Las diferencias entre los fiscales y el juez de la causa
Stornelli y Rívolo marcaron disidencias con Bonadio; algunas las resolverá la Cámara
A tres meses del estallido de la causa que salió a la luz con la detención de una quincena de empresarios y exfuncionarios por la trama de recaudación de dinero negro, quienes llevaron adelante la investigación judicial tienen distintas miradas sobre algunos hechos. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo discrepan con las calificaciones de los delitos que consideró el juez Claudio Bonadio al dictar los procesamientos.
Pidieron ser más severos con algunos actores involucrados en la causa y también procesar a algunos personajes que fueron excluidos. También discrepan con la decisión de Bonadio de no compartir las declaraciones de quienes declararon como “arrepentidos” con otros juzgados que tienen a aquellos personajes involucrados en otras causas. Sus diferencias las deberá resolver, junto con otras cuestiones, la Sala I de la Cámara Federal. Luego, Bonadio buscará elevar el primer tramo de la causa a juicio oral antes de mayo.
En el caso de Cristina Kirchner, a quien Bonadio procesó como jefa de una asociación ilícita, por dádivas y por cohecho pasivo, Stornelli especifica que el delito de cohecho pasivo fue cometido 913 veces por la expresidenta. “Ello resulta de la sumatoria de la totalidad de los hechos en los que tomó parte junto con Roberto Baratta, quien reviste idéntico rol en la organización criminal”. A diferencia de Bonadio, Stornelli toma cada pago como un hecho particular.
El caso del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina es otro de los puntos de disenso. Los fiscales pidieron, por ejemplo, que Abal Medina y su exsecretario, Hugo Martín Larraburu –a quien Centeno se refería en sus anotaciones como “Martín de Presidencia”–, sean procesados como miembros de la asociación ilícita y también por cohecho pasivo.
En el juzgado de Bonadio aún no consideran que existan suficientes elementos para procesar a Abal Medina y a Larraburu. Sin embargo, el exjefe de Gabinete había admitido en su indagatoria haber sido contactado por Roberto Baratta para coordinar la entrega de fondos y recibir dinero de los empresarios. Abal Medina dijo que desconocía que se trataba de dinero de origen ilícito. En la apelación de los procesamientos, Stornelli hizo referencia a esa declaración de Abal Medina, dijo que suena “inverosímil” que no tuviera conocimiento del origen del dinero y detalló en un cuadro cuántos pagos habría recibido el exjefe de Gabinete; se refirió a que fueron 28 hechos.
Los fiscales, además, sostuvieron que Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López y Gerardo Ferreyra, a quienes Bonadio procesó por integrar la asociación ilícita en calidad de “miembros”, deberían haber sido procesados en calidad de organizadores, acusación que solo tienen Julio De Vido y Roberto Baratta.
También reclamaron que sean procesados los empresarios Jorge Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta, a quienes Bonadio les dictó la falta de mérito.
Pero además de haber apelado el fallo de los procesamientos para refutar estas calificaciones legales, Stornelli y Rívolo hicieron clara su posición respecto de que el magistrado comparta con otros juzgados las declaraciones de quienes declararon como arrepentidos en la causa. El argumento del juez para no entregar el material a otros magistrados fue que las declaraciones no pueden ser usadas como pruebas de cargo contra el propio imputado, porque de ese modo se lo obligaría a declarar contra sí mismo. Para los fiscales, el argumento de Bonadio “carece de debida argumentación” y sin compartir la información se obstaculizan las demás investigaciones.
La decisión de Bonadio también fue apelada por la Oficina Anticorrupción (OA). Los fiscales expresaron, mediante una primera apelación, que Bonadio incurrió en una “arbitrariedad manifiesta” al negar este pedido a otros juzgados. Esta semana presentaron un nuevo recurso de queja ante la Cámara, para que revoque el criterio de Bonadio.
Con respecto al “tramo camporista” de la causa, en el que se investiga a Máximo Kirchner y a dirigentes de La Cámpora por el dinero que supuestamente recibían del Ministerio de Planificación para financiar a la agrupación, Bonadio decidió apartarse. Este capítulo fue sorteado y recayó en el juzgado de Sergio Torres. Fuentes judiciales dijeron a la nacion que la citación a indagatoria de Máximo, quien fue comprometido por José López, también fue un punto de diferencia entre el fiscal y el magistrado, quien tomó la decisión de citarlo a declarar.