Preocupa a ADEPA un reclamo judicial contra Diario Popular
Considera excesiva la regulación de un reclamo de honorarios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “grave preocupación” por una “medida judicial excesiva” que podría poner en riesgo la subsistencia de Diario Popular, lo que afectaría una “voz de fuerte tradición y la preservación de cientos de puestos de trabajo”.
El fallo al que se refiere condenó a Impreba SA –editora y distribuidora de Diario Popular– a pagar 1.866.931 dólares a raíz de un reclamo de honorarios de un abogado que demandó a la compañía en 2011, tras un acuerdo de permuta de acciones celebrado dos años antes. ADEPA destacó que, pese a que el reclamo original ascendía al equivalente a 116.000 dólares, el fallo de primera instancia tomó como base para regular honorarios el valor de Impreba, estimado en más de 57,5 millones de dólares, muy por encima del valor real en la industria periodística. Sobre esa base, se dispusieron honorarios actualizados por la tasa activa del Banco Nación. La Sala J de la Cámara Civil confirmó el monto y lo actualizó con la tasa pasiva en lugar de la activa. “El caso implica la amenaza cierta e inminente de un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de Impreba SA, tras decisiones que aplicaron fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica”, señaló ADEPA .
Añadió que “el abogado reclamante practicó una liquidación en dólares y aplicó la tasa que se usa para actualizar deudas en pesos, pretendiendo de esta forma la cifra de casi seis millones de dólares”. Y solicitó embargos sobre las cuentas bancarias de la editora de Diario Popular.
Impreba dijo que esa medida “significaría la inmediata paralización de la empresa y su eventual quiebra, con la gravedad institucional que significa la desaparición de un medio de prensa que cumple una evidente función social y republicana, y sirve de fuente de ingreso directo a más de 260 familias, cuyos ingresos dependen del diario”.
Un nuevo fallo de primera instancia hizo lugar a la solicitud de no efectivizar los embargos, dispuso que la deuda debía transformarse en pesos y, a partir de allí, actualizarse el monto aplicando la tasa mencionada. El caso volvió a la cámara, que ahora deberá decidir si convalida o no esa decisión.