La Justicia rechaza los pedidos de Cristina para demorar el juicio
Fernández de Kirchner había intentado postergar el proceso por la obra pública de Santa Cruz; comenzará el 26 de febrero
La expresidenta Cristina Kirchner deberá enfrentar a partir del próximo 26 de febrero su primer juicio oral y público por corrupción. Su estrategia para demorar el comienzo del juicio o enviar el caso a la provincia de Santa Cruz va camino a fracasar. El tribunal oral federal que la citó a juicio estudia rechazar sus planteos para posponer el comienzo del proceso o para enviarlo a otra jurisdicción.
Así las cosas, Cristina Kirchner deberá transitar el primer tramo de la campaña para las elecciones presidenciales, en las que podría ser la candidata estrella de la oposición, sentada en el banquillo de los acusados. Serán juzgados junto con Cristina Kirchner los detenidos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los exfuncionarios y empresarios Nelson Periotti, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl de Santibáñez y Abel Fatala.
La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita y de haber defraudado al Estado por 46.000 millones de pesos. La causa la investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y el juez federal Julián Ercolini.
Ahora, el juicio oral está a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara. Los magistrados recibieron la semana pasada un pedido del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, para aplazar el comienzo del juicio porque argumentó que el código prevé que entre el comienzo del juicio y la finalización de la instrucción suplementaria debe existir un plazo de 10 días y no iban a llegar a tiempo. El abogado cuestionó principalmente que, entre otras medidas de prueba, faltaba concluir un peritaje contable con un muestreo sobre algunas de las licitaciones de obra pública para determinar si hubo sobreprecios.
Los jueces recibieron el pedido y les pidieron opinión a todos los involucrados en el juicio. En las próximas horas firmarán una resolución. Por lo pronto, el fiscal del juicio oral, Diego Luciani, se opuso a posponer el inicio del proceso. Entendió que el pedido de la defensa de Cristina Kirchner es dilatar el inicio del juicio y escribió que no se perjudica el derecho de defensa ni sus intereses. En todo caso, si arranca el juicio sin toda la prueba, el perjudicado es la fiscalía y no la defensa. Además dijo que antes de iniciar la etapa de los testigos están las indagatorias o la lectura de la acusación, lo que da tiempo para completar las pruebas en caso de que sea necesario.
Los jueces enviaron además un oficio al cuerpo de peritos de la Corte para preguntarles si terminarán su trabajo a tiempo. Los expertos ya les adelantaron que contarán con la evidencia que se les pidió.
Al mismo tiempo, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, ambas oficinas del Gobierno que son querellantes en la causa, se opusieron a una postergación del inicio del proceso.
La Oficina Anticorrupción dijo que no se demostró que hubiera existido un perjuicio para la defensa. Y dijo que hay que armonizar la garantía de defensa en juicio con los compromisos internacionales que asumió la Argentina en diversos tratados para perseguir la corrupción y sancionar esos actos delictivos.
Mientras se daban estas consultas, Cristina Kirchner insistió en otro recurso para evitar el juicio oral. Les planteó a los jueces del tribunal oral que el caso debía ventilarse en Santa Cruz y no en Comodoro Py 2002, y en la Justicia ordinaria y no federal. Pidió que se declare la incompetencia del Tribunal Oral Federal, “por razón de la materia y territorio”.
Fernández de Kirchner quiere que la causa pase al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santa Cruz, que ya sobreseyó a la expresidenta en una causa en la que se investigaron adjudicaciones de varios contratos estudiados en esta causa. Según desarrolló Beraldi, “los hechos investigados y juzgados en la provincia de Santa Cruz resultan idénticos a los que se encuentran descriptos en los requerimientos de elevación a juicio que dan origen a la intervención de este Tribunal Oral [el 2]”.
En caso de que este pedido no sea concedido, Beraldi reclamará que se dicte el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por tratarse, según considera, de una cosa juzgada.
Este planteo de Beraldi ya fue hecho con anterioridad y rechazado por los jueces, por lo que es probable que también sea rechazado. El espíritu que prima en los tribunales es que no hay razones jurídicas ni una decisión política para que el juicio se posponga. Por lo que todo hace prever que el 26 de febrero empezará el juicio oral.
Según los fiscales que instruyeron el caso “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.
Se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que les permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”.
“Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que, comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a esa provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”, según el fiscal Pollicita.
Incluso, se indicó que De Vido montó una estructura dentro del Ministerio de Planificación Federal para direccionar la obra pública a favor de Báez.