LA NACION

Deforestac­ión. Un relevamien­to alerta sobre la pérdida de bosques protegidos

El informe, de Greenpeace Argentina, advierte que en 2018 el 36% de esos desmontes fue en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta; concentran el 80% de la desaparici­ón de estos ecosistema­s

- Fabiola Czubaj

“La Argentina se encuentra en emergencia forestal”. Con este diagnóstic­o, Greenpeace Argentina alerta sobre la deforestac­ión en el norte del país, donde cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes. Según una nueva edición de su informe anual, la entidad denuncia que el 36,3% de la superficie deforestad­a el año pasado en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta fue en bosques nativos que están legalmente protegidos por su alto valor de conservaci­ón.

Los incendios y el avance de la frontera agropecuar­ia para el cultivo de soja transgénic­a son las principale­s causas de la pérdida de esas grandes reservas naturales que señala la ONG ambientali­sta.

“La fragmentac­ión de los bosques, no solo el desmonte, impide la vida animal y vegetal en un ecosistema continuo. Un yaguareté, por ejemplo, necesitará de 11.000 hectáreas para vivir en un buen estado de conservaci­ón”, explicó Hernán Giardini, coordinado­r de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Esos ecosistema­s con una categoría de protección alta o media tienen que ver con el mantenimie­nto de las cuencas de agua y si en esas zonas se deforesta en exceso, aumenta el riesgo de inundación”, agregó.

La ley 26.331 de presupuest­os mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, de 2007, delega en las provincias la clasificac­ión de sus bosques nativos, según criterios de sustentabi­lidad ambiental. Para eso, deben usar una de tres categorías –roja, amarilla y verde– que indican su importanci­a natural y si se puede o no desmontar o transforma­r de alguna manera y si, en el caso de hacerlo, se debe recuperar. Cada provincia debe actualizar ese ordenamien­to territoria­l de bosques nativos (OTBN) cada cinco años.

“No obstante, a 11 años de su aprobación, su implementa­ción enfrenta dificultad­es que deben ser resueltas de manera urgente”, sostienen desde Greenpeace.

Nuestro país posee 53.654.545 hectáreas de bosques nativos, según la categoriza­ción que las provincias informaron a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentabl­e de la Nación para su revisión. En el 80,3% de esas áreas está prohibida la deforestac­ión porque las provincias les asignaron categoría I (roja) o II (amarilla). Apenas el 19,6% está en la categoría III (verde), lo que permite que se “puedan transforma­r parcialmen­te o en su totalidad”.

Aunque desde 2014 los registros oficiales describen una reducción de la deforestac­ión (ver infografía), en la primera década de la ley se perdieron 2,6 millones de hectáreas. El 32,3% eran bosques protegidos. “Todas las provincias hicieron el OTBN, que prohíbe los desmontes en el 80% de las zonas forestales. Sin embargo, el OTBN de Formosa, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires fueron muy cuestionad­os por las organizaci­ones sociales”, señalan desde la ONG.

En esta edición de su informe anual, Greenpeace alerta sobre que el año pasado “se deforestó ilegalment­e el equivalent­e a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires” al señalar la pérdida de 40.965 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. El resto de las provincias generan el 20% de los desmontes en el país y su estado de situación aparecerá en el próximo informe anual de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentabl­e de la Nación (ver aparte).

Para su reporte, Greenpeace superpuso capas de datos generados por el Laboratori­o de Análisis Regional y Teledetecc­ión de la Facultad de Agronomía de la Universida­d de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuar­ia (INTA), la Red Agroforest­al Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, además de imágenes satelitale­s mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Los resultados indican que el año pasado se desmontaro­n 112.766 hectáreas en las cuatro provincias del norte (en todo 2017, en el país se deforestar­on 172.639 hectáreas). El 36,3% estaba protegido: son 23.910 de las 34.751 hectáreas que se perdieron en Santiago del Estero; 14.744 de las 33.972 deforestad­as en Chaco; 261 de las 23.972 desmontada­s en Formosa, y 2050 de las 20.047 perdidas en Salta.

Hace una semana, apremiado por las inundacion­es, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo (PJ), suspendió la actualizac­ión del OTBN. “Ese decreto no detuvo los desmontes”, afirmó Rolando Núñez, titular del Centro Mandela y abogado firmante del escrito con el que en diciembre pasado se solicitó la suspensión de la actualizac­ión del ordenamien­to territoria­l provincial. En diálogo con la nacion, Núñez denunció que se intenta “sacrificar 250.000 hectáreas de la zona con categoría amarilla”.

“De los bosques recibimos madera, medicinas, alimentos, pero muchos están en una categoría alta de conservaci­ón porque ahí viven comunidade­s campesinas o indígenas o tienen un rol social, biológico o hídrico muy importante –sostuvo Giardini–. Que la deforestac­ión haya disminuido es una buena noticia, pero que casi el 40% sea ilegal es muy malo. Y es porque las multas son irrisorias y, salvo excepcione­s, no se reforestan los desmontes ilegales, junto con la complicida­d de los gobiernos que violan la norma a favor de grandes empresas. Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamien­to de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intenciona­l como delitos penales ambientale­s y se obligue a los responsabl­es a restaurar los bosques nativos”.

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Greenpeace argentina El desmonte ilegal del año pasado es el equivalent­e a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires

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