Francia y el derecho a la protesta
La Asamblea Nacional francesa, tras la larga y violenta ola de protestas protagonizada por los denominados “chalecos amarillos”, dio luz verde a la posibilidad de reglamentar el derecho a la protesta, de manera que, en las manifestaciones, no se generen episodios de violencia.
Para ello se autorizará a los prefectos a prohibir las protestas cuando con ellas se amenace el orden público o se promueva la violencia.
Los prefectos son funcionarios públicos que representan al gobierno nacional ante los organismos locales, esto es, ante los departamentos o regiones. Son ellos, entre otras cosas, los encargados de coordinar la acción de las fuerzas de seguridad, intervenir en las crisis de envergadura, actuar en las emergencias, reaccionar en casos de desastres naturales y emitir los documentos de identidad.
En adelante, podrán actuar frente a las manifestaciones de protesta, cuando haya peligro de violencia o se amenace o viole el orden público. Deberán hacerlo utilizando criterios objetivos, esto es, cuando se esté frente a amenazas concretas contra la integridad de las personas o contra sus bienes o contra los bienes públicos. Entre sus facultades se incluirá la de prohibir específicamente a personas individualizadas la posibilidad de participar en manifestaciones públicas, pudiendo para ello imponer penas de cárcel y multas severas.
Se espera que próximamente se sancione asimismo una norma que castigue severamente la violencia contra las personas y los daños contra los bienes que se produzcan con motivo o como consecuencia de las manifestaciones públicas. Las prohibiciones estarán sujetas a un procedimiento abreviado de revisión judicial.