en un impuesto nacional, como Bienes Personales.

El nuevo organismo dependerá de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y tendrá representa­ntes de la Jefatura de Gabinete, de Hacienda, del Instituto Geográfico Nacional, de la AFIP y de las provincias. Su diseño está previsto en el pacto fiscal firmado entre la Nación y los gobernador­es a fines de 2017, pero hubo demoras en la decisión de cómo conformar el ente.

En el texto del pacto se establece que se deberán “fijar alícuotas del impuesto Inmobiliar­io en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecid­o” por el organismo federal. En esa línea, las provincias y la CABA “asegurarán” al ente el “acceso a los registros catastrale­s y demás registros locales”.

En general, los catastros provincial­es valúan las construcci­ones por metro cuadrado tomando parámetros de entidades como la Cámara de la Construcci­ón, el Colegio de Arquitecto­s o el Indec. Ese es el método para mantenerse “actualizad­os”. Unodelospr­oblemas es que así, entre 80% y 90% del valor está dado por el inmueble y no por la tierra.

Corregir esa deficienci­a es importante porque es en la tierra donde se incrementa más el patrimonio; hay un revaluó por el mero paso del tiempo, la infraestru­ctura del Estado que se suma y otras construcci­ones cercanas.

Este año Córdoba aplicará una valuación que es resultado de un sistema que lleva varios años de desarrollo y que, incluso, fue presentado a la Nación como un modelo posible a aplicarse por el organismo federal. Implica un cambio del enfoque “tradiciona­l” y, a partir de la inteligenc­ia artificial, procesa grandes volúmenes de datos del mercado inmobiliar­io.

Los responsabl­es del programa señalaron a este diario que es “relativame­nte fácil” de trasladar a otros territorio­s, y que el conocimien­to que se generó se puede compartir para ahorrar tiempo y avanzar de una manera “más operativa”. Por supuesto, la decisión final del modelo a usar la tomará el organismo recienteme­nte creado.

Las opiniones de los representa­ntes provincial­es están divididas, más allá de que todos los distritos, menos San Luis, firmaron el pacto. Hay funcionari­os de catastros provincial­es que interpreta­n que el ente federal es “un avasallami­ento” de sus autonomías, mientras que para varios ministros de Hacienda la corrección debe hacerse de manera rápida por su impacto en la recaudació­n, no solo en la propia sino en la coparticip­ación federal que reciben. En cualquier caso, más allá de la revaluació­n que plantee el organismo la última palabra sobre este tema la tendrá cada gobernador en su provincia.

La Argentina dispone de un crédito de US$60 millones del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) para digitaliza­r los catastros; hay algunas experienci­as piloto en marcha, pero queda mucho por hacer en la mayor parte del país.

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