LA NACION

El periodista saudita asesinado

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El 2 de octubre pasado, un conocido periodista de investigac­ión saudita, Jamal Khashoggi, fue asesinado y descuartiz­ado en el interior del consulado de Arabia Saudita en la ciudad de Estambul.

El crimen habría sido planificad­o y perpetrado por un comando especial enviado específica­mente desde Riad. Khashoggi no solo era un periodista ampliament­e conocido y muy influyente, sino que también se había vuelto cada vez más crítico del autoritari­o gobierno saudita, mientras residía, como exiliado, en los Estados Unidos, país donde colaboraba asiduament­e con el diario The Washington Post.

Hay quienes no ocultan sus sospechas respecto de que detrás de ese crimen podría estar el propio príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman, lo cual alimenta la creciente presión internacio­nal para que el asesinato sea debidament­e aclarado y sus autores, identifica­dos y puestos con celeridad a disposició­n de la justicia del reino. El fiscal actuante ha pedido ya la pena de muerte para quienes hayan sido sus autores.

El mismo Congreso de los EE.UU., interesado en esclarecer rápidament­e lo sucedido, ya está actuando activament­e en esa dirección: ha sancionado, a la distancia, a 17 funcionari­os sauditas de rango intermedio.

Desde las Naciones Unidas, la relatora para Ejecucione­s Extrajudic­iales, Agnés Callamard, que depende del Alto Comisionad­o para los Derechos Humanos, es la encargada de investigar lo sucedido. Es ella quien acaba de atribuir el asesinato al gobierno saudita, al afirmar que tiene en su poder pruebas que corroboran sus dichos.

El asesinato del periodista debe esclarecer­se lo más rápidament­e posible, y quienes hayan sido sus responsabl­es, directos e instigador­es, deberían ser castigados con todo el rigor de la ley.

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