Crece la puja entre la Nación y las provincias por el costo energético
El Gobierno presiona a las distribuidoras del interior por una deuda de $19.500 millones; Cammesa, en tanto, dilata parte del pago a las empresas generadoras
La ambiciosa meta de llegar al déficit fiscal cero para fin de año repercute en que el Ministerio de Hacienda deje de ser tan permisivo con algunas irregularidades que antes eran moneda corriente.
En este caso se trata del sector energético. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) comenzó a presionar más insistentemente a las empresas distribuidor as por las deudas que acumulan desde hace tres años. Y, en paralelo, les comunicó a las generadoras de electricidad que al momento solo les pagará el 80% de la transacción de diciembre.
Es decir, el Estado no pondrá la diferencia de dinero que se genera entre la compra y la venta de energía cuando la causa sea la falta de pago de las distribuidoras.
El sistema energético en la Argentina funciona así: Cammesa –que es una empresa sin fines de lucro y de la que la Secretaría de Energía es dueña de solo el 20% de las acciones– compra y ordena a las generadoras despachar sus máquinas según la demanda de energía.
Del valor total, el Estado subsidia la mitad y el resto lo pagan los usuarios, que reciben sus boletas de luz con el costo de la generación que les facturó Cammesa, el de transporte, de distribución y los impuestos a pagar.
Las distribuidoras –Edenor y Edesur, por ejemplo– se encargan de emitir la factura y recaudar el dinero, que luego le transfieren a Cammesa. Sin embargo, algunas distribuidoras, que en algunos casos son privadas y en otros pertenecen a las provincias, retienen los pagos y no se los transfieren a la empresa.
De esta forma, en los últimos tres años se generó una deuda de $19.500 millones.
Desde hace unos meses, por lo tanto, Cammesa comenzó a hacer de manera pública, a través de solicitadas en los diarios, su reclamo por el cobro de las deudas.
Primero había sido el turno de exigirle a la empresa distribuidora de Mendoza, Edemsa, donde la provincia es dueña del 40%, y que tiene una deuda de casi $3000 millones generada en los últimos tres años. Desde entonces ambas partes están negociando la forma de pago. Y en los últimos días comenzó a verse en los diarios el reclamo a la distribuidora de Chaco, Secheep, que es 100% propiedad de la provincia, y que le debe a la compañía administradora $4755 millones. El gobierno chaqueño respondió ayer con una solicitada en la que Secheep admite esa cifra, pero dice que Cammesa “miente” respecto de que “los chaqueños” no quieran pagarla.
Cammesa también espera cobrar las deudas de $3300 millones de la empresa de Corrientes, DPE, y otros $3300 millones de la distribuidora de Misiones, EMSA, entre otras.
“El 100% del fondeo de Cammesa teóricamente debería venir de las tarifas que las empresas distribuidoras de todo el país les cobran a los clientes. Pero o porque las distribuidoras no quieren subir las tarifas por una cuestión política o porque los incrementos de tarifas siempre van retrasados respecto del nuevo costo de la energía o porque todavía la tarifa no alcanza a cubrir el 100% del valor de la energía, la falta de esos ingresos la tiene que cubrir el Estado a través del subsidio a la energía”, explican en la compañía.
“En esta oportunidad, el no pago de algunas distribuidoras y de algunas provincias hace que haya una mayor diferencia que tiene que poner el Estado. El Gobierno no nos envió los fondos para pagar esa diferencia a los generadores y por eso lo primero que hicimos es utilizar todos los fondos disponibles en Cammesa para pagar lo máximo sin esperar que el Estado nos mande lo que falta. En algún momento de los próximos días recibiremos esa diferencia y se lo trasmitiremos a las generadoras”, agregaron.
Es decir, ahora el malestar por la falta de pago de las distribuidoras no lo asumirá solo el Estado, sino que será compartido con las empresas de generación, que en los últimos días ya hicieron sentir su desconformidad.
En ese sentido, el aumento del 55% en la tarifa de luz que anunció a fines de 2018 el Gobierno tiene como objetivo que la generación de energía deje de estar subsidiada para fines de este año.