Evalúan reabrir la causa por los bienes de Cristina
La UIF reclamó la anulación del sobreseimiento
La Justicia evalúa reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner a raíz de las declaraciones como arrepentido del contador Víctor Manzanares y otras revelaciones de la causa de los cuadernos. Desde ayer, el fiscal Eduardo Taiano tiene en sus manos un escrito que le envió el juez Ariel Lijo para que diga si corresponde anular el sobreseimiento firme que tiene ese expediente, declararlo fraudulento y volver a investigar el caso. Ayer, la UIF también pidió la reapertura.
La investigación por la denuncia de enriquecimiento ilícito tuvo un trámite exprés y fue cerrado en menos de seis meses por Norberto Oyarbide en 2009, cuando era juez.
Pero las nuevas revelaciones obligaron a revisar la clausura de la causa.
Otra opción que se baraja es que la causa por enriquecimiento ilícito quede en manos del juez Claudio Bonadio, quien al fin y al cabo es el juez que procesó a Cristina Kirchner como jefa de una organización que recaudó de manera ilegal dinero de un grupo de empresarios que hacían negocios con el Estado.
En 2008 el patrimonio de los Kirchner había crecido un 158% con respecto al año anterior según datos de la Oficina Anticorrupción. Hubo un salto de su patrimonio neto de 17.824.941 pesos, en 2007, a 46.036.711 pesos un año después. Algunos de los puntos que aparecían como dudosos en la causa apuntaban a ciertas incongruencias entre presentaciones de Néstor Kirchner, su esposa y su contador Víctor Manzanares.
En 2007, Oyarbide encomendó un primer análisis patrimonial de los Kirchner a la Oficina Anticorrupción, pero la evaluación no fue concluyente. Luego encargó un peritaje a la Corte y Manzanares, el contador de los Kirchner, hizo el suyo, como perito de parte.
Los dos informes justificaban el enriquecimiento patrimonial y Oyarbide firmó un sobreseimiento relámpago. El fiscal Taiano no apeló. Para esa misma fecha su hijo fue víctima de un secuestro exprés.
Entre 2003 cuando llegaron al poder y 2008 los Kirchner aumentaron su patrimonio en un 572 por ciento.
Además de la investigación a cargo de Oyarbide, tuvieron otras dos causas por enriquecimiento ilícito. La primera, que instruyó Julián Ercolini y abarcó el período entre 1995 y 2004, fue cerrada. La otra, que estuvo en manos de Rodolfo Canicoba Corral, abarcaba la evolución de la riqueza entre 2004 y 2007, y también fue sobreseída.
Oyarbide finalmente renunció como juez federal y cuando estalló el caso de los cuadernos, llorando declaró por televisión y ante el fiscal Carlos Stornelli que en aquella época le habían “apretado del cogote” para que cerrara la causa de los Kirchner. Se abrió una causa por ello, pero fue archivada.
Todo se reactivó cuando declaró ante Stornelli el contador Víctor Manzanares, que ahora, como arrepentido, confesó que Oyarbide le indicó cómo elaborar el peritaje que luego fue tomado como elemento de prueba para dictar el sobreseimiento. No obstante, quienes vieron esa declaración dijeron que el peritaje estaba bien realizado.
Cuando Oyarbide dejó su juzgado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi se hizo cargo como suplente hasta el año pasado.
La Unidad de Información Financiera se había presentado el año pasado en ese tribunal y le pidió ser querellante en la causa y reabrir el caso. Martínez de Giorgi le rechazó que sea querellante y no se pronunció sobre el resto. Pero el organismo conducido por Mariano Federici apeló ante la Cámara Federal y fue aceptado como querellante en nombre del Estado. Con ese fallo a favor, la UIF volvió a insistir ayer para que se reabra la causa y se refirió a la declaración del contador Manzanares.
El juez Lijo la pedirá para sumarla a la causa apenas Bonadio la incorpore a la causa de los cuadernos y homologue su acuerdo como arrepentido. La UIF, a través del escrito al que accedió la nacion, sostuvo: “No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares”.
Según la UIF, están dadas las condiciones para declarar nulo el sobreseimiento basado en la existencia de una “cosa juzgada írrita”. Esta figura permite revocar un sobreseimiento firme cuando fue producto de un fraude procesal.
Existen antecedentes sobre la aplicación de esta doctrina. Uno de ellos fue la revocatoria del sobreseimiento del exjuez federal Juan José Galeano en una causa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Otro caso fue el de Isabel Martínez de Perón, que había sido sobreseída en una causa de corrupción, donde se investigaba el cobro de un cheque de dos millones de dólares. La Corte Suprema revisó el fallo en favor de Martínez de Perón y consideró que se había sobreseído de manera errónea.
En el libro Un ensayo sobre la cosa juzgada írrita, prologado por Carlos Rosenkrantz y Alejandro Carrió, el autor, Federico Morgenstern, quien en ese entonces era funcionario de la Cámara Federal y es actualmente letrado de Rosenkrantz, plantea que en estos casos no hay doble persecución: “Algo puede haber sido juzgado sin que se haya realmente perseguido al sujeto, y en esos casos la respuesta normativa debería ser que no hubo juicio, o en realidad que este fue fraudulento y, por ello, es nulo”.