Equilibrio difícil para enderezar la economía
El gobierno de Macri tiene por delante opciones políticas complicadas para evitar que el plan supervisado por el FMI trastabille durante 2019
La única certeza para el gobierno de Mauricio Macri es que los cuantiosos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (Us$ 36.000 millones de aquí a fin del año próximo), son una suerte de arnés que le evitará caer en problemas de pagos externos y en una nueva espiral dólarprecios a lo largo del recorrido hasta las elecciones presidenciales de octubre de 2019.
Para mantener este reaseguro, la contrapartida es cumplir simultáneamente con las estrictas metas (fiscales, monetarias, cambiarias y de reservas) incluidas en el plan de emergencia monitoreado paso a paso por el organismo y que no deja margen para políticas expansivas. A menos que se considere razonablemente como una de ellas bajar la inflación en más de 20 puntos porcentuales para retrotraerla a los niveles de 2017 (25% anual).
La configuración de este ajuste con fórceps, esquivado por dos años de gradualismo financiado con fuerte endeudamiento externo, se basa en la ausencia de una mejor alternativa a la vista para enfrentar la crisis cambiaria que hasta fin de septiembre dejó tambaleando a la Casa rosada. La incógnita es ahora el costo económico y político de llevarlo adelante.
Por lo pronto, el trayecto para enderezar la economía y evitar que trastabille ya lo obliga a buscar un difícil equilibrio entre típicas variables contrapuestas: precios-salarios; tasas-dólar; consumo-exportaciones y gasto público-recaudación tributaria. En este último caso, una vez que entre en vigencia el Presupuesto Nacional 2019 con déficit primario cero (sin intereses de la deuda) que el senado convertiría en ley esta semana, aunque con algunas perforaciones sin obturar negociadas a último momento. En los demás, detrás de cada certeza también hay interrogantes con respuestas múltiples.
La necesidad de desactivar el paro anunciado por la CGT para la misma semana de la Cumbre de líderes del G20, aceleró la decisión política de negociar con sindicatos y entidades empresarias el refuerzo salarial de $5000 (dividido por mitades entre noviembre y enero), sin demasiada evaluación de beneficios y costos. De hecho, aun sin la amenaza del paro, el bono estaba en carpeta para inyectar “anabólicos” al declinante consumo interno. según un cálculo del diario El Cronista Comercial, junto con el medio aguinaldo de diciembre equivaldría a unos $160.000 millones (1,5% del PBI). También evita una reapertura de paritarias, forzada por la caída real de 5 a 10% en el poder adquisitivo de los salarios. En los primeros ocho meses de este año –último dato del Indec-, el salario registrado habían subido 16,7% y el no registrado apenas 9%, frente al incremento de 24,1% del IPC en el mismo lapso.
Pero por el mecanismo adoptado, el decreto que se publicará esta semana en el Boletín oficial no asegura una menor conflictividad en los próximos meses. Por un lado, establece que el bono tendrá carácter no remunerativo (sin cargas patronales) para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Como se trata de un conjunto demasiado heterogéneo, coloca en la misma bolsa a empresas de todo tamaño o sector y no todas están en condiciones de abonar esa asignación; sobre todo con menores ventas y mayores tasas de interés e impuestos. Para “actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva” (sic), el decreto permite una adecuación de plazos y montos. Por otro lado, en los convenios colectivos de 2018 que ya pactaron revisiones, las partes podrán negociar que la suma total de la asignación compense ajustes salariales ya otorgados (salvo que se acuerde expresamente su no absorción) o se compute a cuenta de futuros aumentos. En ambos casos, pasará a tener carácter remunerativo. Hace tres meses, otro decreto había dispuesto no homologar convenios que incluyeran aumentos no remunerativos.
Este último punto plantea otro problema para las empresas: si el bono se incluye en los salarios de convenio, aumenta el costo laboral e impacta sobre otros adicionales. Y en caso contrario queda en una zona gris, todo lo cual empeora las perspectivas de empleo.
