Las contradicciones del Salón Oval con el periodismo, cada vez más al desnudo
El miércoles pasado, en una audiencia ante un tribunal federal, el abogado de la CNN, Theodore Boutrous, argumentó que el gobierno norteamericano no había cumplido con el debido proceso cuando le revocó a Jim Acosta su acreditación como corresponsal de esa cadena de noticias ante la Casa Blanca. “No hubo proceso alguno”, dijo Boutrous.
Dos días después, la CNN ganó la disputa, cuando el juez del distrito federal Timothy Kelly falló en favor de la cadena y le concedió una medida cautelar que le restituye a Acosta su preciada acreditación. En los razonamientos del fallo, el juez resaltó las inconsistencias del procedimiento de la Casa Blanca, y criticó el argumento del gobierno de que los insultos de Trump hacia Acosta durante la conferencia de prensa –el presidente lo tildó de “maleducado”– eran parte del “debido proceso”.
De modo que el viernes Acosta recuperó su pase y volvió a trabajar. Pero mientras Acosta reingresaba en el predio de la Casa Blanca, el gobierno se preparaba para dar el siguiente paso del “debido proceso”, por así decirlo. Ese mismo día, le envió una carta al periodista para informarle de su “decisión preliminar” de revocarle su acreditación debido a su “conducta” durante la conferencia de prensa del 7 de noviembre. Si deseaba apelar esta decisión, señala una carta firmada por el vicejefe de comunicaciones de la Casa Blanca, Bill Shine, y por la secretaria de prensa, Sarah Sanders, debía enviar “una respuesta escrita por mail antes de las 17 horas del domingo 18 de noviembre de 2018”.
¿Así que querías debido proceso? ¡Acá tenés tu debido proceso! Ese es el mensaje que como una cachetada le envió la Casa Blanca.
La “decisión preliminar” tiene la misma lógica aplicada anteriormente por la Casa Blanca respecto de la acreditación de Acosta. “Como saben –argumentó Sanders en una declaración–, la Casa Blanca no tiene un reglamento escrito sobre la conducta de los periodistas que participan de las conferencias de prensa. Eso se debe a que anteriormente había un amplio consenso de que un periodista invitado a hacer una pregunta haría una sola pregunta y que al recibir respuesta cedería la palabra, salvo habilitación expresa y discrecional del presidente o del funcionario de la Casa Blanca…”
El 8 de noviembre, Sanders tuiteó: “El presidente Trump cree en la libertad de prensa y espera y celebra las preguntas duras hacia él o su administración. Sin embargo, nunca toleraremos que un periodista le ponga las manos encima a una joven que solo intenta hacer su trabajo como pasante en la Casa Blanca…” Más tarde, la Casa Blanca abandonó el argumento de “poner la mano encima”. Cuando la CNN presentó su demanda, Sanders dijo: “La Casa Blanca no puede manejar una conferencia de prensa ordenada y ecuánime cuando hay un periodista que actúa de ese modo, que no es ni apropiado ni profesional. La Primera Enmienda no se está cumpliendo cuando entre 150 periodistas presentes hay uno que monopoliza la palabra”.
Los abogados de Acosta contraatacaron señalando que la “aplicación retroactiva de estándares confusos e inarticulados para el acceso de periodistas” difiere de las explicaciones originales, y que por eso el tribunal emitió la medida cautelar contra la decisión del gobierno.
Tal vez la Casa Blanca se envalentonó por lo que el fallo de Kelly no decía: al final de sus argumentos, el juez se cuidó de aclarar que no estaba fallando sobre lo concerniente a la Primera Enmienda.
Tal vez con eso alcanzó para que la Casa Blanca se sintiera alentada a seguir presionando con su campaña contra uno de los muchos periodistas que irritan al gobierno norteamericano. Como sea, el viernes Trump se enfrentó a una encrucijada: podía alejarse de la controversia con un acuerdo que pasaría inadvertido entre otras noticias o podía seguir impulsando una causa vergonzante que lo potenciara como gran adversario de la prensa. Que haya elegido esta última opción demuestra que Trump necesita a Acosta tanto como que sus mensajes sean retuiteados.