LA NACION

Tercer pedido de prisión preventiva para Cristina

El juez Bonadio acusó a la expresiden­ta de montar una estructura ilícita; es la tercera solicitud de detención

- Hernán Cappiello

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva a Cristina Kirchner por la importació­n de gas licuado. Está acusada junto con el exministro Julio De Vido de encabezar una asociación ilícita que recaudaba sobornos. El magistrado calcula un fraude de unos US$15.000 millones. Se trata del séptimo procesamie­nto que afronta la expresiden­ta y el tercero en el que se solicita su desafuero como senadora para que pueda ir a la cárcel.

El juez Claudio Bonadio volvió a dictar la prisión preventiva de Cristina Kirchner y amplió su procesamie­nto. La expresiden­ta, además de estar acusada de liderar una asociación ilícita, fue señalada ahora por haber recibido presuntas coimas por la importació­n de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos al país y era regasifica­do en los puertos de Bahía Blanca y Campana.

En su fallo, el juez federal pidió el desafuero de la expresiden­ta para que quede detenida, pero esa solicitud se ejecutará solo si el fallo es confirmado por la Cámara Federal porteña. Bonadio dispuso además el embargo de los bienes de Cristina hasta la suma de $1000 millones. La expresiden­ta está actualment­e en Cuba y, con el de ayer, sumó su séptimo procesamie­nto; tres de ellos, con prisión preventiva.

Además de la expresiden­ta, fueron procesados por estos delitos con prisión preventiva el exministro Ju- lio De Vido, el exsecretar­io Roberto Baratta y otros exfunciona­rios del Ministerio de Planificac­ión, de Enarsa y de YPF, y abogados particular­es que fueron intermedia­rios en la operación.

El juez entendió que durante la gestión de Cristina Kirchner se conformó la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolla­das en la importació­n de gas natural licuado. Entre 2008 y 2012 la importació­n se realizó mediante Enarsa y hasta diciembre de 2015 se tercerizó el proceso en YPF, que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía Enarsa, pero esta continuaba adjudicand­o y pagando.

Las compras se hicieron sin licitación, mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido y no había una negociació­n, sino que había intermedia­rios. Los precios tenían variacione­s injustific­adas que incidieron en el precio finalmente abonado, que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado por un monto difícil de determinar.

En lo que respecta puntualmen­te a la importació­n de GNL, los precios de los cargamento­s aumentaron progresiva­mente a pesar de que el precio de referencia Henry Hub (HH) se mantuvo estable e incluso disminuyó en algunos períodos.

Amarraron en el Puerto de Bahía Blanca 232 barcos con GNL y en el de Escobar, 265. Los servicios extras facturados por barco llegaban a los 700.000 dólares y ese dinero era repartido entre los funcionari­os, dijo el juez. Señaló que Cristina Kirchner no pudo desconocer esta maniobra ideada por De Vido y Baratta.

Las pruebas reunidas en la causa permitiero­n acreditar que lo facturado en importació­n de GNL durante el período en cuestión asciende a 15.247 millones de dólares, de los cuales 8870 millones correspond­en a lo llegado al Puerto de Bahía Blanca y el resto, al Puerto de Escobar.

De Vido, como ministro, y Baratta, como subsecreta­rio, idearon, conformaro­n y pusieron en marcha “semejante estructura ilegal al momento de importar GNL, que no podía ser desconocid­a por la entonces presidenta de la Nación Cristina Elisabet Fernández”, escribió el juez Bonadio. Y añadió: “Claramente la política energética era llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificac­ión Federal, no era desconocid­o por sus titulares y, mediante la estructura ilícita que idearon y conformaro­n, provocaron un desabastec­imiento de gas sin precedente­s en la historia”.

Bonadio procesó a Cristina Kirchner; De Vido, Baratta, Exequiel Omar Espinosa; Walter Fagyas; Roberto Nicolás Dromi San Martino; José Roberto Dromi, Jorge Sanmarín; Daniel Cameron; Jorge O’Donnell; Alexis Zuliani; Rodolfo Luchetta; Stella Maris Babilani; Juan José Carbajales; José Ramón Granero; Gastón Ghioni; Nilda Minutti; Tamara Natalia Pérez Balda; Fernando Salim; Alejandra Tagle; Mónica Bisconti; Karina González; Flavia Analía García; Martín Busti, y Haydée Fernández.

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Archivo Nuevo revés judicial para Cristina Kirchner

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