En medio de la tensión, el Gobierno avanza en un pacto con las organizaciones sociales
Incluye el aumento de los planes y de la asistencia a comedores; hoy siguen las tratativas
El Gobierno y las organizaciones sociales se encaminan a firmar un pacto de no agresión por las próximas semanas. Según adelantaron a la nacion fuentes de la Casa Rosada y de los grupos piqueteros, habría un principio de acuerdo.
En medio de la crisis económica, que tiene un impacto mayor entre los beneficiarios de planes sociales, el Gobierno se mostró dispuesto a atender los dos reclamos que le hicieron la última semana los líderes de los movimientos: incrementar las partidas para los comedores comunitarios y aumentar los salarios sociales, de los $6000 que cobran en la actualidad a $7500, en junio.
El aumento está en línea con el incremento del 25% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que por la actual situación el Gobierno tuvo que adelantar el último mes.
Si bien las negociaciones continuarán hoy, “hay un principio de acuerdo”. Pese a esto, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CorrienEl te Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie mantienen el estado de alerta y se movilizarán a la Anses y al Obelisco.
Así, después de varios meses, el Gobierno comenzó un ronda de negociación con los referentes de las organizaciones sociales que integran el denominado triunvirato piquetero. Igualmente, durante ese tiempo, siempre se mantuvo el diálogo entre los piqueteros y el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Ayer, por ejemplo, el secretario de Articulación de Política Social, Carlos Pedrini, número dos de Stanley e interlocutor más habitual con las organizaciones, se reunió con la CTEP. Hoy, será el turno de Barros de Pie.
A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no habrá una gran mesa. Según adelantaron en el gobierno nacional, la negociación será con cada organización por separado.
Cerca de la ministra Stanley se mostraron confiados en los avances y resaltaron el compromiso de los líderes de los movimientos sociales para evitar el conflicto callejero. Es que mantener la paz social es uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri para este año electoral.
“El Gobierno se comprometió a actualizar los convenios de obra realizados por las cooperativas y el salario social complementario, que están –aun así– muy por debajo de la inflación. Pero si no hay un cese de las suspensiones y no se pone en agenda parlamentaria la emergencia alimentaria en forma urgente, la situación social será cada vez peor, porque el hambre avanza en los barrios sin parar”, advirtió Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y del Movimiento Evita.
El canal de negociación se aceitó en los últimos días tras el intento que realizaron las organizaciones sociales de instalar un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social –el Gobierno desplegó un importante operativo policial para disuadirlos– el último jueves, tras una jornada de masivas movilizaciones y cortes en el centro porteño.
Las protestas se repitieron en el resto del país. En total se movilizaron unos 200.000 integrantes de las organizaciones sociales, que realizaron más de 100 cortes de calles y ollas populares.
Tras un cruce de llamadas entre funcionarios y líderes piqueteros se acordó comenzar la negociación.
Fue también la respuesta del triunvirato piquetero frente a la confirmación de que la crisis cambiaria, la aceleración de la inflación –sobre todo del precio de los alimentos–, una licuación de ingresos, mayor desempleo y una fuerte recesión como escenario de fondo, provocaron el aumento de la pobreza, que alcanzó a un 32% de los argentinos. Eso significó una suba de más de seis puntos porcentuales con relación a un año atrás.
La primera reacción del Gobierno ante ese número fue el incremento del 46%, a comienzos del último mes, para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Casa Rosada decidió utilizar para eso parte de los fondos que el FMI le permite usar para gasto social.
El Presidente se quedó con unos $25.000 millones para incrementar el gasto social si lo considera necesario. Se trata de una carta efectiva para utilizar durante la campaña electoral en la que irá por la reelección sin modificar el presupuesto nacional ni tener que negociar con la oposición o tocar el objetivo de déficit cero.