Un faltazo de la cúpula de la CGT postergó el debate sobre el blanqueo laboral
Los sindicalistas debían presentar su postura en el Senado; la puja por los fondos de las obras sociales, en el trasfondo de su ausencia
En una jugada que tiene como telón de fondo la puja por los fondos de las obras sociales, la CGT pegó el faltazo en el Senado e hizo fracasar el debate en comisiones del proyecto de ley de blanqueo laboral que impulsa la Casa Rosada para detener el aumento del índice de desempleo.
La jugada de la central obrera provocó fuerte malestar en el oficialismo, que, como contrapartida, le pidió al ministro de la Producción, Dante Sica, que esperaba en el despacho de un senador de Cambiemos, que tampoco se presentara ante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, como estaba previsto.
“No sé por qué no vino la CGT”, respondió, lacónico y serio, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), ante la consulta de la nacion acerca de las causas de la ausencia de la delegación sindical.
Más directo aún fue Julio Cobos (UCR-Mendoza), quien apuntó sus dardos a la central obrera. “Se había acordado, esta no era una reunión improvisada”, se quejó.
El radical fue más allá y reveló detalles de las negociaciones. “Hasta se había tenido el gesto de esperar la marcha de la CGT” del jueves pasado, aseguró Cobos, dejando en claro que la presentación del proyecto fue sincronizada con la cúpula sindical.
La lectura política más extendida ayer en el Senado, compartida por el oficialismo y el PJ, ponía los $13.000 millones que el Gobierno sumará para las obras sociales en el centro de la escena. Y el faltazo fue leído como una jugada de la CGT para presionar al Poder Ejecutivo a que gire esos fondos a los gremios.
La otra versión
Desde la central obrera no hubo una explicación oficial sobre la ausencia ante los senadores.
Sin embargo, fuera de micrófono, se argumentó que los abogados de la CGT habían encontrado una cláusula abusiva en materia de condonación de deudas y multas que beneficiaba a los empresarios.
Sin embargo, esta explicación quedó desarticulada apenas comenzó el plenario, cuando Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan), autor del proyecto, anunció la modificación del artículo cuestionado.
Sin la CGT ni el ministro Dante Sica, la reunión terminó convertida en una pulseada política en la que nadie quería hacerse cargo del fiasco.
“Si esto tiene como finalidad que los trabajadores dejen de estar en negro tenemos que tener la opinión de la CGT sobre este tema”, planteó el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro).
El peronista le respondió así a Cobos que, molesto por el desplante sindical, había pedido avanzar con la firma del dictamen. El radical había argumentando que el proyecto tenía el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas que integran el Senado.
En el bloque PJ también se encargaron de aclarar que las palabras de Pichetto también apuntaron a reclamarle la CGT que se haga cargo de manera pública de sus acuerdos con el Gobierno.
Al respecto, en el peronismo remarcaban que el rionegrino todavía recuerda la gaffe de noviembre de 2016, cuando comprometió el apoyo de su bloque a la reforma laboral acordada entre la central obrera y el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca y pocos días después Pablo Moyano pateó el tablero y deslizó sospechas de corrupción.
Aquel proyecto perdió estado parlamentario.
De hecho, el texto presentado por el senador Roberto Basualdo es una versión actualizada del blanqueo laboral contemplado en aquella iniciativa.
El paso de comedia terminó por convertir el plenario en un fracaso, tanto que casi nadie prestó atención a los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que apoyaron el proyecto y reclamaron discutir sobre “el costo laboral” argentino.
El plenario pasó a cuarto intermedio para el martes próximo por la mañana.
Ese mismo día el Senado tiene previsto sesionar para tratar de modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos. En la misma sesión podría discutirse la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (Agnet), proyecto avalado por el Gobierno y la CGT para contener las demandas que enfrentan las obras sociales, cuyo dictamen acordó firmar ayer la Comisión de Salud.