Sobre las dudas de las empresas, Macri impuso su pragmatismo

La complicada realidad económica y social obligó al gobierno de Mauricio Macri a impulsar medidas que buena parte de su electorado –en particular, los empresarios– no hubiera esperado. Por principio, los hombres de negocios suelen rechazar aquellas medidas establecidas desde el Estado que inciden directamente en sus números, a tal punto que al enterarse de la decisión oficial de hacer obligatorio el pago de un bono compensatorio de fin de año algunos incluso analizaron los límites que podrían plantear en términos legales para oponerse.

Al final, en todas las partes primó el pragmatismo: a nadie le convenía la profundización del conflicto, atentos al paro que había convocado la CGT para fin de mes, casi en simultáneo con la reunión de los presidentes del G-20 en Buenos Aires y en un contexto de recesión económica que, ya de por sí, genera algunos temores sobre lo que podría pasar en diciembre. El primer resultado concreto ayer fue el anuncio de la conducción gremial del levantamiento de aquella medida de fuerza.

El ministro Dante Sica debió mediar entre el pedido de compensación de los gremios ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (según algunos cálculos, ronda los 12 puntos) y los riesgos que entraña para no pocas empresas la obligación de pagar una suma fija que, especialmente a las pymes, podría dejarlas con números aún más rojos que los que ya muestran.

En el inicio de esta negociación, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, lo había dicho con todas las letras: el 60% de las empresas (con fuerte presencia de las pymes) no puede hacer frente a esta compensación, y no sería lógico pensar en que se endeuden para hacerlo, en un contexto de enormes costos financieros que deben afrontar. Similar postura expresó la CAME, representante de ese sector, precisamente.

“Si bien el sector empresarial participó de la negociación de esta medida, existen diferentes perspectivas acerca de las posibilidades reales del entramado productivo para afrontar este compromiso, sobre todo en el caso de las pymes y sectores que transitan un contexto adverso”, analizó un informe del Ieral (instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea), difundido precisamente ayer. Según los cálculos que hicieron los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, “la incidencia de un bono de 5000 pesos alcanza al 26% del salario mensual de un trabajador de la construcción, al 9,9% de un bancario y al 14,5% de un camionero”. Sin embargo, destacan que el pago de un monto fijo “resulta un instrumento adecuado para un escenario como el actual”, por el impacto que tendrá en la reactivación del consumo a fin de año y en el inicio de 2019.

Seguramente entre los sectores más complicados para enfrentar el pago se ubiquen las industrias que vienen sufriendo mayores caídas en su actividad, como la textil (-24,6% en septiembre), edición e impresión (-21,6%) y la del plástico (-20,4%). Todos esperan ahora la famosa “letra chica” del decreto.