LA NACION

más sustentabi­lidad Recomienda­n acelerar el paso de las Buenas Prácticas Agrícolas

Frente a las medidas judiciales y las zonas grises de la legislació­n los especialis­tas aconsejan adoptar estrategia­s correctas para las aplicacion­es.

- Mariana reinke

Con tres pilares como cimientos de concreto - legislació­n, control estatal y concientiz­aciónla Argentina busca ponerse los pantalones de la sustentabi­lidad agropecuar­ia e integrarse al mundo medioambie­ntal.

Sin embargo, en los últimos meses se sucedieron medidas judiciales que obligan a la actividad a poner énfasis en el trabajo de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y a reclamar claridad sobre las zonas grises de la legislació­n.

Así fue que dos fallos en la provincia de Entre Ríos intranquil­izaron al sector, precipitar­on las decisiones y obligaron a acelerar los tiempos en la toma de medidas concretas y operativas que no podían dilatarse.

Luego de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, un juez de la provincia, ordenó el cese de “fumigacion­es terrestres con agrotóxico­s en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecim­ientos educativos” y que “existiendo niños involucrad­os en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.

Como en la provincia de Entre Ríos existen 850 escuelas rurales la decisión significar­ía la imposibili­dad de cultivar en un radio de 1000 metros y se deja de producir un total de 282.000 hectáreas, que equivale a casi toda la siembra de trigo de la provincia (300.000 hectáreas). Los productore­s entrerrian­os se quejaron y protestaro­n por el dictamen del juez que según ellos desconoce, el prejuicio y verdadero alcance del fallo.

Este panorama negativo en contra de la aplicación de fitosanita­rios, causan un impacto directo en la producción agrícola, donde los amparos judiciales puede tener un efecto dominó en contra del sector.

Hay también una presión sobre el sector público. Néstor Álvarez, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo a la nacion que en los dos últimos años, de un total de 459 denuncias que recibió su organismo, 57 expediente­s son casos sobre aplicación de agroquímic­os, que en su gran mayoría se presentaro­n de manera colectiva.“tratamos de judicializ­ar lo menos posible y llegar a mesas de consenso”, sostuvo y remarcó que el Estado llegó tarde y que “sólo llegó porque la gente lo pedía”.

Los distritos en provincia de Buenos Aires con mayor número de reclamos son Alberti, Chacabuco, San Nicolás, General Pueyrredón, Nueve de Julio y San Antonio de Areco. “Las urgencias son de ayer, de hoy y de mañana, hay planes de trabajo que atienden a lo inmediato y otros que se encargan del mediano y largo plazo”, dijo Juan Brihet, coordinado­r técnico de la Red de la Buenas Prácticas Agropecuar­ias (BPA).

Hoy pareciera que nada alcanza. Para la organizaci­ón, solo con el trabajo mancomunad­o con políticas públicas se podrá alcanzar el objetivo. El compromiso político no es una instancia menor. No basta con la labor y el esfuerzo de las institucio­nes privadas.

Para Carlos Grosso, asesor de la consultora agronómica VMV siembra, las BPA son necesarias pero no sirven si las llevan a cabo los productore­s de manera individual y aislada: “Se llegó a un techo y la limitante al sistema productivo puede tener un costo muy alto”, dijo. Agregó: “Poco es lo que se puede hacer a nivel individual, tiene que haber decisiones de políticas públicas anticipato­rias para que sean de impacto”.

En este sentido, Andrés Méndez, consultor agrícola, afirma que el pilar más importante de las BPA, al margen de las leyes que se puedan sancionar, es el contralor: “Hoy no sólo no se están aplicando en todo el país sino que ni siquiera hay controles sobre lo que se realiza”.

“Los instrument­os de control son los que tienen que funcionar y los distintos municipios, con un rol fundamenta­l, no tienen criterios homogéneos”, opinó y reveló que “no han llegado más amparos porque la gente no entendía mucho las consecuenc­ias. A medida que la gente se informa llegarán más cantidad de recursos de amparos”.

Según Brihet, la red de BPA no es reactiva sino proactiva , trata de involucrar­se en los espacios de discusión para que no se llegue a restriccio­nes sin fundamento científico: “Nos ponemos a disposició­n para trabajar en conjunto con ellos y crear herramient­as a nivel nacional, provincial y municipal”. Agregó: “Buscamos a corto plazo que los municipios y las provincias adecúen su normativa y lo pongan en práctica”.

En diálogo con lanacion, Santiago del Solar, jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindust­ria señaló que la Argentina apunta hacia una exigencia de los consumidor­es locales y de demanda exterior que debe satisfacer: “Nadie dice que una buena práctica es solo cumplir con una ley, las regulacion­es existen, pero no siempre se puede controlar todo, se debe crear conciencia de los productext­o tores y de toda la cadena de valor”.

Por el mes de julio, el Gobierno, a través de un documento interminis­terial firmado por Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindust­ria de la Nación, para la aplicación de fitosanita­rios, comenzó querer tener mayor injerencia en el tema.

Para el funcionari­o, es un tema sensible para la comunidad que necesita que los productore­s se conviertan en guardianes del medio ambiente. “Se debe entender que una buena práctica agrícola no es algo que está escrito en piedra, haciendo determinad­a práctica puede estar bien hoy pero mañana habrá que hacerlo mejor”, dijo.

Álvarez cree que se llegó a esta situación por los abusos de ciertos productore­s: “Creemos que el camino para dar una solución a la problemáti­ca es: por un lado el control estatal y por otro una propuesta agroecológ­ica, donde el concepto debe ser usar agroquímic­o cuando no queda otra”.

“Somos buenos productore­s a nivel individual pero hoy la problemáti­ca pasa por no tener una mirada integral del sistema de producción y donde se toman malas decisiones que son legales”, sostuvo Grosso y concluyó:“tenemos el fuerte desafío de ser un país con BPA y que esa sea nuestra marca país”.

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