La seguridad se juega en el ciberespacio

La Asamblea General de las Naciones Unidas, punto de encuentro anual, único y solemne entre los líderes mundiales, fue una oportunidad perdida para incluir como prioridad en la agenda política internacional, de una vez por todas, los retos de la era digital. Es verdad que el secretario general, António Guterres, mencionó la discriminación de las mujeres en el acceso a las nuevas tecnologías y que una de las decenas de resoluciones aprobadas alude a la brecha digital entre países desarrollados y emergentes. Asimismo, no ignoro que, al margen de la sesión plenaria, tuvieron lugar en Nueva York consultas con destacados empresarios y académicos.

Sin embargo, no hubo lo que debería haber existido: un debate entre Estados en el más alto nivel político sobre el tema digital. Si no fuera para concertar acciones, al menos para señalar la prominencia del asunto y apuntar el camino. Todos sabemos que los vientos no soplan a favor del multilateralismo, pero los desafíos planteados por las dinámicas del ciberespacio y de la inteligencia artificial son inevitablemente globales y persistirán mucho más allá de los actuales ciclos electorales. La visión de un político, de un Estado, de una organización también se refleja en la capacidad de adelantarse a su tiempo.

En el caso del digital, se trata de una responsabilidad que recae, ante todo, sobre nosotros, los que creemos en la economía del mercado, en el comercio libre y en el desarrollo sostenible. No podemos esperar que sean los abogados del proteccionismo los que tomen la iniciativa. Diversos expertos en criminología y militares han advertido que la próxima gran crisis internacional no resultará del asesinato de un archiduestá que, tampoco de la nacionalización de un canal marítimo o del lanzamiento de misiles balísticos. Nacerá, sin lugar a duda, en la red cibernética.

De hecho, es hoy evidente que la principal misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –garantizar la seguridad internacional– no puede cumplirse sin una convención global sobre cibercriminalidad. A lo largo de los últimos años se llevaron a cabo algunas experiencias importantes, en particular en Europa, con la llamada Convención de Budapest. Pero el hecho de haber sido firmada en 2001 y de que Rusia y China no formen parte de los signatarios debilita el alcance del documento.

Desde entonces han surgido muchas otras contribuciones –por parte de organizaciones regionales, parlamentos, universidades y grupos de trabajo como el que funcionando en el marco del G20– a nivel de la protección de los datos, de la cooperación policial y de la utilización de armas autónomas. Además de la definición de reglas globales, se ha argumentado que incluso sería necesario crear un tribunal internacional o, como alternativa, un mecanismo de arbitraje, debido al número creciente de acusaciones de ciberataques entre Estados.

Cualquiera que sea el enfoque que se adopte, parece consensual que el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituya el escenario más apropiado para celebrar este debate, para escuchar a los técnicos y los políticos, para tomar decisiones e implementarlas. De dicha deliberación dependerá, en un futuro muy cercano, la convivencia en paz entre los países.