Reproches, internas y enojo oficial
Sobran los culpables, pero faltan los responsables. La frustrada superfinal entre River y Boca volvió a demostrar la vigencia de esa sentencia en la Argentina de hoy. Grupos de violentos e inadaptados (o, quizá, sobreadaptados a la cultura vigente) son los culpables de imponer su lógica.
Nadie logra impedirlo, empezando por un Estado que acepta competencias a su monopolio de la violencia legal. Sin que haya suficiente condena social. Sin responsables que sean capaces de garantizar la seguridad pública y la integridad física de los protagonistas y los espectadores en lo que debería ser solo un espectáculo deportivo.
Empezaba una semana en la que el país se ponía bajo los focos de la escena planetaria por la cumbre del G-20, con un partido al que una buena porción de los seguidores del fútbol del mundo seguiría con atención. Y como decía un meme que se viralizó ayer: “Teníamos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que somos y ¡salió a la perfección!”. Sincericidio colectivo.
Todo no pudo ser más inoportuno. Lo que pasó en las inmediaciones del estadio Monumental expuso, al menos, una grave falla en el operativo de seguridad que estaba a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como ayer, 24 horas después de los incidentes, asumió públicamente el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Pero entre esa declaración pública y los hechos de violencia que podrían haber tenido consecuencias más lamentables hubo un tiempo demasiado extenso, en el que sobraron operativos de funcionarios porteños y nacionales para desligarse de la responsabilidad por lo sucedido y adjudicarles culpas a otros.
Siempre con el escudo del off the record, se escucharon reproches desde la cartera de Seguridad de la Nación a sus pares de la Ciudad, en razón de que el operativo era coordinado por las autoridades civiles y encabezado por la policía local. También, críticas de las autoridades porteñas a las nacionales, porque el lugar donde ocurrió el ataque al ómnibus de los jugadores de Boca estaba a cargo de una fuerza federal, como la Prefectura. Injustificable en cualquier momento, pero más inadmisible aún en el actual contexto político. Como si el gobierno nacional y el porteño estuvieran en manos de fuerzas adversarias. Como se justificaban muchas cosas hasta hace tres años.
“Estoy muy triste. Trabajo desde hace años para poner a nuestro país en otro lugar, pero llevará más tiempo”, manifestó Mauricio Macri ayer en privado. Ya habían pasado algunas horas de su bajada de instrucciones para que las bochornosas internas se calmaran. Entonces, ya había salido a dar explicaciones públicas Rodríguez Larreta, y desde el entorno de Patricia Bullrich les bajaban varios decibles a las críticas a sus pares porteños, encabezados por el ministro Martín Ocampo. El enojo del jefe puede más que su aflicción para ordenar a los subalternos.
Hay un hecho indisimulable, y es que estas diferencias entre las dos administraciones en materia de seguridad tienen la misma antigüedad que Macri en la presidencia y Rodríguez Larreta en la jefatura de la ciudad. También es un dato de la realidad que en estos tres años esas divergencias terminaron ahondando conflic- tos, prejuicios y desconfianzas personales que tuvieron consecuencias en la gestión. Como ha ocurrido en otros espacios de la coalición oficialista, incluso en el seno del macrismo originario y aun puertas adentro de la Casa Rosada.
Tanto Macri como su jefe de Gabinete, Marcos Peña, han optado siempre por relativizar o restarles importancia a las disputas internas, aunque sin dejar de admitirlas. La opción de afrontarlas sin atenuantes y resolverlas no figura en su manual de conducción, salvo casos extremos y cuando ya habían causado estragos en la gestión. Para los disconformes, el freezer suele ganarle a la discusión acalorada. Sin embargo, esa táctica no ha terminado con los conflictos, sino que en muchos casos se han agravado.
Tal vez haya llegado el momento de salir de la zona de confort. Y de abandonar la ambigüedad en algunas materias, si se quiere llegar a la verdad y ser eficientes.
