Ofensiva de las provincias para limitar la inmigración
Proliferan las iniciativas para restringir su circulación
De Jujuy a Tierra del Fuego, en las últimas semanas proliferaron las iniciativas de provincias que buscan tomar medidas para limitar el acceso a la salud de los extranjeros y restringir la circulación de aquellos con antecedentes penales.
El avance de esas medidas deja en evidencia la decisión de vincular a los inmigrantes con el alza de la criminalidad o el colapso del sistema sanitario. Pero los especialistas en derecho advierten sobre la inconstitucionalidad de normativas provinciales que vayan en contra de la ley nacional de migraciones. “La inmigración es competencia del Estado federal”, explican.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceleró la instalación de la agenda a partir de la decisión de expulsar a los extranjeros que delinquen. Tuvo eco en las provincias de Chubut, donde se dictó un decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros con antecedentes, y en Tierra del Fuego, donde se está analizando una medida similar. En Jujuy, se discutió el peso de los extranjeros en la salud pública y en Comodoro Rivadavia analizan cobrarles los insumos médicos, algo que ya ocurre en Misiones. Si bien en algunos casos parecen más intimidaciones que medidas efectivas, los analistas advierten el peligro de la construcción del “otro como amenaza”.
La punta de lanza la dio Jujuy, que el 6 de febrero y luego de un agitado debate, aprobó una ley que elimina el sistema de salud pública gratuita para inmigrantes que no residan en la provincia. Tendrán que tramitar un seguro de salud que costará entre 20 y 30 dólares, según explicó Gustavo Bouhid, ministro de Salud provincial.
El caso de Manuel Vilca, el jujeño que sufrió un accidente en Bolivia y no podía pagar el precio de una operación allí, más otro similar ocurrido en Chile, reavivaron la polémica por la gratuidad y la universalidad de los servicios de salud.
En consonancia con la experiencia jujeña, hace dos días Miryam Monasterolo, la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se refirió al “turismo de salud” que existe en la zona y anticipó que el hospital insistirá con cobrar insumos médicos a los extranjeros que se atiendan allí por intervenciones quirúrgicas que no revistan urgencias.
También en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni firmó el martes pasado un decreto que plantea expulsar y prohibir el ingreso a la provincia a extranjeros con antecedentes penales. Arcioni relacionó directamente la cantidad de delitos con la presencia de extranjeros: “No podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio”, afirmó. Algo similar planteó el ministro de gobierno fueguino, José Luis Álvarez. “Debemos cuidar nuestra provincia de aquellas personas que no vienen a trabajar, sino a delinquir”, dijo.
La convivencia cotidiana con sus vecinos es parte del ADN de Misiones. Históricamente los paraguayos usaron el sistema de salud pública del lado argentino, en especial los servicios de alta complejidad como diálisis, tratamientos oncológicos o trasplantes. Pero en los últimos años Misiones empezó a hacer valer un viejo convenio que había entre la provincia y el gobierno paraguayo, por el cual la provincia recupera los gastos.
Las cifras indican que los inmigrantes representan menos del 5% de la población del país y se estima que su trabajo contribuye con alrededor de un 4% del producto bruto interno (PBI). Más del 80% de ellos provienen de países limítrofes, a excepción de los venezolanos, que el año pasado y en un hito histórico superaron a la tradicional inmigración paraguaya y boliviana. En 2018 se tramitaron 221.892 radicaciones (84.575 permanentes y 137.317 temporarias). Las cinco primeras nacionalidades que ingresaron fueron venezolana, paraguaya, boliviana, colombiana y peruana.
Con respecto a su incidencia en el delito, los extranjeros representan un 6% del total de detenidos en el país. Si se contabiliza solamente a los presos en cárceles federales, esta cifra puede llegar al 20%, porque contempla a crímenes como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando, que suelen ser transnacionales.
En cuanto a su participación en la salud, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detectó que, dada la escasa prevalencia de la población migrante sudamericana sobre la población total, el impacto que ella ejerce sobre los servicios que prestan los hospitales públicos y los CAPS resulta escaso. Otro informe de la OIT publicado en julio pasado analizó a los trabajadores inmigrantes en la Argentina y concluyó que la inmigración no suele asociarse con la pérdida de empleo o la reducción de ingresos entre la población autóctona.
En un año electoral complejo para el Gobierno por el impacto negativo de la crisis económica, la apelación a la agenda de la seguridad le dio oxígeno a la administración macrista porque apuntó a uno de los temas que más preocupa a la gente, según las encuestas. Sin embargo, pese a las intenciones de los gobernadores, los especialistas en derecho hablan de la inconstitucionalidad de normativas provinciales que vayan en contra de la ley nacional de migraciones. “La inmigración es tema de competencia del Estado federal. Las provincias no pueden de ninguna manera arrogarse estas facultades”, explicó Daniel Sabsay, abogado constitucionalista. Para Andrés Gil Domínguez, un decreto provincial de esta naturaleza implica una secesión territorial parcial de la provincia respecto de la unidad del Estado federal, “una suerte de escisión catalana en materia migratoria con negativas consecuencias jurídicas que pueden desembocar en la intervención federal”.
Para Juan Gabriel Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Di Tella y Ph.D en Relaciones Internacionales, estamos ante una reconstrucción del miedo y del “otro” como amenaza bajo criterios oportunistas y electorales. “Lo más problemático es que se quiere enraizar una nueva grieta en el contexto de un país crecientemente fracturado, empobrecido y angustiado. En vez de procurar una política sólida y sustentable, política y socialmente, para abordar los fenómenos criminales concretos, se opta por ahondar divisiones, temores y frustraciones”.
Horacio García, director general de Migraciones, explica: “Tenemos que resolver cómo la persona que rompió el pacto de confianza con la sociedad que le abrió las puertas continúa su vida en el lugar de donde vino. Pero el gran tema es cómo orientamos a los inmigrantes a los lugares en los que más se necesita su trabajo”.
El 8 de este mes, el Centro de Estudios Sociales y Legales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que considera graves medidas regresivas en materia de derechos de las personas migrantes en el país. García rechaza estos planteos. “En los últimos tres años se radicaron 670.000 personas y hemos expulsado a 1140. Evidentemente es un sistema al que no le falta mesura y equilibrio, y somos muy racionales a la hora de tomar estas decisiones”, explicó.