la cámara confirmará los procesamientos en la causa de los cuadernos
justicia. Ratificará las principales decisiones que adoptó el juez Bonadio, pero revisará las calificaciones de los delitos de algunos empresarios
La Cámara Federal se apresta a respaldar la investigación del juez Claudio Bonadio que concluyó que la expresidenta Cristina Kirchner fue la jefa de una banda dedicada a la recaudación ilegal de dinero de manos de empresarios que pagaban sobornos a cambio de seguir beneficiados con contratos con el Estado. Antes de fin de año, el tribunal confirmará los procesamientos dictados por el juez y dejará el caso de los cuadernos de la corrupción listo para su elevación a juicio oral y público, medida que Bonadio podría adoptar en mayo próximo.
No obstante este apoyo general a la investigación, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal harán una “sintonía fina” sobre el caso. Por un lado, moderarán algunas decisiones del juez, cambiarán las calificaciones de algunos delitos y dispondrán algunas libertades. Por el otro, darán solución a los problemas jurídicos centrales que plantea el caso de los cuadernos, como la legalidad de las declaraciones de los arrepentidos, que tienen a la vista la llave de la celda antes de hablar; la falta de registros de esos relatos, y las denuncias de la expresidenta Cristina Kirchner de que se realizó un forum shopping para elegir al juez Bonadio para investigarla.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia –trasladado desde un tribunal oral a esa Cámara– y Pablo Bertuzzi –recién llegado desde otro tribunal oral a ese cuerpo– terminaron esta semana de escuchar los alegatos de los acusados y se aprestan a revisar todo lo que realizó hasta ahora Bonadio.
Eso sí, no pueden cuestionar el modo en el que negociaron el juez y los fiscales las declaraciones de los arrepentidos, por más que a algunos de los investigadores les parece que ciertos imputados, como el financista Ernesto Clarens, obtuvieron el preciado beneficio de la libertad a cambio de datos que parecen escasos, al lado de los secretos que guardan.
En general, la Cámara comparte la idea de que existe una asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner y organizada por el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. La integran los funcionarios procesados que oficiaron de mensajeros en los diversos viajes de recolección de coimas que realizó el chofer de Baratta, Oscar Centeno, que fueron registrados en los cuadernos de la corrupción revelados por la nacion. El fallo implicará además un respaldo a la entidad probatoria de los cuadernos, que la defensa de Cristina Kirchner llama “fotocopias” para descalificarlos.
Los exfuncionarios procesados son además José López, bajo el sistema de protección de testigos e imputados; Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia y quien encabezó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los últimos tiempos del kirchnerismo; Rafael Llorens; José María Olazagasti; Walter Fagyas; Jorge Mayoral; Germán Nivello; Hernán Gómez; Fabián García Ramón, y Nelson Lazarte. Algunos de ellos además de asociación ilícita enfrentan cargos por cohecho, es decir, por haber cobrado coimas o por dádivas, haber recibido dinero, en su condición de funcionarios sin que quede claro cuál fue la contraprestación.
Estos extremos serían confirmados por la Cámara Federal, pero los exfuncionarios de menor jerarquía que están presos, y que solo oficiaron de mensajeros, podrían recuperar la libertad, dijeron fuentes judiciales a la nacion.
Bonadio entendió que todos los empresarios que pagaron eran integrantes de la asociación ilícita y por eso los procesó, junto con el exjuez Norberto Oyarbide y el actual auditor Javier Fernández, entre otros.
Ahora la Cámara Federal haría una distinción entre los empresarios y los separaría en dos grupos para dejarlos dentro y fuera de la asociación ilícita. En uno de ellos estarían dentro de la banda los que parecen formar parte del mecanismo de recaudación, como lo admitieron Carlos Wagner –expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y organizador de la cartelización– y Ernesto Clarens, financista cercano al gobierno, que cobraba en su nombre, según su confesión.
No está claro el criterio que aplicará finalmente el tribunal para el corte con el otro grupo, si dejará fuera de la asociación ilícita a los que hicieron pagos puntuales o también a los que habitualmente pagaban sobornos como parte de una práctica habitual y permanente para asegurarse la continuidad de sus contratos o concesiones.
De todos modos seguirán enfrentando la calificación de cohecho, no dádivas, como tienen algunos hasta ahora, sino sobornos. No prosperarían las estrategias de las defensas de colocar a sus clientes como empresarios obligados a pagar, coaccionados por el kirchnerismo para seguir haciendo negocios.
Están en este segundo gran grupo, esperanzados con quedar fuera de la asociación ilícita, los empresarios y ejecutivos Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra –primo del presidente Mauricio Macri–, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Juan Chediack, Sergio Taselli, Enrique Menotti Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, Claudio Javier Glazman (de Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Francisco Valenti y Hugo Antranik Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, de Corporación América, entre otros.
Las calificaciones legales son la principal preocupación de los defensores, porque con la asociación ilícita sus clientes es exponen a un castigo severo que puede llegar a los 10 años de prisión.
Los otros problemas jurídicos que tiene en sus manos la Cámara Federal para resolver son los siguientes: Forum shopping: Cristina Kirchner y Oscar Parrilli señalaron que el
fiscal Carlos Stornelli, cuando recibió la información sobre el contenido de los cuadernos de Centeno, debió haber sorteado el asunto entre sus colegas y no quedárselo como parte de la causa del gas natural licuado que investigaba. La expresidenta dijo que de este modo pudo elegir que sea Bonadio el juez del caso, con quien ya investigaba el asunto del gas. Pero los camaristas ya tienen dicho que el caso es conexo con el de gas licuado, cuestión que también pareció respaldar la Cámara de Casación, al quedar la causa radicada en la Sala I, la misma que entiende en ese caso, con lo que el cuestionamiento del abogado Carlos Beraldi de la expresidenta no prosperará. Arrepentidos: las defensas cuestionaron ● la constitucionalidad de esta figura, pero los camaristas la convalidarán, así como la validez de los acuerdos realizados con el fiscal y luego convalidados con Bonadio. Las defensas hablan de declaraciones tomadas bajo presión, pero la Cámara no comparte esta idea. Declaraciones: la defensa de la expresidenta ● cuestionó que no existan registros de las declaraciones de los arrepentidos, pues la ley indica que esas audiencias deben haber sido registradas por un “medio técnico idóneo”. Pero la Cámara entendería que basta con la declaración del imputado, con su defensor, validada por la presencia del secretario. No obstante, esa declaración es pasible de ser reproducida.
La asociación ilícita: Cristina Kirchner ● se quejó en la causa y en el Senado de que no puede estar siendo procesada al mismo tiempo por ser jefa de cuatro asociaciones ilícitas: en el caso de los cuadernos, en el de Vialidad, en Hotesur y en Los Sauces. Pero para los camaristas, como ya lo dijeron al entender en alguno de estos expedientes y como lo señaló el juez Julián Ercolini, se trata de una sola asociación ilícita y lo demás son diversos delitos cometidos por la misma organización que muta de integrantes pero no de gobierno. Los hechos son inmutables, lo que permite cambiarse es la calificación y con esta explicación los camaristas rebatirían el argumento de la defensa.
Un problema que la Cámara resolverá primero es si las declaraciones de los arrepentidos pueden usarse en todas las causas de corrupción o solo en el caso en el que fueron prestadas. No hay consenso aún entre los jueces si serán amplios o restrictivos en el modo en que se puede utilizar esta prueba, pues una confesión en una causa puede ir en contra de las garantías del imputado en la otra.