El cambio en los subsidios
Un tema que por ahora es una incógnita y cuya definición será fundamental para la evolución de las cuentas provinciales este año es la discusión salarial. La brecha promedio de diez puntos de 2018 entre inflación y subas nominales de los ingresos de quienes están en las dotaciones estatales tuvo un rol importante en la mejora del frente fiscal. El gasto en personal representa la mitad de los ingresos totales, en el promedio.
La provincia de Santa Cruz grafica plenamente la situación: después de 15 años de rojo, en 2018 logró superávit fiscal gracias a la inflación y al ajuste salarial. El de la gobernadora Alicia Kirchner es un caso extremo, ya que en 2017 no otorgó incrementos y en 2016 y 2018 las subas fueron de 15% y 20%, muy por debajo de la inflación. Para este año, la pauta salarial es cero.
Los mandatarios provinciales coinciden en que después de una inflación de casi 48% el año pasado, las presiones por la inclusión de una cláusula gatillo en las paritarias es “creciente”. La consultora Econométrica analizó que la mejora del resultado fiscal de las provincias en 2018 se explica porque que la aceleración de la inflación se traslada con mayor velocidad a los ingresos que a los gastos, lo cual generó un ahorro temporal.
Para el año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que en el dato consolidado de las provincias se alcanzó un superávit fiscal primario de 0,2% del PBI; considerando el pago de intereses de la deuda, el déficit financiero rondaría 0,2% del producto.
La ley de Responsabilidad Fiscal impide que el empleo estatal aumente por encima del crecimiento de la población y que el gasto público corriente primario se eleve más allá de lo que marque la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. El incumplimiento de estos puntos podría desembocar en que la administración nacional no autorice endeudamientos a los gobernadores que, en muchos casos, analizan dar ese paso para continuar planes de obra pública. Hoy hay diálogo con el gobierno central para consensuar los parámetros que se aplicarán en esos casos. El objetivo del déficit fiscal cero hizo que la Nación recortara los subsidios para el transporte y para la tarifa social eléctrica. En el interior del país el precio del boleto del colectivo es más alto que en la ciudad de Buenos Aires desde hace años, aunque la brecha se redujo con las últimas subas de trenes, subtes y ómnibus porteños.
La decisión de las administraciones provinciales y municipales fue reemplazar con dinero propio la mayor parte de lo recortado, con la intención de evitar incrementos significativos de precios y calmar las protestas de los concesionarios.
Para este año, la Nación presupuestó $24.000 millones para la tarifa social y los colectivos interdistritales (básicamente, líneas que unen CABA con localidades del primer cordón del conurbano bonaerense). Para el resto del país hay un Fondo Compensatorio de $6500 millones.
En Santa Fe, por ejemplo, la provincia asumió la mitad de los subsidios y el resto deberá cubrirse con tarifas. En Neuquén hay aportes de la provincia y de municipios; eso también ocurre en Río Negro. Córdoba –que deja de percibir $3800 millones– diseñó un fondo de $2000 millones, pero hay reclamos del transporte de media distancia.
En Tucumán hubo un paro de transporte porque los empresarios pagaron salarios desdoblados. Y hay presiones por una suba del boleto. El presupuesto provincial incluye $1500 millones de aportes para cubrir parte de lo que dejará de girar la Nación.
En la mayoría de las provincias hay subas de boletos aprobadas o en estudio. En Corrientes, el precio del colectivo se elevó 70% y en Santiago del Estero, donde subió de $10,35 a $19,50 en enero, la concesionaria de la capital, Ersa, anunció que dejará el servicio y despidió a los choferes. En Córdoba capital, una de las prestatarias entró en concurso y adjudicó sus problemas a la pérdida de subsidios.