Las millonarias obras que ganaron las firmas investigadas
Según la OA, se quedaron con licitaciones por $100.000 millones y US$4300 millones
Sentados frente al juez federal Claudio Bonadio, casi todos los empresarios repitieron la misma defensa. Afirmaron que no quisieron pagar sobornos a funcionarios kirchneristas ni aportar a sus campañas. Se victimizaron y adujeron que el equipo de Julio De Vido los acorraló. Y que fue pagar o quebrar. Ahora, sin embargo, un relevamiento de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre más de 760 contratos de obra pública federal desmorona esa coartada.
La OA detectó que las empresas que integran los cuadernos de la corrupción ganaron contratos por más de $110.000 millones y US$4300 millones durante el kirchnerismo, y que un porcentaje elevadísimo de esas compañías reincidieron en los negocios con el Estado nacional, según consta en la copia de ese relevamiento al que accedió la nacion. Es decir, que en vez de alejarse de los funcionarios que ahora dicen que los apretaban, muchas empresas acumularon hasta 50 o más contratos, solas o en uniones transitorias de empresas (UTE).
La OA ya entregó a Bonadio ese informe preliminar con sus primeras conclusiones, basado en la revisión de 766 contratos con el Estado de empresas próximas al anterior gobierno, pero también al actual. Así, figuran desde Austral Construcciones –de Lázaro Báez– hasta Electroingeniería y JCR –de la familia Relats, que alquiló el hotel Los Sauces de los Kirchner en El Calafate–, y de Iecsa y Creaurban –lideradas por Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri–, a Caputo Sacif, la constructora de la familia de Nicolás Caputo.
Pero el relevamiento va más lejos. También expuso los beneficios que cosecharon los empresarios que se erigieron en líderes de sus respectivos sectores durante la década anterior. Entre ellos, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, así como grandes constructoras como Rovella Carranza, Panedile y Petersen Thiele y Cruz (de la familia Eskenazi).
El informe del organismo que lidera Laura Alonso fortalece, en la práctica, la posición que expresó Bonadio cuando a mediados de septiembre pasado procesó a una larga lista de empresarios, a los que caracterizó en términos contundentes. “Por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”, remarcó el juez.
Los empresarios que ya integran esa lista, en tanto, centran ahora sus esperanzas en los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (ver aparte).
Pinzas entre la OA y la AFIP
El relevamiento que desarrolló la OA a pedido de Bonadio se combina en la práctica con los datos que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
A mediados de octubre alertó que cerca de 30 involucrados en la investigación –o sus familiares directos– ingresaron al blanqueo de capitales que el actual gobierno promovió en 2016.
La AFIP también informó que al menos cinco compañías involucradas en los cuadernos de la corrupción –como Electroingeniería, Iecsa y Roggio– se beneficiaron con una refinanciación de deudas similar a la que obtuvo el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, hoy detenidos.
Por si fuera poco, el organismo tributario también le informó a Bonadio que varios de los acusados tenían cuentas bancarias en el exterior; muchas de ellas sin declarar al fisco, aunque sus nombres permanecen bajo llave en tribunales.
La presentación de la OA comenzó a tomar forma el 5 de septiembre, cuando presentó un escrito en la causa con coincidencias temporales entre pagos efectuadas por el Gobierno kirchnerista por los avances de la firma BTU –del detenido Carlos Mundin– en diversas obras públicas y entregas de dinero registradas en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno.
En ese mismo escrito, la Oficina requirió ser aceptada como querellante en la pesquisa: “Toda la trama de abusos de autoridad, connivencia, acuerdos espurios, vinculaciones con empresas beneficiarias de contratos públicos que daban dinero ilegal a exfuncionarios son elementos que ameritan la legitimación de la OA”.
Ahora, su relevamiento también incluye varios contratos de obra pública que ya se encuentran bajo investigación en otros expedientes judiciales. Entre ellos, los de Odebrecht para construir una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas junto a Roggio, Cartellone y Supercemento, o para soterrar el tren Sarmiento en UTE con Iecsa, Ghella y Comsa.
Apoyado en datos de los ministerios de Transporte, Energía, y del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la OA debe ahora completar un segundo informe. El juez Bonadio le requirió que analice las obras públicas que se financiaron con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).