Con récord de homicidios, crece el pedido de mano dura en Uruguay
En 2018 los asesinatos alcanzaron una cifra histórica; se prevé un plebiscito sobre la cadena perpetua
PUNTA DEL ESTE.– Uruguay ya venía preocupado por la cantidad de robos y arrebatos callejeros, pero el aumento récord de asesinatos elevó la alerta al máximo. Ahora, la expectativa está en el debate que habrá en la campaña electoral y el interrogante es qué pasará en un plebiscito en el que los uruguayos decidirán si quieren reimplantar la pena de cadena perpetua y volcar a los militares a las calles.
Ayer se conoció la cantidad de asesinatos de 2018 y la cifra mostró no solo un récord histórico, sino un nivel muy superior al de otros países del Cono Sur, como la Argentina y Chile.
La Fundación Propuestas, vinculada al opositor Partido Colorado, emitió ayer un reporte estadístico en el que informa que durante 2018 se cometieron 382 homicidios en todo el país. Representa más de uno por día y un crecimiento de 35% respecto del año pasado. En 2017 el aumento había sido del 5,6%.
“Es una situación sin precedente en Uruguay, con nuevo récord histórico y el resultado da más asesinatos que días del año”, dijo Guillermo Maciel, responsable del trabajo. “Las alarmantes cifras reflejan un deterioro gravísimo de la seguridad pública”, agregó.
El reporte concluye que “la tasa de criminalidad quedó en 11,2 cada 100 mil habitantes a nivel nacional, por lo que Uruguay está muy lejos de los países con mejor comportamiento de América Latina, la Argentina con una tasa del 5,2 y Chile con 3,6, según datos oficiales de 2017”.
En Montevideo, la tasa es peor que el resultado nacional: 15,4 cada 100 mil habitantes.
El gobierno de Tabaré Vázquez había prometido bajar los arrebatos en 30%, pero el año pasado en lugar de descender volvieron a subir. “La tendencia es que no vamos a cumplir con ese objetivo”, reconoció ayer el director nacional de Policía, Mario Layera.
¿Por qué aumenta la inseguridad? La oposición sostiene que el gobierno de Vázquez comenzó con medidas que estimularon el delito, como la derogación del decreto que permitía detenciones en averiguaciones y una liberación anticipada de presos comunes para descongestionar cárceles.
El gobierno del Frente Amplio, en cambio, lo atribuye a problemas sociales generados en la crisis de 2002 y a la influencia del narcotráfico.
Propuestas opositoras
El 2019 es un año electoral, con primarias en junio, legislativas y primera ronda presidencial en octubre y ballottage en noviembre, a lo que se sumaría un particular plebiscito, que se lograría con la recolección de firmas de uruguayos que piden “mano dura” contra el delito.
Frente al desgaste del gobierno de Vázquez ante una opinión pública que expresa temor por el avance del delito y malhumor por una economía con dificultades en el mercado laboral, la oposición encaró el problema con un embate de propuestas.
Una de esas es la impulsada por el senador Jorge Larrañaga, uno de los dos líderes del Partido Nacional (blancos), que a fin de año anunció que había pasado la meta de 10% de adhesiones a una enmienda constitucional que se plebiscitará el 27 de octubre. Las firmas deberán ser validadas por la Corte Electoral y luego convocar a las urnas.
La enmienda contempla que para “delito de violación o abuso sexual sobre un menor de edad”, o de “homicidio contra la misma persona”, haya pena “de reclusión permanente”, además de “la creación de una guardia nacional con integrantes de las fuerzas armadas, para cumplir funciones de seguridad pública”, la habilitación de allanamiento nocturno en hogares y la prohibición del mecanismo de la libertad anticipada para determinados casos de reclusos.
“Es un tema que estará indiscutiblemente en la campaña, porque el tema de la seguridad y las políticas para cuidarla son parte de la discusión junto a otros temas electorales”, declaró la senadora Mónica Xavier, que dirige el Partido Socialista, el más tradicional sector de la izquierda uruguaya.
“Nunca los militares sirvieron para mejorar la seguridad, sino para empeorarla y eso está demostrado”, agregó.
Pero los uruguayos no parecen pensar lo mismo. Todos los sondeos de opinión indican que cerca del 60% del electorado apoyaría cualquier medida que en materia de seguridad implique “mano dura”.