Quizá también sea tiempo de una autocrítica. Por ejemplo, el Presidente podría revisar la conveniencia de exhibir su fanatismo boquense extremo, que desde hace un mes lo ha dejado expuesto con declaraciones que no ayudaban a atenuar las pasiones o lo ha llevado a actuaciones cuestionables. Como haber impulsado, sin mediar un análisis riguroso de las consecuencias, que esta fallida final se jugara con la presencia de hinchas visitantes. Mejor no imaginar lo que podría haber ocurrido.
Pero Macri prefiere que se lo vea fiel a aquel estilo. Ayer eludió una condena explícita al operativo de seguridad que no evitó los incidentes que llevaron a que la final más esperada no se jugara. “No puede ser la solución militarizar un espectáculo deportivo”, le escucharon decir y transmitieron sus allegados. En privado, habría sido bastante más duro con las autoridades porteñas, pero afirman que se tranquilizó con las informaciones aportadas respecto de las investigaciones sobre las barras bravas.
Preguntas sin respuestas
De lo sucedido en las inmediaciones del Monumental quedan muchas, demasiadas, preguntas sin respuesta, que las disputas internas no ayudan a esclarecer.
Es posible que el ataque al ómnibus de Boca haya sido una venganza de la barra brava de River tras el allanamiento del domicilio de uno de los jefes de la organización y la incautación de 300 entradas y más de $10 millones realizado el día anterior al partido, como dijo Rodríguez Larreta. No se sabe qué medida se tomó para prevenir la reacción que podía esperarse. Menos explicable parece que cualquiera, incluidos los violentos de siempre, pudiera estar a escasos metros del transporte de los jugadores visitantes, precisamente, a tiro de piedra.
Ocampo, máximo responsable de la seguridad porteña, es un hombre salido del entorno del actual presidente de Boca, Daniel Angelici, amigo personal de Macri. Seguramente, no debería estar muy cómodo. A no ser que una eventual consagración boquense en los escritorios obture reproches.
Tampoco queda claro por qué la Prefectura se ve impertérrita con sus escudos durante los incidentes. No se sabe si fue por desidia, porque falló la coordinación y no recibió órdenes de actuar o si fue porque los efectivos nunca asumieron totalmente su subordinación a las autoridades locales. Desde el equipo de Bullrich dicen que nunca se les avisó que el ómnibus estaba por llegar ni se les pidió que alejaran a los hinchas de River. Trabajo para los investigadores administrativos y judiciales.
El jefe de gobierno se jactó de que no se permitiera el ingreso de la barra brava al estadio. En el equipo de Bullrich dicen que fueron los efectivos de Gendarmería, otra fuerza federal, los que lo impidieron y que algún policía porteño trató de franquearles el paso.
También se dice que en el Monumental les habían habilitado el acceso a cientos de personas sin entradas. Las autoridades de River, encabezadas por su presidente, Rodolfo D’Onofrio, deberían aclararlo. También podrían ayudar a dilucidar cómo es que llegaron a la barra brava las entradas que fueron secuestradas por la policía, después de confirmarse que eran auténticas.
Lo que pasó anteayer no es peor que lo que ya hemos visto demasiadas veces durante demasiado tiempo los argentinos en el contexto de un partido de fútbol. La diferencia quizá sea que esta vez había demasiados ojos del resto mundo puestos sobre el hiperclásico frustrado. Un problema. O, tal vez, una gran oportunidad para, finalmente, hacer lo necesario para “poner al país en otro lugar” que no sea el de los hechos vergonzosos y lamentables.
Cuando solo faltan tres días para que empiecen a llegar los principales líderes mundiales, lo ocurrido en el entorno del Monumental no ayuda a generar confianza en la vocación de cambio argentina.
Por eso, Macri y sus funcionarios buscaron denodadamente ayer despegar el fallido operativo del sábado de cualquier comparación con las medidas seguridad que el Gobierno tiene previstas para la cumbre del G-20. “El que confunda esas cosas tiene mala intención o no entiende nada”, dijo uno de los voceros gubernamentales.
Si los culpables tienen castigo y los responsables cumplen con sus obligaciones de manera eficiente, es más probable que haya menos confusiones.