Un caso que se anticipó a la discusión de la “doctrina Chocobar”

El abogado de la víctima cuestiona la forma en que el Estado manejó el hecho

Para Nahuel Berguier, uno de los abogados que patrocinan a la familia Cabello, el de Lucas es un caso emblemático en muchos aspectos. El principal, en su opinión, es que el joven, contra toda probabilidad, logró sobrevivir a los tres disparos –uno de ellos, en la cara, con resultados catastróficos– a quemarropa y sobrevivió para contar lo ocurrido y contrarrestar los dichos del exagente de la entonces Policía Metropolitana Ricardo Ayala, que intentó instalar la versión de una legítima defensa ante una amenaza armada.

“El tema de la carátula del expediente es fundamental –explica Berguier a la nacion– porque, por ejemplo, al haber quedado la víctima cuadripléjica alguien puede pensar en un hecho de lesiones gravísimas, pero en ese caso las penas son de tres a diez años de prisión. En cambio, una tentativa de homicidio se castiga con la mitad del máximo del homicidio simple –que es de 25 años de cárcel–, y en un suceso como este se puede agravar por ser el imputado miembro de una fuerza de seguridad, lo que da una expectativa de pena más alta”.

El otro problema grave, sostiene el abogado de Cabello, fue la “desidia” con la que el gobierno de la ciudad “manejó” la situación. “Cuando existe conflictividad en un hogar de tránsito, donde hay personas en estado de vulnerabilidad, la intervención oficial no puede ser a través de policías, y mucho menos poner en el lugar a un pibe de 20 con seis meses de antigüedad. Otros agentes del Estado, como ser trabajadores sociales, debieron haber intervenido”.

Organismos de defensa de los derechos humanos que acompañan a la familia Cabello plantean que este fue un caso que adelantó la “doctrina Chocobar”. Recuerdan que a horas del hecho, y mientras Lucas luchaba por su vida en el Hospital Argerich, la entonces recién elegida gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que era vicejefa de gobierno, justificó la actuación del policía con el argumento de que el hecho se había producido a partir de una alerta de botón antipánico por una denuncia de violencia de género, algo que luego se comprobó que no era cierto.

Por último, otro dato que diferencia la causa de Lucas de otras es que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fue aceptada como querellante, algo que se da en muy pocos casos de violaciones de los derechos humanos no vinculados a crímenes de lesa humanidad.