extenderán a todos los delitos el uso del adn
Buscan que los datos genéticos sean piezas centrales de las investigaciones
En la agenda de 2019 del Ministerio de Seguridad, figuran varios temas que prometen fuertes debates legislativos. Siguen en trámite parlamentario las iniciativas de extinción de bienes, para propiciar la rápida incautación de propiedades narco, y la norma que definirá los delitos vinculados con la violencia de las barras bravas del fútbol. Y se agregará en los próximos meses un proyecto de ley para ampliar el uso de rastros de ADN a investigaciones de todos los delitos.
Esa posibilidad está limitada hoy para verificar la identidad de agresores sexuales y solo los condenados por esos casos deben dejar su huella genética en el registro nacional de ADN. La provincia de Mendoza extendió este año la recolección de esas muestras a sentenciados de todos los delitos e incluso a los imputados sin importar la razón por la que sean acusados. En ese camino pretende avanzar la ministra Patricia Bullrich.
Entre los temas de seguridad pendientes para 2019, aparece también un plan de apoyo a municipios con el diseño de mapas del delito y la coordinación de los sistemas de videovigilancia nacionales, provinciales y locales.
La agenda de la seguridad pública tendrá en 2019 varios debates fuertes. Algunos temas son tratados en el Congreso y las autoridades nacionales esperan dar el impulso para la aprobación de la ley contra los barras del fútbol, la extinción de dominio (para habilitar el decomiso o congelamiento de bienes del narcotráfico, incluso antes de una condena firme) y se incorporará la reglamentación para el uso policial de armas de fuego (con el objetivo de dar más peso político al protocolo firmado por la ministra Patricia Bullrich). La intención oficial es dar curso parlamentario a un proyecto de ley que habilite el uso de datos de ADN en las investigaciones de todos los delitos.
Esa posibilidad está hoy solo vinculada con casos de agresión sexual y los condenados por abusos y violaciones son los únicos obligados a dejar una muestra de su ADN en una base datos. Al expandirse esa opción a otros crímenes también debería ampliarse el registro de ADN a otras personas. El tema promete, al menos, un importante debate político. En el Ministerio de Seguridad entienden que la actualización en las tecnologías de investigación permite presagiar que el rastro de ADN sería una herramienta adecuada para resolver casos criminales.
Mendoza amplió este año su registro y a los condenados por violaciones se agregaron todos los que recibieron sentencias o que al menos fueron imputados en toda clase de delitos. En principio, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación esperan suscribir con todas las provincias convenios para la instalación del sistema denominado Codis (para el análisis de muestras de ADN y su comparación con la base de datos oficial) y se definirá un protocolo de actuación con la Procuración General de la Nación. Tras esos pasos iniciales, necesarios incluso hoy para las habilitadas investigaciones de ataques sexuales, un proyecto más ambicioso llegaría al Congreso.
Claro que el Congreso no será el único ámbito en el que se buscarán consensos para mejorar las iniciativas contra el delito. Siempre puede aparecer un elemento disruptivo, ese efecto Chocobar que polariza las opiniones o el movilizante horror de un crimen con impacto comunitario, pero las políticas públicas de seguridad no deberían seguir el temperamental algoritmo de las redes sociales para fijar las metas a cumplir. Es que esos hechos aislados que llenan de dolor o miedo a una sociedad emergen de un contexto que solo puede modificarse con planificación de largo plazo y con sólidos acuerdos generales. Y en la agenda del Ministerio de Seguridad de la Nación aparece la necesidad de consensuar en 2019 con provincias y municipios tácticas comunes para frenar los robos, delito que no habría tenido en 2018 un evidente descenso como en el caso de los homicidios. Para eso, las autoridades nacionales piensan en asistir a los distritos con un especial software de análisis para anticipar los potenciales movimientos de delincuentes en los municipios.
El fortalecimiento de los mapas del delito comunales –en este caso con un sistema predictivo, que permite dirigir los patrullajes a las zonas de riesgo en cada momento– representan una medida táctica dentro de una nueva estrategia nacional de seguridad que dará mayor importancia a la prevención municipal. Para mejorar la capacidad de los gobiernos locales, el Ministerio de Seguridad de la Nación, propondrá un reentrenamiento de los operadores de control en la videovigilancia.
La intención de la ministra Patricia Bullrich es que el comando central de las fuerzas de seguridad federales quede integrado con todos los centros de monitoreo provinciales y municipales.
En el Ministerio de Seguridad apuestan también a avanzar con el plan Barrios Seguros, con fuerzas federales que instalan posiciones dentro de las zonas más problemáticas. Ese proyecto está en funciones en asentamientos de la ciudad de Buenos Aires –villas 1-11-14 y 31, entre otros lugares–, el conurbano, Rosario y la Ciudad de Santa Fe. El foco será colocado en la reducción de homicidios en esas áreas y se proyecta expandirse en otras provincias.
Además, las autoridades trabajan en un protocolo especial en casos de desaparición de menores. Uno de los casos emblemáticos que se registraron este año fue la búsqueda de Sheila, la niña de 10 años cuyo asesinato conmovió a la sociedad. Se piensa en la implementación de un software con las características del llamado, en varios países, Alerta Amber, que emite un mensaje de búsqueda tanto a unidades policiales y judiciales, como a medios de prensa y organizaciones no gubernamentales. En la agenda de 2019 también tienen un lugar importante el narcotráfico (de lo que se informa por separado) y la capacitación policial.