Una operación propia de torpes embaucadores
Un agente de la DEA que no es agente de la DEA. Un empresario extorsionado por una causa en la que no figura. Una supuesta extorsión pedida por el fiscal Carlos Stornelli delante de un testigo, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz. Un exembajador y exfuncionario kirchnerista, Eduardo Valdés, que habla del “operativo” contra el fiscal Stornelli.
Una denuncia sobre esa supuesta extorsión presentada ante un juez, Alejo Ramos Padilla, vinculado al kirchnerismo –y a Justicia Legítima– en un típico caso de fórum shopping (así se llama al mecanismo para encontrar al juez más conveniente). Ninguno sabía que sus conversaciones telefónicas estaban siendo grabadas. Quedaron al descubierto cuando Elisa Carrió hizo públicas esas conversaciones e inició una denuncia judicial. Una banda, en fin, de embaucadores (de chantas, en la jerga argentina) que en las últimas horas intentó voltear al fiscal Stornelli con métodos torpes y rústicos, tan evidentes que la operación abortó antes de nacer. Denunciados ayer judicialmente por Stornelli, es probable que algunos de ellos terminen presos.
La figura central de la mala obra es el (¿supuesto?) abogado Marcelo D’Alessio, que es el que se prestó a la operación, según una conversación telefónica de Baratta, quien fue mano derecha de Julio De Vido, con un exfuncionario kirchnerista (Carlos Zelkovicz). D’Alessio hace alardes de falsas influencias y dice que es abogado, pero ha mentido tanto que ya en los tribunales ponen en duda que tenga un título habilitante. D’Alessio se presentaba como funcionario de alto rango de la DEA, la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico. Su insistencia con la pertenencia a esa agencia norteamericana llevó a un periodista a manifestarle su asombro: “Yo creía que los agentes de la DEA no decían que eran agentes de la DEA”,
le dijo en la cara. D’Alessio continuó con sus mentiras, inalterable. Pero hizo algo más: le mostró un arma valiosísima que llevaba con él.
La relación de D’Alessio con Stornelli se limitó a dos o tres reuniones con él, en las que el fiscal levantó actas de denuncias del presunto abogado sobre narcotráfico o terrorismo. Alguna vez se quedaron conversando sobre cuestiones de la vida. Pero no pasó de esas formalidades ni de tales superficialidades. Es cierto que D’Alessio lo invitó a Stornelli a tomar un café en Pinamar, donde el fiscal pasó unos días de vacaciones a principios de enero. Pero fue el propio Stornelli el que lo citó en un parador público y, además, lo recibió junto con el intendente Sáenz, que se había encontrado antes con el fiscal. Sáenz llegó a la intendencia de Salta de la mano de Sergio Massa, pero ahora podría ser el candidato a gobernador por una coalición opositora al gobernador Juan Manuel Urtubey; en esa alianza está Cambiemos. Sáenz se vio de pronto metido en un escándalo por una operación de la que no sabía que había participado. Es difícil, si no imposible, que un fiscal negocie un soborno en un lugar público y delante de un testigo. Pero la reunión le sirvió a D’Alessio para hacer sacar una foto a la distancia y mostrarles a los conjurados (Baratta, sobre todo) que su relación con Stornelli existía y también la gestión para sobornar al fiscal.
Baratta es el autor intelectual de la operación contra el fiscal. La situación judicial de Baratta no puede ser peor. Su chofer, Oscar Centeno, es el que registró en sus diarios las fechorías de su jefe como valijero de los sobornos que iban a parar a De Vido y a los Kirchner. Baratta nunca aceptó la condición de arrepentido. Incluso, cabe la posibilidad de que detrás de Baratta esté el propio De Vido. De hecho, el abogado del exministro de Planificación, Maximiliano Rusconi, fue el primero en salir a pedir el desplazamiento de Stornelli y del juez Claudio Bonadio por la información que se había filtrado como parte de la operación contra el fiscal.
Vinculaciones
Hay un dato histórico significativo, porque vincula en el pasado a personajes centrales del escándalo de estos días. De Vido fue desaforado y puesto en prisión por la insistencia del fiscal Stornelli en la causa por malversación de fondos públicos en la mina de Río Turbio. Esa causa la llevaba el juez Luis Rodríguez, a quien Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusó de haber recibido una millonaria coima en dólares. Rodríguez nunca aceptó el pedido de Stornelli para meter en la cárcel a De Vido. Pero Stornelli tenía razón. Una resolución terminante de la Cámara Federal, con la firma otra vez de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le ordenó al juez Rodríguez que pidiera en el acto el desafuero de De Vido y lo mandara a la cárcel. Solo entonces Rodríguez hizo lo que Stornelli le venía pidiendo que hiciera. ¿Por qué Rodríguez pareció no ver las pruebas que fueron evidentes para Irurzun y Bruglia? ¿O, acaso, ya entonces había arreglos deshonestos entre el magistrado y los kirchneristas acusados de robarle al Estado?
