Los costos de apostar a que no haya cambios laborales

Desde el frustrado intento de consensuar a fines de 2017 una serie de reformas y adecuaciones al marco laboral, hubo diversas circunstancias que han ido frustrando iniciativas, lo cual da cuenta de que a la natural resistencia al cambio se suma una exaltación del statu quo, omitiéndose el deterioro que esta conducta ocasiona. Eso lo muestran varios indicadores, como los de cantidad y calidad del empleo.

Paradójicamente, a inicios de 2017 se pudo consensuar entre representantes sindicales, empresarios y el Gobierno una reforma a la ley de riesgos del trabajo que el Congreso aprobó. Dos años después, esta normativa fue ratificada e implementada en catorce provincias y muestra un éxito que debería emularse, tanto en los objetivos propuestos como en la metodología para alcanzarlos.

Trabajadores beneficiados con mejores indemnizaciones y con el acceso a ellas en forma mas ágil; empleadores que han visto reducida la litigiosidad judicial en un 44% en promedio (en provincias como Córdoba, ese porcentaje de baja superó el 70%). Como efecto, las alícuotas a pagar a las aseguradoras de riesgos del trabajo bajaron un 22%, alcanzándose así la meta de reducir el costo laboral extrasalarial y evitar que el sistema de riesgos colapse, con un beneficio para todos los actores del sistema. Una reforma virtuosa que debería tomarse como ejemplo.

Desde ya que existen cuestionamientos y planteos judiciales por la ley, pero se han recuperado los signos vitales de un subsistema que reducía la siniestralidad laboral (la tasa de accidentes de trabajo) y, en paralelo, incrementaba los costos para las empresas. Ello, como consecuencia de la mal llamada industria del juicio, ya que de ella no se desprende valor y sí la obtención de ventajas para aquellos que lucran en la intermediación.

En el plano estrictamente laboral, los trabajadores informales y desprotegidos siguen esperando que nuestros legisladores traten el blanqueo laboral. Mientras tanto, muchos jóvenes que sufren desempleo siguen sin poder acceder al mercado ni obtener las habilidades que una política de prácticas formativas en el ámbito de trabajo les debería dar, de modo tal de adquirir competencias para ser empleables.

Esos proyectos legislativos (blanqueo y prácticas formativas) están en el Congreso desde el año pasado, junto a otras iniciativas como la que propicia la igualdad de género y un incremento de las licencias especiales. Desde el sector sindical se anuncia que ninguna reforma laboral será tratada ni pasará por el Congreso, sin medir las implicancias y costos sociales derivados de esta suerte de jactancia de la inacción.

Es preocupante que se siga contribuyendo a postergar la llegada de soluciones a problemas de larga data y sumar indiferencia o desdén ante la irrupción de nuevos fenómenos de naturaleza aún mas disruptiva, que en países vecinos ya se decidió atender –tal como ocurrió en Chile con la reciente sanción de la ley de teletrabajo, o en Brasil con su reforma laboral–. Cuando se apuesta al inmovilismo, se agrava el estado de cosas.

Esa actitud parecería prevalecer también en algunas mesas de trabajo convocadas por el Gobierno y conformadas en forma tripartita con representantes de sindicatos y empresarios de sectores productivos para dinamizar o reconvertir y en los que se necesita romper con cierta inercia, la que ha provocado en algunos casos cierta esclerosis en la negociación colectiva e incluso la fosilización de marcos normativos que son defendidos invocando la protección de derechos adquiridos.

Este preconcepto que visualiza la negociación como una pérdida de derechos es también un síntoma de la misma patología, la que instaló el paradigma de la imposición, desplazando las concesiones recíprocas como metodología para preservar los equilibrios y adaptaciones a una realidad tan cambiante. Está en riesgo el empleo formal en la Argentina y hay que preservarlo. Y, a la vez, recrear las condiciones para que se pueda crecer con empleo.

El desafío debería aglutinar voluntades, tal como ha ocurrido en algunas experiencias exitosas de acuerdos sectoriales que permitieron garantizar la preservación de puestos, en tanto se adecuen condiciones que permitan darles sustentabilidad a esas fuentes de trabajo.

Llamativamente, aparecen muestras de mayor sensatez y razonabilidad en algunos grupos de trabajadores que, al no conseguir que las estructuras sindicales preexistentes aporten otra respuesta que no sea la retroalimentación de los conflictos, se organizan y constituyen entidades sindicales como las que se verifican en la actividad aerocomercial y para el segmento low cost.

Mientras el tiempo transcurre y se exteriorizan todas estas resistencias al cambio, se engrosan las víctimas del conservadurismo, que incluso a algunos los ha llevado a propiciar la restauración de normas perimidas. Sería penoso que no fuéramos capaces de ver cómo cada vez se genera menos empleos en el sector formal y asalariado, que pierde participación (bajó de 65,3% en 2013 a 63,4% en 2016), con independencia de la performance de la economía.

En cambio, el empleo por cuenta propia pasó de 21,6% en 2013 a 22,8% en 2015 y a 23,6% en 2017. En 2017, año en que la economía se expandió, el empleo asalariado aumentó 0,3%, pero el empleo por cuenta propia más que duplicó esta cifra, creciendo 0,7%. Eso da cuenta de cierta tendencia al deterioro de la calidad del empleo y de la impotencia del mercado laboral y las reglas que lo regulan para revertir este proceso, que se replicó en el resto de la región.

No aparece la determinación necesaria que le otorgue al derecho del trabajo una dimensión más abarcativa e inclusiva, que atienda los nuevos fenómenos de la empleabilidad en la economía colaborativa, la aparición de las plataformas digitales como mecanismos de intermediación entre oferta y demanda de bienes y servicios, y tantos otros emergentes en los que los rasgos de autonomía no deben resultar incompatibles con la apropiada protección social que merecen y a la que aspiran estos nuevos trabajadores.

Hay actividades que deberían ser priorizadas para permitir desde lo sectorial y “micro” converger con las reformas “macro” pendientes.

Desde los nuevos trabajadores digitales, pasando por el impacto de la industria 4.0, el trabajo en torno a la actividad de la atención y el cuidado domiciliario, son muchas las formas de trabajo que no pueden seguir condenadas a la informalidad.

Sin embargo, y pese a esta dificultad para comprender que la norma que no abreva en la realidad empieza a perder la condición de derecho, hay razones para ser optimistas. La Argentina atraviesa su ventana de oportunidad demográfica, porque cuenta con una población aún joven. Este bono demográfico alienta a introducir todas estas reformas estructurales en los próximos diez años, ya que a partir de 2030 la estructura poblacional comenzará a modificarse en forma significativa y los mayores de 65 años tendrá un peso preponderante en la conformación poblacional.

Solemos descollar cuando se trata de enumerar oportunidades perdidas. En este caso no debería perderse de vista el costo social y económico de continuar sin cambiar.

Los demás países de la región mayormente lo han comprendido y, con diálogo social y/o consensos parlamentarios, han ido adecuando su sistema de relaciones del trabajo. No hacer eso provocará que se siga deteriorando el entramado social.

Cuando se apuesta al inmovilismo y a postergar la llegada de soluciones a problemas de larga data, se agrava el estado de cosas