Caso Ciccone: inminente definición sobre Insfrán, Echegaray y Brito

El juez Lijo resolverá en breve la situación procesal; los complican las medidas de prueba y la confesión de Vandenbroele

“Yo no creo en la figura del arrepentido”, dijo, al recibirlo, el fiscal Jorge Di Lello. Pero Alejandro Vandenbroele ya estaba lanzado. Confesó durante nueve horas. Detalló los roles del exvicepresidente Amado Boudou, del gobernador de Formosa Gildo Insfrán, del banquero Jorge Brito y del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, en un entramado que lo tuvo a él como engranaje operacional. Y ahora, un año después de aquella confesión, se avecinan definiciones, según reconstruyó la nacion.

El juez federal Ariel Lijo resolverá la situación procesal de todos los acusados en los dos grandes ejes del “entramado Boudou” que continúan abiertos.

El primero trata sobre la ruta del dinero que financió la resurrección de Ciccone Calcográfica y la actuación de la AFIP, que pasó de promover su quiebra a liderar su rescate. El segundo, la refinanciación de la deuda que Boudou selló con Formosa y que incluyó millones de pesos a The Old Fund.

Lijo puede procesar o sobreseer a los acusados o dejarlos en la posición intermedia de “falta de mérito” para inclinarse por una u otra posición. Pero el desarrollo de la pesquisa parece complicar a los señalados por Vandenbroele. En particular, porque las medidas de prueba adoptadas desde su confesión confirmaron sus dichos.

Vandenbroele afirmó que Brito fue el motor financiero del caso Ciccone y proveyó los US$620.000 para sostener a The Old Fund desde Uruguay. “Dusbel es la herramienta societaria para el ingreso de Brito”, remarcó el arrepentido, quien luego señaló a un colaborador del banquero Francisco Sguera, como el encargado de pagarle una suma mensual a cambio del silencio.

“Respecto de mis funciones en Ciccone, yo hacía el fronting. Daba la cara, porque Brito no podía”, confesó Vandenbroele. “Yo respondía al Grupo Macro, los sueldos los pagaba el grupo”, reafirmó.

Tras escuchar la confesión, el fiscal Di Lello decidió dar otro paso. Planteó que Brito y Sguera podían “obstaculizar la presente investigación” si continuaban en libertad y sugirió al juez Lijo “adoptar las medidas que estime pertinente”. Es decir, detenerlos.

Pero eso no ocurrió. “Téngase presente”, despachó Lijo, quien optó por citarlos a indagatoria. Brito se presentó, entregó un escrito, no respondió preguntas y se marchó, aunque debió pedir licencia como presidente del Banco Macro. Y Sguera también rechazó las acusaciones de Vandenbroele y siguió en libertad, aunque los registros expusieron que ambos se comunicaban cada mes.

Desde entonces, Brito no volvió a los tribunales. Pero sí sus operadores, que visitaron despachos o se encargaron de trasegar teléfonos judiciales, confiaron tres fuentes tribunalicias a la nacion. El mensaje fue siempre el mismo. Recordaron que el Macro era uno de los bancos más importantes del país y que una decisión judicial podía impactar en el sistema bancario.

A diferencia de Brito, Echegaray accedió a responder preguntas en su indagatoria, que duró cuatro horas. Buscó desmentir a Vandenbroele y argumentó que nunca favoreció a The Old Fund, como sí lo hizo su entonces jefe de asesores Rafael Resnick Brenner, condenado a tres años de prisión en suspenso.

El mayor problema para Echegaray ocurrió en las semanas previas y posteriores a la irrupción de The Old Fund como controlante de Ciccone. El entonces titular de la AFIP pasó de presentarse en persona en el fuero Comercial para solicitar la quiebra de la imprenta a –con Vandenbroele de por medio– pedir su rehabilitación. Algo tan inusual que el juez del concurso, Javier Cosentino, lo calificó como “cuanto menos llamativo”.

Formosa en la mira

Preso como protagonista de la apropiación del aimpren ta, Bou do u afronta más riesgos penales por la “precuela” del caso Ciccone. La refinanciación de la deuda que la provincia de Formosa mantenía con el Estado nacional y que negoció con la plana mayor de Insfrán.

En agosto de 2012, la nacion reveló que el gobierno provincial le pagó $7,8 millones a The Old Fund por supuesto asesoramiento durante la negociación con Boudou. Luego expuso que $2,2 millones (30%) de ese monto terminaron en las manos de un fidelísimo ladero de Insfrán, Martín Cortés, y que Vandenbroele cambió el resto a dólares en el Banco Macro y desapareció con ese dinero.

Para los investigadores liderados por el fiscal Carlos Rívolo, ese pago sería “el retorno del retorno”, algo que Insfrán negó, mediante un escrito y sin responder preguntas, cuando se presentó en Comodoro Py, en diciembre de 2017.

Para Insfrán, presentarse en los tribunales federales de Buenos Aires resultó un traspié impensado. El Poder Judicial formoseño había iniciado un expediente penal por la operatoria y dispuso su archivo sin ahondar en la investigación. Pero no definió su sobreseimiento, algo que le permitió a la Justicia Federal plantear su competencia en base a nuevos indicios y reactivarlo en Comodoro Py.