Fondo previsional, entre el FMI y el debate que viene

El saldo equivale a la mitad del presupuesto y desde 2019 se usarían recursos; su existencia y su misión, bajo la lupa

el saldo equivale casi a la mitad del presupuesto y desde 2019 se usaría parte de los recursos

A más de 11 años de su creación por decreto y a poco tiempo de cumplirse una década desde que recibió todos los ahorros que se habían acumulado antes en el eliminado sistema previsional de capitalización, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses mostró un saldo en pesos, al 30 de septiembre pasado, que equivale a casi la mitad del presupuesto total de la administración pública nacional para 2019. Y estos son tiempos en los que la manera en la que el Estado considera en sus cuentas esos recursos (valuados, al término del tercer trimestre, en algo más de $1,67 billones), quedó bajo la lupa: el tema fue incluido en el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilita a contabilizar fondos de este origen como ingresos, hasta un tope del 0,4% del PBI, para registrar una reducción del déficit fiscal.

Más allá de cómo se aplique concretamente lo pactado, vale la pregunta respecto del sentido último de que el sistema tenga esos recursos acumulados e invertidos de la forma en que están invertidos. ¿Cuál es la función según la ley y cuál es la función que podría asumir un fondo de reserva en un esquema de reparto?

“Con el fondo existe el mito del ‘estanque de los pececitos de colores’: todos hablan de él y nadie quiere que se toque y, a su vez, es inasequible saber de qué se trata para muchos de quienes opinan”, dice el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.

Es común la expresión “el fondo de los jubilados”, pero lo cierto es que los pasivos no recibieron nada de allí y que los pagos del sistema no se ven afectados por cómo le va al FGS, ni dependen de esa fuente de pesos que están colocados, en poco más de un 60%, en deuda pública.

Los otros tres principales activos son acciones (14,2%); acreencias por financiar proyectos productivos, (7,2%), y préstamos a jubilados y beneficiarios de la AUH, a tasas de entre 44 y 48% anual (5,1%).

Desde hace poco más de tres meses y tras la renuncia de Juan Monge Varela, el FGS no tiene autoridades designadas. En la Anses señalan que se están siguiendo los pasos para un nombramiento, y aseguran, además, que hasta ahora, no fueron utilizados recursos del fondo (fueron sí, en todo caso, reinvertidos, algo que pasó, por ejemplo, cuando se hizo en 2017 la venta de acciones de Petrobras que derivó en una causa judicial, ahora en la etapa de indagatorias).

¿Podría ocurrir eso, que se gasten recursos? Más allá de que en la normativa inicial tal posibilidad se dispuso para ciertas situaciones de déficit del sistema, la ley de reparación histórica previó el uso de fondos provenientes de la rentabilidad, primero, y de la venta de activos, después, para pagar compromisos del propio plan. Ello, una vez agotado el dinero recaudado por el blanqueo fiscal de 2016. Según fuentes oficiales, en enero ingresarán al FGS unos $100.000 millones que fueron recaudados por la imposición a quienes blanquearon y que aún no se utilizaron. “Vamos a incorporar eso y se usará para la reparación”, dijo a la

una fuente oficial. nacion La proyección es que hacia fines de 2019 y en 2020 y 2021 sí se usará algo de lo que está en el saldo actual del fondo. La traba podría estar en alguna novedad judicial adversa, por una causa que cuestiona la habilitación de pagos de la reparación histórica con recursos del FGS.

¿Qué pasaría si se usara dinero y cayera el saldo, más allá de la sensibilidad que puede tener la venta de activos como acciones empresarias, por sus efectos en el mercado? En la pregunta está implicada la cuestión del “para qué sirve” el fondo y, en todo caso, cuánto se necesita para su eventual misión. Una década atrás no existió un debate sobre el tema.

“Hoy el fondo no tiene sentido más allá de lo meramente simbólico”, opina el economista Eduardo Levy Yeyati, quien sostiene que las obligaciones del Estado que están en el FGS (que habían comprado las AFJP) “deberían netearse”, porque esos títulos “engordan artificialmente el cociente de deuda pública”.

Para Semino, dado que la naturaleza jurídica del FGS es paliar la crisis del sistema, hoy podría usarse para compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados, frente a una inflación que supera las alzas por movilidad. “Con una pérdida de alrededor de 20 puntos del poder de compra proyectada para fin de año”, el defensor considera que valdría aplicar recursos para “preservar la cuantía de los ingresos”.

oscar Cetrángolo, economista, profesor e investigador en la UBA y en el Conicet, dice que un fondo creado bajo la concepción de ser anticíclico podría servir, justamente, para compensar las pérdidas de poder de compra de las jubilaciones en momentos como el actual. Y el fondo se recuperaría tras revertirse la situación. Dado el mecanismo actual, se prevé que, cuando la inflación tienda a la baja, los jubilados recuperarán poder adquisitivo, recibiendo subas nominales que serán mayores al alza de precios del trimestre inmediato anterior a la aplicación del ajuste (la movilidad se otorga con un rezago de seis meses respecto del comportamiento de los precios).

El economista aclara, de todas formas, que un fondo anticíclico no tendría por qué tener la magnitud del FGS actual. Y coincide en que no tiene sentido mantener allí deuda pública, “cuando es el propio Estado el responsable de los pagos del sistema”. Un esquema de reparto “no depende de cómo le vaya al mercado de capitales”, explica, sino de factores como la recaudación de los recursos. Lo enunciado en el acuerdo con el FMI, explica, es que al estatizarse en 2008 todos los recursos, el sector público no registró como ingreso lo que habían acumulado los afiliados a las AFJP, con los cuales sí asumió compromisos de pago.

“La garantía de cumplimiento de esos compromisos –analiza Rafael Rofman, especialista en temas de protección social del Banco Mundial– no depende de un fondo que administre la Anses, sino de la existencia de una legislación sobre el cálculo de las prestaciones y sobre la movilidad, y de la capacidad del Estado de recaudar lo necesario”. Por lo pronto, y pese a que el propio Gobierno se lo autoimpuso en 2016, no habrá debate por una reforma integral del régimen jubilatorio.