Entre la campaña y el avance narco
En enero de 2017, cuando despuntaba el año electoral, el Gobierno ocupó el centro de la agenda con una serie de anuncios en materia de seguridad, como el establecimiento de mayores restricciones al ingreso de extranjeros con antecedentes penales, el aumento de controles migratorios en los vuelos y el impulso de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, tras la conmoción producida por la muerte del joven Brian Aguinaco.
Dos años después, la secuencia se repite con el anuncio de la compra de pistolas Taser, el protocolo para que los efectivos de seguridad puedan disparar sin dar voz de alto, y otra vez la discusión sobre los menores y las medidas para expulsar extranjeros con antecedentes. Cualquier similitud no parece ser fruto de la casualidad.
En octubre hubo una reunión clave en la Casa Rosada en la que, con el aval de Mauricio Macri, se definieron las prioridades para los meses siguientes: aprobar el presupuesto, lograr una Cumbre del G-20 sin disturbios, estabilizar la economía y tener un fin de año en paz. Si las pruebas eran sorteadas con éxito, se pasaría a una fase de instalación de una agenda propia, más propositiva y favorable para el Gobierno, con el objetivo de recuperar la iniciativa perdida.
Según una de las consultoras que asesora al macrismo, hay cuatro áreas de la gestión que son valoradas positivamente: seguridad, lucha contra el narcotráfico, obras públicas y transparencia. Huelga decir que la economía está entre los rubros con mayor desaprobación a pesar de que la escala de prioridades de la población es inversa. Un sondeo de Isonomía muestra que para el 34% de los encuestados el principal problema del país es la economía, mientras que la inseguridad ocupa el cuarto lugar con el 6%. Pablo Knopoff, uno de los directores de la consultora, entiende que hay “una convivencia con la inseguridad que hace que la gente descrea que alguien puede resolverla y que, en consecuencia, no sea un tema que defina una elección. La única novedad es que se empezó a ver a la Justicia como parte del problema y no de la solución por los casos de puerta giratoria, que muestran delincuentes libres en pocos días”.
Sin embargo, el tema seguridad se ha convertido en un activo conceptual para el Gobierno, a partir de promover un cambio de enfoque que prioriza a las víctimas del delito y no a los victimarios. Es un terreno en el que puede demostrar un contraste con el kirchnerismo. Y a Cambiemos no le sobran temas propios. “La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es parte de nuestra filosofía y la venimos trabajando desde hace tres años. Por eso es importante que seamos nosotros quienes instalemos el debate y nos apropiemos de esa agenda”, explican cerca de Patricia Bullrich, sin negar que es una estrategia que apunta a restarle un punto de apoyo a la oposición en campaña. La ministra de Seguridad tiene una aspiración de crecimiento político y sabe que su discurso está en línea con el pensamiento de Macri. La recuperación del orden público es quizá el único leitmotiv genuino que tiene el Presidente junto con el de déficit cero.
Pero más allá de las interpretaciones políticas en las últimas semanas una serie de hechos delictivos irrumpió con la prepotencia de una violencia superior. Una nena de cinco años baleada en Merlo, sangrientos asaltos en Martínez, San Fernando y Vicente López y una policía muerta en Mar del Plata son algunos de los episodios que dejaron en estos días 17 víctimas fatales. En el Ministerio de Seguridad se cuidan mucho de reeditar la “sensación de inseguridad” de Aníbal Fernández, pero hablan de una percepción que no se condice con las estadísticas. Atribuyen parte de la espectacularización de la violencia a la multiplicación de cámaras que hace que la mayoría de los hechos queden registrados. Bullrich se resignaba esta semana a contemplar cómo había calado el caso del turista sueco baleado en el barrio Montserrat. Los números pierden relevancia ante la imagen de un extranjero incauto asaltado al voleo que termina internado y con una pierna amputada.
El macrismo ha hecho un esfuerzo por reconstituir los datos oficiales sobre inseguridad, aunque las estadísticas siempre tienen un valor relativo en este terreno porque dos tercios de los delitos no se denuncian y porque hay muchas deficiencias en la recolección. Pese a ello, hay un progresivo descenso de delitos graves como homicidios y secuestros extorsivos. Lo que no cede es el ítem robos, que sigue alto. Por eso todavía hay un tercio de la población que dice haber sido víctima de un delito en el último año, según la Universidad Di Tella.
La incidencia de los extranjeros en la delincuencia no varió y nunca superó la tasa proporcional de población. Un 6% de los detenidos en las cárceles argentinas nacieron en otro país, una cifra similar a su incidencia demográfica. Tampoco el protagonismo de los menores aumentó. Es más, entre 2009 y 2016 se registró una baja del 4,3% al 3,4% y en el caso de los homicidios se retrajo de 12,5% a 9,9%.
Pero hay un elemento crucial para entender la nueva dinámica de la inseguridad, porque es el que potencia todos los otros datos: el fuerte crecimiento del narcotráfico. Es el único punto en el que coinciden todos los especialistas, e incluso es admitido por el Ministerio de Seguridad. Es el factor que elevó los niveles de violencia; el que facilitó la expansión de las armas de mayor calibre que se vieron últimamente; el que utiliza a los adolescentes no solo como “soldaditos” sino también como parte del esquema de protección del negocio, y el que por su carácter transnacional eleva la incidencia de extranjeros al 20%.
El disparador de este repunte regional está en Colombia. Allí los acuerdos de paz con las FARC y la desmovilización de la guerrilla generó como efecto indeseado mucha mano de obra desocupada que se volcó a la plantación de coca. La superficie cultivada superó los niveles existentes antes de que Estados Unidos lanzara el plan Colombia, ya que pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 171.000 hectáreas en 2017 (en el año 2000 era de 163.000 hectáreas). Esto generó un efecto dominó sobre Perú y Bolivia, otros dos países productores, y desbordó a nivel regional. Por eso, más allá de la mayor eficacia de las fuerzas de seguridad y del empeño de Bullrich, no sorprende que se haya duplicado el nivel de decomiso en el país. El volumen de droga que circula se agigantó y alteró las dinámicas delictivas. Un dato de la Sedronar lo verifica: entre 2004 y 2017 se cuadruplicó el consumo de drogas en la Argentina, ya que pasó del 2,1% al 8,3% de la población.
El otro factor que incide en esas dinámicas son las dificultades de las policías de la provincia y de la Ciudad, la primera infiltrada por un histórico entramado de corrupción que apenas cedió con la gestión de María Eugenia Vidal, y la segunda afectada por un estado de desánimo e inacción que preocupó a Diego Santilli cuando le delegaron la dura tarea de tomar las riendas de la fuerza. Un dato lo exhibe con claridad: según un estudio interno hecho el año pasado, el 60% de los efectivos se mostraron a favor de la sindicalización. Demasiado descontento para una organización con tres años de vida. “Fracasó el modelo de transferencia de la policía entre otras cosas porque no incluyó el traspaso de la Justicia. Eso generó una policía descomprometida y de brazos caídos”, señala Diego Gorgal, especialista en temas de seguridad.
El Gobierno apuesta este año a un paquete de medidas específicas pero fundamentalmente al impulso de un nuevo Código Penal, que incluirá un endurecimiento de las penas. Sabe que la seguridad será materia de debate en la campaña, un período poco fértil para resolver problemas estructurales.
La Policía de la Ciudad está afectada por un estado de desánimo e inacción que preocupó a Diego Santilli cuando le delegaron la dura tarea de tomar las riendas de la fuerza