En cuanto a despidos sin causa hasta el 31 de marzo (con excepción de la construcción), el decreto dispone una intervención más bien cosmética: los empleadores deberán comunicarlos con no menos de 10 días hábiles de anticipación a fin de celebrar audiencias “para considerar las condiciones de la futura extinción”. Peor hubiera sido la prohibición que reclamaba la CGT.
Los trabajadores del sector público de todas las jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y todas las modalidades (planta permanente, contratados) quedan excluidos del bono salarial. se supone que para poder cerrar las cuentas fiscales de este año y arrancar con una nueva paritaria en 2019.
No obstante, tanto en el sector público como en el privado, la incógnita es cómo negociar salarios a base de la inflación prevista en el acuerdo con el FMI (25% de diciembre a diciembre), sin compensar más que parcialmente el deterioro de 2018. Aquí reaparece la amenaza de conflictividad. La excepción son los sindicatos que acaban de acordar aumentos superiores a 40% (bancarios, camioneros, judiciales, plásticos) y perciben los sueldos más altos. El paro extorsivo de los gremios de Aerolíneas –antes de negociar una nueva paritaria– le hizo un favor a la Casa rosada al poner sobre la mesa sus cláusulas de privilegio, a costa de tomar como rehenes a más de 30.000 pasajeros. Nadie en el PJ cuestionó esta medida de fuerza. Así se diluye la posibilidad de reglamentar en algún momento las huelgas sorpresivas en servicios públicos esenciales, dispuesta por una ley de 2006 virtualmente congelada desde entonces.
En medio de todas estas negociaciones, quedó en el olvido la desactualización del salario mínimo vital, que hoy alcanza a $10.600 mensuales (equivalentes a 292 dólares).
Más previsor fue el Banco Central, que el viernes dispuso aplicar encajes decrecientes (de 23% a 30 días; 17% hasta 59; 5% a seis meses y cero a un año) para inmovilizar parte de las líneas financieras de corto plazo en dólares que los bancos venían ingresando para vender en el mercado y reinvertir los pesos en Leliq a tasas cercanas a 70% anual. La típica “bicicleta” (carry trade en la jerga) alimentó la oferta de divisas y contribuyó a que el peso se apreciara 12% desde que el BCrA puso en marcha en octubre la política de expansión cero de la base monetaria (con el consiguiente salto de tasas) y la banda cambiaria móvil dentro de la cual dejó de intervenir hasta ahora.
según cálculos del Estudio Broda, en octubre los depósitos a plazo fijo aumentaron 16.3% (en $128.200 millones) y la demanda de dólares para atesoramiento se habría reducido a Us$800 millones (frente al promedio de Us$3071 millones mensuales entre enero y septiembre, cuando comenzó a caer). La contrapartida es que el tipo de cambio real multilateral bajó 16% desde fin de septiembre, se ubica en un nivel similar al promedio de los últimos 30 años y puede comprometer la corrección del déficit externo.
Esta situación crea otro dilema. si bien el dólar está cerca de perforar el piso de la banda, el BCrA no está obligado a comprar; si lo hace, las divisas deben destinarse a aumentar las reservas y los pesos emitidos a cambio no pueden ser esterilizados, con lo cual debería bajar la tasa de Leliq. El compromiso con el Fondo es mantenerla en 60% anual hasta fin de año. Una reducción de tasas de interés en los primeros meses de 2019, a medida en que baje la expectativa de inflación mensual, sería necesaria para estimular la actividad económica. Pero la incertidumbre electoral le pone más adelante un piso, ya que en la previa de cada elección aumenta la demanda de dólares para cubrirse. Los números de Broda indican que en el tercer trimestre de 2011 llegó a Us$2800 millones mensuales; en 2015 (con cepo) a Us$800 millones y en el de 2017 a Us$2618 millones. En este delicado equilibrio, el desaliento al carry trade bancario puede ser un primer paso para evitar males mayores.
Aun sin la amenaza del paro, el bono estaba en carpeta para inyectar “anabólicos” al alicaído consumo interno