El año más desafiante
En 10 meses se definirá el rumbo del país en la tercera década de este siglo, pero la política elude cómo encarar los problemas estructurales
a punto de definir el rumbo del país para los próximos años, la política elude cómo encarar los problemas estructurales, dice néstor scibona
El intenso y abrumador año 2018 que está a punto de concluir tendría que pasar al olvido, si no fuera porque su resaca se hará sentir a partir del arranque de 2019 y se extenderá a los meses previos a las elecciones presidenciales de fin de octubre.
Una prueba es que, en vísperas del Día de los Inocentes (28 D), el gobierno de Mauricio Macri optó por anticipar el cronograma de aumentos escalonados (de hasta 45% en el primer cuatrimestre) en las tarifas del transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó trascender los que se aplicarán en electricidad (55% hasta agosto) y gas (35% en abril), para aprovechar la distensión del feriado largo de fin de año. Estos incrementos recargados no sólo superan entre dos y tres veces las extinguidas metas oficiales de inflación del 28 D previo (15% anual para 2018), sino también la proyección oficial de 23% para este año, a la que podrían agregar unos cuatro o cinco puntos extra.
Aquí la resaca es evidente: los subsidios estatales subieron este año en vez de bajar, a raíz del salto de 100% en el dólar y del 80% en combustibles que catapultó los índices de precios minoristas (a 48%) y mayoristas (75%). Por lo tanto, retrocedieron varios casilleros, cuando hasta comienzos de 2018 habían sido la principal fuente de reducción del gasto público. La necesidad de cubrir este bache fiscal probablemente explique el reemplazo de Javier Iguacel por Gustavo Lopetegui al frente de la Secretaría de Energía.
La novedad será que en el nuevo año la tarifa social y otros eventuales subsidios correrán por cuenta de las provincias, en su mayoría superavitarias. Y que cuando se apliquen estos ajustes, gran parte de los asalariados todavía estarán lejos de recuperar la pérdida de salario real de 2018, aun con cláusulas de revisión de paritarias, salvo excepciones en un puñado de gremios grandes del sector privado. Otro tanto ocurrirá con los jubilados y pensionados, que sólo en la segunda mitad de 2019 podrán compensar el deterioro de este año con la nueva fórmula de movilidad trimestral (y un semestre de rezago), a costa de un aumento del gasto previsional superior al previsto que obligará a comprimir otras partidas.
No es todo. El déficit primario cero (sin intereses de la deuda pública) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y convalidado por la ley de presupuesto 2019, se apoya en 60% en el aumento de la presión tributaria. Principalmente, con la reimplantación de retenciones sobre todas las exportaciones; pero también con los cambios en Ganancias, Bienes Personales (excepto vivienda única con mayor mínimo imponible) y el revalúo de propiedades para los impuestos inmobiliarios. Aunque es casi irrelevante en términos de recaudación, el impuesto a la renta financiera –reglamentado un año después de su sanción–, va a contramano de la necesidad de ampliar el reducido mercado local de capitales y reducir las altas tasas reales de interés. Su inoportunidad ya había quedado demostrada a fines de abril cuando, al aplicarse sobre inversores extranjeros, provocó la estampida de capitales que disparó uno de los saltos cambiarios que arrastraron a dos presidentes del Banco central y obligó a recurrir al auxilio financiero del FMI por US$57.100 millones. Para entonces ya se verificaba el impacto de la sequía, la suba de tasas en los Estados Unidos y la reversión del flujo de capitales hacia las economías emergentes, que encontró baja de defensas a la Argentina debido a su elevado endeudamiento para financiar el gradualismo fiscal.
