El control a empresas, nuevo foco de tensión entre Carrió y el Gobierno
La dirigente acusó a la IGJ de flexibilizar trámites para firmas extranjeras
Una alerta de la Coalición Cívica dejó al desnudo la interna dentro del Gobierno por la inscripción de empresas extranjeras en la Argentina. Los laderos de la diputada nacional Elisa Carrió lanzaron un crudo reclamo contra la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que anule una resolución que –según entienden en el partido– “relaja los controles” sobre las sociedades foráneas.
La CC reclama que se dé de baja la resolución de la IGJ N 6/2018, anunciada para simplificar y desburocratizar la inscripción de empresas, y que modificó los requisitos para registrar sociedades extranjeras. Esa nueva normativa irritó a los socios y “fiscales internos” de Cambiemos y abrió una grieta dentro del Gobierno entre quienes piden volver atrás y quienes quieren sostener la regla.
Para los colaboradores de Carrió, la resolución 6/2018 reduce los controles sobre las firmas offshore que quieran desembarcar en la Argentina. “Genera grave preocupación porque afectan el control estatal sobre este tipo de sociedades, haciendo mucho más vulnerable al país en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, señalaron en la CC.
El tema que ahora hicieron estallar los “lilitos” ya generó álgidas discusiones en los despachos oficiales. La Unidad de Información Financiera (UIF), que comanda Mariano Federici, reclamó dar de baja la normativa 6/2018 por considerar que, además de dejar tierra fértil para el lavado, podría exponer a la Argentina ante un pedido de cooperación internacional.
Federici les trasladó su inquietud al ministro Germán Garavano y a la Jefatura de Gabinete. El reclamo se tradujo en reuniones reservadas con el ánimo de saldar el desacuerdo. En el último de los encuentros se reunieron el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y el titular de la IGJ, Sergio Brodsky, que tiene la confianza de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y presunto operador oficialista en la Justicia.
Si bien se avanzó en una reforma de la norma, en el Ministerio de Justicia y en la IGJ defienden con uñas y dientes el contenido de la resolución 6/2018. Aseguran que “es para simplificar y agilizar la inscripción de empresas, pero no para relajar los controles”. Y dicen que quienes critican la norma cometieron un “error de interpretación”. Por ahora, no se aprestan a introducir cambios.
La resolución 6/2018 modifica una resolución anterior, la 7/2015, donde se fijaban los requisitos previstos para la inscripción de firmas extranjeras que quieran tener una sucursal o ser accionistas de otras sociedades en el país.
Para la CC y para la UIF, la normativa deja dos vacíos legales. Por un lado, la regulación de 2015 obligaba a informar “la individualización de quienes sean los socios al tiempo de la decisión de solicitar la inscripción”. Ese apartado no figura en la nueva norma. Por el otro, de acuerdo con los detractores de la norma, la nueva regulación tiene controles más lábiles ante la inscripción de sociedades extranjeras de “países no cooperantes” en la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo.
Desde la IGJ aseguraron a la nacion que “si bien no se solicita la información de los accionistas de las sociedades”, el artículo 518 de la norma “reclama la declaración jurada de los beneficiarios finales, que son los verdaderos dueños detrás de las firmas”. Respecto del origen de las empresas, desde la IGJ señalaron que “en la norma de 2018 hay mayores exigencias para sociedades registradas en jurisdicciones no cooperadoras en lavado de activos”.
Desde la CC aseguran que “ninguno de los expertos tiene dudas del vacío que dejó la norma”. La vicepresidenta del partido, Mariana Zuvic, remarcó: “No sabemos cuál es la motivación de sostener esta resolución. Solo sabemos que desde agosto del año pasado estamos dando luz verde a firmas de jurisdicciones no cooperantes y que estamos más vulnerables frente a los lavadores”.