La Argentina, entre los países con peor abordaje del abuso infantil
Un ranking elaborado por The Economist evaluó la capacidad de respuesta de 40 Estados frente a esta problemática y destaca en qué áreas cada uno debe mejorar
Según un ranking que evaluó la capacidad de respuesta de 40 países del mundo frente al delito de abuso y la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, la Argentina está en el puesto número 35, quedando en la peor posición entre los Estados americanos analizados y por debajo de varios africanos, como Uganda (19) y Ruanda (30). En el extremo opuesto, entre los primeros lugares se encuentran Reino Unido, Suecia, Canadá y Australia. Los datos se desprenden del programa de investigación “Fuera de las sombras: arrojando luz sobre la respuesta al abuso y la explotación sexual infantil”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés) y disponible online. Contó con el apoyo de la World Childhood Foundation, la Oak Foundation y la Carlson Family Foundation, y fue creado con el aporte de 36 expertos internacionales.
El índice ilustra cómo cada país está respondiendo al problema, destacando en qué áreas es necesario enfocarse para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que incluyen terminar con toda forma de violencia hacia los niños para 2030.
“No me sorprende el resultado del informe y el lugar que ocupa la Argentina. Cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, la ausencia del Estado resulta evidente”, opinó Paula Wachter, fundadora y directora de Red por la Infancia, y amplió: “No hay estadísticas que permitan realizar un diagnóstico preciso de la magnitud y dinámica del problema que afecta a casi el 20% de la población infantil”.
Los puntajes van del 0 al 100 (la Argentina obtuvo 45,4) y tienen en cuenta cuatro variables: el contexto en donde ocurre el abuso y la respuesta que recibe de parte de los sistemas de protección; el grado en el que el marco legal de un país ampara a los niños y niñas contra la violencia sexual; si se está desplegando el compromiso y la capacidad del gobierno para invertir recursos, equipar a las instituciones y al personal para que respondan de manera apropiada, así como para recopilar datos que permitan comprender el alcance del problema, y la participación del sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación en los esfuerzos para abordar este delito y brindar apoyo a las víctimas.
En el caso de la Argentina y con respecto a los progresos alcanza- dos, se señala, entre otras cuestiones, que el Gobierno cuenta con una línea telefónica especial para denunciar casos de abuso y explotación sexual infantil. Además, aquellas personas que trabajan con niños y niñas en el área de la ley, la salud y la educación, por ejemplo, cuentan con indicaciones sobre cómo apoyar y tratar a las víctimas.
Grandes desafíos
Algunos de los desafíos que se mencionan para la Argentina son que la confianza en la aplicación de la ley y el funcionamiento del sistema judicial es relativamente baja, y que si bien las normas e iniciativas abordan el abuso y la explotación sexual infantil, el país carece de un plan nacional coherente para combatir este delito.
Además, se destaca la ausencia de un sistema propio de notificación y eliminación relacionado con el contenido sobre abuso sexual infantil en internet, y que la Argentina tampoco es miembro de ninguna red internacional de notificación y eliminación de este tipo de material.
Según Wachter, si bien existieron grandes avances en el marco normativo, con reformas legislativas que permiten mejorar la protección de la infancia, la confianza en la aplicación de la ley por parte del Poder Judicial es una de las más bajas del mundo.
“La impunidad está a la orden del día y tenemos un proceso de Justicia que con frecuencia revictimiza a los niños, no les cree y no los protege. Hay grandes desafíos que deben ser encarados, comenzando por la arquitectura del sistema y la capacitación de los operadores judiciales”, subrayó la especialista.
Para ella, aunque el informe menciona como fortaleza la capacitación de los efectores en contacto con la víctima, en su experiencia de campo “esto no resulta tan claro”. “Al contrario, advertimos un gran desconocimiento de los procedimientos por parte de los diferentes actores. No siempre hay protocolos claros y, cuando los hay, no siempre se respetan”, aseguró.
Otro punto crítico para Wachter es que el “acceso a la línea de denuncias no en todos los casos se traduce en acceso a la Justicia por parte de las víctimas, el entramado institucional es complejo y no se cuenta con mecanismos simples y efectivos”.
El trabajo señala que si bien se da principalmente en las sombras, la violencia sexual es una amenaza universal y ningún niño o niña están inmunes. Sin embargo, esta forma especialmente perniciosa de abuso rara vez se encuentra dentro de los temas de agenda.
Entre las conclusiones, se destaca que solo 25 de los 40 países tienen leyes que requieren que quienes trabajan con niños reporten casos de abuso sexual infantil. Por otro lado, participar en actividades sexuales frente a un niño está prohibido en el 47,5% de los países (19 de 40), mientras que las leyes que prohíben explícitamente el contacto sexual de menores existen en poco más de la mitad (21 de 40).
“El abuso sexual en la infancia es una pandemia global. Lo que difiere es lo que los Estados están haciendo para mejorar su capacidad de respuesta. No es algo que no se pueda evitar y hay buenos ejemplos de ello”, subraya Wachter.
La especialista concluye: “Hace un largo tiempo estamos tratando, sin éxito, de que la Argentina adhiera a la iniciativa Inspire, liderada por la OMS con el apoyo de Unicef y el Banco Mundial, entre otras agencias internacionales, que busca que los Estados implementen las siete estrategias que han resultado efectivas en el mundo para combatir la violencia contra los niños”.