cuadernos: el Gobierno busca acortar el juicio a los empresarios
Analiza con funcionarios judiciales la posibilidad de aplicar una probation que acelere los procesos y que incluya el pago de multas
Recuperar el dinero de la corrupción a través de multas y cerrar el proceso judicial a los empresarios con una fórmula que permita a sus compañías regresar a los negocios. Este es el plan que quiere poner en marcha el Gobierno apenas comience el nuevo año para la causa de los cuadernos de la corrupción. En esa línea, empezó a analizar la posibilidad de aplicar una figura original: una probation para los empresarios que permita un juicio abreviado.
Este formato que evalúa el Gobierno está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigor el año próximo. Fuentes del Gobierno hicieron llegar esta idea a funcionarios judiciales ligados al expediente que se abrió a partir de los cuadernos que escribió Oscar Centeno, el chofer que relató el cobro de las coimas durante el kirchnerismo. “Está en estudio. Podría ser un juicio abreviado al estilo norteamericano”, admitió un funcionario judicial de Comodoro Py 2002.
Entre los abogados de los empresarios la idea es bien vista e incluso algunos de ellos ya sondearon sobre esta posibilidad. Aún no lograron una respuesta positiva.
El gobierno quiere que el juzgado de Claudio Bonadio aplique una probation a los empresarios involucrados en la causa para acortar el proceso penal y contener el impacto negativo que la investigación tuvo en la economía y en la marcha de la obra pública.
Con epicentro en el Ministerio de Justicia, el Gobierno comenzó a sondear la factibilidad de aplicar la figura de la probation como una fórmula que permitiría reducir los tiempos del proceso. El escenario que entusiasma a la Casa Rosada es lograr que Bonadio eleve por partes la monumental causa de los cuadernos y encapsular con una probation a los empresarios.
La opción es que cualquiera de estas figuras se ponga en práctica ante de la elevación a juicio. De hecho, desde la Procuración General se enviaron instrucciones generales a los fiscales donde les aconsejan que si tiene a mano elementos para un juicio abreviado o una probation los apliquen sin esperar la elevación a juicio.
Cualquiera de las soluciones, de todos modos, plantea algunos problemas jurídicos y discusiones que se deberán zanjar antes de que prospere la iniciativa.
La probation es una suspensión del juicio a prueba sin admisión de la responsabilidad penal por parte de los empresarios pero con el compromiso de hacer tareas comunitarias y pagar una fuerte suma de dinero proporcional al daño causado.
La probation que impulsa el Gobierno como solución la debe proponer el acusado. Luego, la fiscalía, en este caso a cargo de Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, debe dictaminar si está de acuerdo o no con la reparación que propone la empresa. Finalmente, el juez Claudio Bonadio debería aceptarla.
La fórmula puede aplicarse sobre los empresarios procesados por cohecho, que se castiga con una pena de 1 a 6 años entran en este esquema. Además siendo “arrepentidos”, tienen una disminución de pena y sobre todo si son primarios, es decir, si no tienen antecedentes. La suspensión del juicio a prueba es por un período de tiempo de 1 a tres años en el que el acusado debe cumplir con lo que se comprometió. Al finalizar, si cumplió, queda sobreseído, es decir sin condena penal y sin antecedentes penales.
El problema jurídico que se plantea es que la ley impide aplicar probation a los funcionarios públicos. Por lo tanto hay una discusión al respecto sobre si los particulares pueden beneficiarse en casos donde hay funcionarios acusados.
En algunos casos se admitió pero son más en los que el fiscal, sobre todo en etapa de juicio, rechaza esta solución. Los rechazos responden, sobre todo, a la dificultad que implica para recopilar las pruebas: si un particular que admite haber pagado se va del juicio, ya no cuenta con esa prueba para acusar al funcionario de haber cobrado. Por lo tanto, la gran inquietud en la causa de los cuadernos es si las multas a los empresarios podrían terminar por favorecer a los funcionarios involucrados.
Otro escenario, con complicaciones
judiciales, es el del juicio abreviado. A diferencia de la probation, en el juicio abreviado el acusado admite su responsabilidad. Es decir, acepta haber cometido un delito y pacta una pena con el fiscal y el pago de una reparación económica.
El juez debe luego homologar el acuerdo.
El problema es que en los juicios abreviados deben acordar todos los imputados y en esta causa hay más de 20 empresarios y otros tantos funcionarios, incluida Cristina Kirchner, que seguramente no tendrán la más mínima voluntad de admitir delitos ni acordar nada.
Una solución es sacar a los empresarios en una causa aparte. Otra invocar el nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el año próximo, que prevé juicios abreviados sin todos los imputados. Todas estas alternativas están en estudio en la Casa Rosada. Pero la probation es la que más entusiasma.
El nuevo Código Procesal también contempla la figura de la conciliación donde un acusado puede proponer la reparación del daño y acordar un pago para extinguir la causa penal. El problema es que del otro lado no hay otro particular, sino el Estado. El objetivo es alcanzar una solución que conforme a todos: que el Estado recupere el dinero de la corrupción, que la sociedad lea que el corrupto fue castigado y que las empresas puedan retomar su actividad.
Las revelaciones judiciales de los cuadernos del chofer Oscar Centeno provocaron un cataclismo en las compañías constructoras con negocios con el Estado y agravaron el frío glacial que congela la inversión en la obra pública. El impacto más evidente fue la reciente decisión del Gobierno de frenar el plan de PPP, el sistema de inversión pública y privada al cual apostaba el macrismo para mantener la marcha de las obras.