El Gobierno otorgó un aumento a los estatales para evitar un paro
La Casa Rosada acordó con UPCN un incremento que se suma a los $13.000 millones que irán a las obras sociales
El Gobierno sumó un nuevo gesto hacia la CGT, en medio de las presiones de Moyano y las dos CTA para convocar a una nueva huelga
En otro gesto hacia el sindicalismo tendiente a evitar un nuevo paro general para fines de mes, el gobierno de Mauricio Macri acordó ayer una compensación salarial para los empleados estatales agrupados en UPCN y ATE.
“Estamos trabajando en un complemento salarial como parte de la paritaria de 2018; hoy tenemos una reunión al respecto y habrá novedades”, anticipó el vicejefe de gabinete Andrés Ibarra luego de la reunión del gabinete nacional encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Horas después, y luego de una reunión formal en la Secretaría de Trabajo, se confirmaron las condiciones del incremento: un aumento del 3% a cobrar en mayo más un bono por única vez de $2000 que se pagará durante este mes y un aumento adicional del 13% del premio por presentismo, que actualmente alcanza los $1500.
“Sabemos que [el aumento] no llega ni por casualidad a compensar la inflación del año pasado, pero ayuda a descomprimir”, sostuvieron desde la Jefatura de Gabinete. El acuerdo, concretado con el gremio que encabeza Andrés Rodríguez, también alcanza a los afiliados de ATE, aunque esta organización de estatales firmará, como es costumbre, “en disidencia” y sin ceder en su reclamo de un 40% de incremento.
La “compensación” salarial para los estatales se suma a la cesión por decreto a las obras sociales de los sindicatos de cerca de $13.000 millones, acordada luego de semanas de sigilosa negociación entre el representante de la CGT, José Lingeri, y los ministros Dante Sica (Producción y Trabajo) y Carolina Stanley (Desarrollo Social), publicado ayer en el Boletín Oficial.
“(La cesión) es la integración de un fondo a partir de deudas existentes, este fondo se va a aplicar a las obras sociales”, afirmó Ibarra con diplomacia cuando la nacion le preguntó si estos fondos irán a “aplacar” los reclamos de la CGT. La central medita si se suma al paro general que planean el camionero Hugo Moyano y las tres CTA y al que podrían adherir los sindicatos de izquierda, que tiene como fecha tentativa el próximo martes 30 o mediados de mayo. Rodríguez, quien integra el consejo directivo de la CGT, es uno de los dirigentes que se oponen a la medida de fuerza.
“En el marco de la difícil situación económica que atraviesan los argentinos, nuestra organización decidió acortar e intensificar los plazos de la negociación paritaria para lograr una revisión, cada vez más acotada, de la realidad salarial y el incesante deterioro del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores”, informó UPCN a través de un comunicado.
Allí, la entidad promete a sus
afiliados “multiplicar los esfuerzos, sobre la base del diálogo y la negociación, para alcanzar una rápida recomposición salarial de las trabajadoras y los trabajadores estatales en el marco de la paritaria 2019”, que aún no comenzó.
Fondos por decreto
En el decreto publicado ayer, que lleva la firma del presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el Gobierno efectivizó un nuevo guiño hacia los gremios. Delegó en la Superintendencia de Servicios de Salud parte del Fondo de Asistencia de Emergencia y un porcentaje del dinero colocado en bonos Bonar, que llegarían a las obras sociales si es que los gremios apoyan, mediante sus referentes parlamentarios, la ley que regula el empleo no registrado (ingresó el viernes al Senado) y medidas para frenar la litigiosidad laboral, iniciativa que el Gobierno intentó aplicar durante la gestión de Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo.
El decreto también establece la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet), que servirá como freno a las demandas judiciales millonarias por servicios médicos no prestados por las obras sociales a través del programa médico obligatorio (PMO). “Estamos organizando un sistema que estaba desordenado, con juicios por todos lados. Los gremios están contentos”, afirmaron desde la Jefatura de Gabinete.
La nueva agencia, afirmaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud, dictaminará sobre los reclamos a las obras sociales sobre servicios no prestados, aunque sus fallos no serán vinculantes.
Más allá del coqueteo con la central obrera y los gremios afines, los sindicatos opositores al Gobierno y los movimientos sociales planean ir al paro para protestar contra la situación económica y social. “Si la CGT sigue dando vueltas, vamos a convocar al paro igual”, sostuvo días atrás Pablo Micheli, de la CTA Autónoma.