La mayor carga en impuestos y servicios públicos restará impulso a la reactivación de la economía. Otro tanto ocurre con el recorte de programas no iniciados de obras de infraestructura (uno de los caballitos de batalla de la gestión de Macri), cuyo reemplazo por financiación privada (a través del régimen de PPP) debió quedar en suspenso por la restricción del crédito externo y el riesgo país por encima de los 800 puntos básicos. con un PBI en dólares que se redujo a casi la mitad debido a la devaluación del peso, esa sobretasa abre interrogantes sobre la sustentabilidad de la deuda pública y la renovación de los vencimientos concentrados entre 2021 y 2023. De ahí la necesidad de que la economía vuelva a crecer y baje el
La búsqueda de acuerdos políticos se asemeja a las discusiones entre hinchas de Boca y River
riesgo país –que hace un año se ubicaba en torno de los 400 puntos– para retornar a los mercados financieros externos.
Esta pesada mochila representará en 2019 el mayor desafío para la gestión de Macri y su aspiración de alcanzar un segundo mandato tras la seguidilla de traspiés y errores de este año.
De hecho, la crisis cambiaria de 2018 con su correlato de mayor inflación y pobreza, borró de la memoria colectiva avances ya asimilados por una sociedad que suele reclamar soluciones inmediatas tipo delivery. Entre ellos, salir del default y del cepo cambiario; eliminar trabas y controles sobre la actividad productiva; invertir en obras de infraestructura social (agua potable y cloacas); aumentar las conexiones aéreas entre provincias; recuperar la credibilidad de las estadísticas oficiales o evitar apagones masivos en los veranos, con cortes de luz que bajaron a la mitad en tres años, al igual que el déficit energético. A un costo político y social mayor que el que Macri buscó evitar en 2016, varios indicadores macroeconómicos clave, como el déficit fiscal primario y de las cuentas externas se redujeron este año y probablemente mejoren en 2019, pero no se notan “en la calle”. En cada uno de estos casos falta aún mucho camino por recorrer.
Por cierto que hay chances de que la actividad económica repunte progresivamente antes de las elecciones, aunque no todas dependan del Gobierno. En la lista figuran la cosecha récord de granos que, si el clima acompaña, tendrá un efecto movilizador sobre distintas actividades, al igual que el aumento de las inversiones en Vaca Muerta, condicionado ahora por la volatilidad del precio del petróleo. Y también el empuje de una mayor demanda brasileña de productos argentinos, si la asunción de Jair Bolsonaro permite un efecto “luna de miel” más o menos prolongado.
Sin embargo, más allá del corto plazo, las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de 10 meses probablemente definan el rumbo político, económico y social del país en la próxima década.
Una sociedad polarizada entre quienes aspiran a un país “normal” y quienes añoran el retorno del populismo K, necesita de los candidatos un diagnóstico claro y no oportunista de los problemas estructurales de la Argentina y una agenda de reformas para encararlos a futuro. Para decepción del tercio de indecisos, esto no ocurre hasta ahora en el oficialismo ni en la oposición peronista en medio de su crisis de liderazgo. En este contexto, la búsqueda de acuerdos políticos se asemeja a las discusiones entre hinchas de Boca y de river.
La necesidad de reformas a mediano y largo plazo para salir de la decadencia argentina es enorme. Abarca el plano institucional (independencia de la Justicia y del BcrA; financiamiento de la política; boleta única; tope a reelecciones provinciales) y educativo (cambio de contenidos; evaluación de docentes; evitar la deserción en la secundaria). También asumir que el número de personas que reciben algún tipo de ingreso del Estado pasó de 7,6 millones en 2002, a 17 millones en 2015 y a 19 millones en 2018, según el cálculo del economista Orlando Ferreres en la edición digital de la nacion. Y que el crecimiento económico seguirá hipotecado si la financiación sigue dependiendo de una mayor presión tributaria. De ahí que sean indispensables reformas en materia impositiva (para eliminar exenciones y reducir impuestos; laboral (para bajar costos no salariales) y previsional (comenzando por el fin de jubilaciones de privilegio). Poco y nada se dice que, al arrancar el sistema de reparto, por cada jubilado había tres trabajadores activos y hoy esa relación alcanza a apenas 1,3. Ni que la crónica existencia de un tercio de los trabajadores “en negro” (sin aportes) agrava el déficit del sistema. Y tampoco hay rendición de cuentas sobre la capacitación en oficios a quienes reciben planes sociales para que puedan salir de la pobreza.