La tragedia minera en Brasil
El debilitamiento de la institucionalidad ambiental no hace sino poner a la sociedad en riesgos imprevisibles, incalculables
Las imágenes del derrumbe de la represa minera en Brumadinho, propiedad de la empresa Vale, en Minas Gerais, son sobrecogedoras. Esta rotura del dique de contención se produce apenas a poco más de tres años de la tragedia ambiental originada en la rotura de la represa de Fundão, ocurrida en noviembre de 2015, también de propiedad de Vale, que produjo la muerte de 19 personas y un tsunami de más de 45 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que contaminaron 600 kilómetros de ríos llegando, incluso, hasta el océano atlántico. Las investigaciones sobre aquel caso establecieron que la cantidad de residuos que se desbordó era una clara evidencia de que las operaciones habrían sobrepasado largamente la capacidad de la presa.
En el desastre del último 25 de enero se derramaron 13 millones de metros cúbicos de lodo que avanzaron, en algunos puntos, a 80 kilómetros por hora, destruyendo casas y llegando al río. Ya se cuentan 142 personas muertas y 194 siguen desaparecidas. La compañía brasileña, propietaria de la mina, asegura que la represa fue revisada regularmente y que recibió “declaraciones de condición de estabilidad”.
Varios especialistas aluden a posibles negligencias y al otorgamiento de autorizaciones para la construcción de represas cuando, al mismo tiempo, se debilitan los controles y las regulaciones.
Esta situación se presenta en momentos en que el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, anuncia mayores flexibilizaciones de las regulaciones ambientales para evitar los que considera “obstáculos al desarrollo y la economía” de su país que producen las regulaciones ambientales.
El accidente de Vale ha preocupado lógicamente a los inversores que tienen acciones de esta compañía en los Estados Unidos, quienes han empezado a movilizarse, al entender que se presentaron informaciones engañosas a la comisión de Valores (SEC) cuando se aseguraba que realizaban inspecciones periódicas de sus presas, cuando en realidad ello no ocurría.
Es curioso que no se hayan fortalecido los controles luego del accidente ocurrido en 2015. Podría ser consecuencia de un interés común entre el proponente y el propio Estado.
Vale es uno de los principales productores mundiales de hierro y níquel, materias primas muy demandadas, sobre todo por china, lo que supone un apoyo para su negocio. Un dato fundamental: china no se caracteriza por requerir un estricto control de las normas ambientales.
Lo cierto es que el caso pone en debate la manera en que se desarrolla la minería en el mundo, y cómo se evalúan sus riesgos. En particular, por la preocupante iniciativa de intentar flexibilizar la ley de glaciares para que se puedan desarrollar proyectos sobre las áreas de periglaciares. Es por eso que resulta fundamental que la actividad minera se someta a las exigencias del procedimiento de Evaluación de impacto ambiental, que contempla la ley general del ambiente, sin que se debiliten los procesos de información y participación pública.
La falta de un procedimiento adecuado para analizar los riesgos de una actividad genera, no pocas veces, un contraproducente movimiento antiminero que perjudica a las empresas que cumplen sus actividades de acuerdo con una ética que respeta los valores ambientales.
El debilitamiento de la institucionalidad ambiental en materia minera no hace sino poner a la sociedad en riesgos que son incalculables, imprevisibles y muchas veces incontrolables en relación tanto con los valiosos recursos naturales de la argentina como con quienes viven en su territorio.