Otra figura estelar de la operación contra el fiscal es el empresario agropecuario Pedro Etchebest, a quien supuestamente Stornelli habría mandado a extorsionar. D’Alessio le habría asegurado a Etchebest que el exministro de Economía de Kirchner en Santa Cruz Juan Manuel Campillo, lo había mencionado en su declaración como arrepentido. Y que Stornelli pedía 300 mil dólares para sacarlo de la causa. El problema de los conjurados es que Etchebest no figura en ningún papel de la causa de los cuadernos (ni de ninguna otra), no fue mencionado por Campillo y nunca lo conoció ni lo vio al fiscal Stornelli.
La operación de D’Alessio era completa: le sacaría 300 mil dólares a Etchebest con una mentira y, luego, ese robo le serviría para difamar al propio Stornelli.
En el caso se metió Eduardo Valdés, quien en una conversación con el exsecretario de Obras Públicas Juan Pablo Schiavi, también preso, le aseguró que la operación estaba en marcha. Valdés fue embajador en el Vaticano y su gestión fue un fracaso del primero al último día. Tanto es así que el propio Valdés le confesó a este periodista, al final de su gestión, que contaba los días para volver a Buenos Aires. Señal de que ninguna puerta se le abría en el Vaticano. Valdés fue jefe de gabinete de asesores del excanciller Rafael Bielsa. Fue eyectado de ese cargo luego de otra operación frustrada. Intentó meter por la ventana de la embajada argentina en La Habana a la médica disidente Hilda Molina. Fidel Castro se enteró de la maniobra cuando Valdés empezó a imaginar el pobre complot. La operación tuvo, en ese caso, una causa noble, pero fue hecha con la misma torpeza con que Valdés actuó ahora. Bielsa y Kirchner lo echaron de mala manera de la cancillería cuando explotó el escándalo. Sin embargo, Valdés se convirtió luego en un cristinista fanático. Lo sigue siendo. Valdés le vende esta clase de fábulas a Cristina Kirchner. La decadencia política suele tener esta clase de síntomas.
En una parte de la conversación de Baratta con Zelkovicz, en la que muestran la operación a cara descubierta, el exrecaudador de sobornos le explica a su interlocutor que deben hacer algo cuanto antes porque “la otra parte puede avanzar”. La otra parte son Stornelli y Bonadio. Hacer algo significa que deben presionar aún más al juez Ramos Padilla para que se apure. Ramos Padilla es juez federal de Dolores. ¿Qué tiene que ver Dolores con la causa de los cuadernos? Nada. Pero presentaron la denuncia ahí porque supuestamente
Stornelli pidió la coima en Pinamar, que está en la jurisdicción de Dolores. La operación necesitaba de un juez kirchnerista. En Dolores lo tenían. Ya los medios kirchneristas (sobre todo la señal de televisión C5N) le habían dedicado horas a la supuesta corrupción de Stornelli. Sucedió, no obstante, lo que Baratta suponía: Ramos Padilla se demoró viendo y arreglando los papeles. Ahora ya es tarde: la operación abortó.
Todo tiene que ver con todo, suele decir Cristina Kirchner. No siempre es así, pero no puede ser casualidad que este “operativo” (Valdés dixit) sucediera en el mismo momento en que caían bajo el sistema del arrepentido tres figuras claves de la matriz corrupta del kirchnerismo.
En primer lugar figura el eterno contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, cuya declaración es abrumadoramente acusadora para el exmatrimonio presidencial y para sus principales cómplices (De Vido y Baratta).
En segundo lugar está Carolina Pochetti que contó hasta cómo sobornaron al juez Rodríguez, una criatura judicial salida de la cantera de Cristina. Y en tercer lugar aparece el abogado de Pochetti, Miguel Ángel Plo, ya preso por complicidad con el lavado de dinero, que fuentes judiciales calificaron como “el abogado de la banda”.
La operación contra Stornelli (que también aspiraba a tumbarlo al juez Bonadio, según la declaración del abogado Rusconi y de algunas crónicas kirchneristas) es contemporánea con declaraciones de arrepentidos que aluden a la propia Cristina Kirchner como conocedora y jefa de las maniobras corruptas por cientos de millones de dólares. “Los arrepentidos están llegando a Berlín”, graficó un funcionario judicial con acceso a la causa en alusión a la llegada de las tropas aliadas al búnker de Hitler en la Segunda Guerra.