Los argentinos y la ley.

Para cambiar al país se debe aleccionar sobre lo importante de legislar con sabiduría, interpretar las normas con rectitud y administrarlas con ecuanimidad

Se debe aleccionar sobre lo importante de legislar con sabiduría, interpretar las normas con rectitud y administrarlas con ecuanimidad.

Es hora de pensar al unísono, sin exagerados lamentos ni exhortaciones vaciadas de contenido, cómo revertir el inveterado hábito argentino de violentar las normas establecidas según los sanos principios de la Constitución nacional.

Desde la época colonial, antes de habernos constituido en país independiente, los habitantes de estas costas teníamos ya una franca tendencia a vivir al margen de la ley. Así lo alentaban hasta los propios gobernadores con la hispana expresión de “acátese, pero no se cumpla”. Hemos vivido de tal manera hasta hoy, con una gran inseguridad jurídica, renunciando a la posibilidad de hacer realidad el gobierno de las leyes en la República.

Eso ha imposibilitado que fuéramos confiables para el mundo civilizado y ha trabado el desarrollo nacional tanto o más que las carencias materiales. Existen pruebas irrefutables al respecto: al igual que en la usura, que medra con personas carentes de crédito en el circuito financiero ordinario, los préstamos a la Argentina se suelen conceder con tasas reveladoras de la precariedad de nuestro historial por la condición reiterada de deudores fallidos. No se trata de un mal genético hereditario, porque el argentino se adapta fácilmente en otros países al cumplimiento de las normas locales. Uno de los pocos estudios sobre las causas de esta anomia, que etimológicamente consiste en ausencia de ley, ha considerado que en el caso argentino el Estado es uno de los principales culpables de la situación descripta.

En su famosa teoría de la dominación, Max Weber colocaba al Estado como principal y primer interesado, con propósitos políticos y fiscales, en la consolidación de la seguridad jurídica, en su carácter de beneficiario del recurso de la ley. Tal conclusión tiene, sin embargo, entre nosotros su demostración inversa, pues el Estado ha pasado a ser uno de los principales factores de la inseguridad jurídica, que daña al conjunto.

No puede sorprender que si el Estado está lejos de comportarse con ejemplaridad, los ciudadanos tiendan a sentirse relevados del cumplimiento estricto de las normas que aquel dicta. A veces, aquella responsabilidad recae en el Poder Legislativo a raíz de la sanción de leyes harto discutibles o por la negación a desaforar a diputados o senadores implicados, como exfuncionarios, en actos de corrupción escandalosa. O por dilatar la sanción de normas impostergables, como ocurre en estos tiempos con la de extinción del dominio sobre bienes mal habidos en la gestión pública o por resultas del narcotráfico.

El Poder Ejecutivo hace también a menudo aportes nefastos, entre los que figuran los manoseados decretos de necesidad y urgencia (DNU) y las reglamentaciones defectuosas, que conspiran contra el recto acatamiento de las leyes. Mientras tanto, no pocos integrantes del Poder Judicial se suman a ese cuadro, con jueces proclives a rendirse ante el soborno e incapaces de conservar la dignidad e independencia de sus investiduras ante el menor apremio de un gobierno fuerte y abusivo.

Uno de los mayores pecados de nuestro Estado en relación con las normas es el fenómeno de la inflación, consistente en el incumplimiento de la ley de la moneda, fuente atroz de inseguridad jurídica. A esto se agrega ahora la flagrante inseguridad física de los habitantes, librados a su suerte por una porción de la sociedad renuente a que se aplique con severidad la ley penal a los delincuentes. Además, el Estado se erige en uno de los principales incumplidores de leyes laborales y previsionales.

Tan nefasto cuadro se completa con situaciones inadmisibles, provocadas desde el llamado sector privado. Anotemos apenas dos, entre las muchas que Carlos Nino señalaba a comienzos de los noventa en su memorable obra Un país al margen de la ley: “El corporativismo inclusionario ha implicado –decía– no solo la manipulación de normas jurídicas para dar, por ejemplo, representatividad privilegiada a ciertos agentes sindicales”, sino también “una serie de presiones, protecciones y beneficios para controlar las demandas de la clase obrera al margen de la legalidad vigente”.

Lo mismo ha pasado –observaba Nino– con el proteccionismo industrial indiscriminado, que en muchos casos ha respondido a un favoritismo originado en relaciones corruptas entre empresarios y funcionarios públicos.

Para cambiar de verdad al país se requiere un soplo comprensivo que comience por la franjas dirigentes y aleccione sobre todo lo que importa legislar con sabiduría, interpretar en la Justicia la ley con rectitud y administrar con ecuanimidad dentro de los carriles de la Constitución nacional. Se trata de una empresa ardua, pero decisiva para promover en paz un cambio en las mentes, actitudes y conductas del resto de los ciudadanos.

Urge esa transformación a fin de dejar a las nuevas generaciones un país diferente del actual.