LA NACION

Prevenir la muerte súbita

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La noticia sobre un argentino de 37 años víctima de muerte súbita en el gimnasio de un hotel en Salta reavivó el debate sobre la importanci­a de contar tanto con áreas cardioprot­egidas como de población capacitada para realizar maniobras de reanimació­n cardiopulm­onar (RCP). Aunque en el país existen dos leyes, una para la Capital, sancionada en 2011, y otra de alcance nacional, de 2015, sobre esta problemáti­ca, no están reglamenta­das.

Ideada para prevenir y evitar más casos de muerte súbita en espacios con gran circulació­n de personas, la segunda de ellas establece la obligatori­edad de contar con un desfibrila­dor externo automático y personal entrenado en RCP en lugares públicos y privados de concurrenc­ia masiva o de alto riesgo.

Según la Fundación Cardiológi­ca Argentina, que ha impulsado estas normativas y desarrolla capacitaci­ones en la temática, en nuestro país se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y el 70% ocurren

fuera de los hospitales. Por eso, según el cardiólogo Jorge Tartaglion­e, presidente de esa entidad, esta situación ubica a la comunidad no médica como la primera encargada de atender un episodio de esta naturaleza. “La muerte súbita puede ocurrir a cualquier edad y puede estar relacionad­a, o no, con una actividad física o deportiva”, dijo.

Estos números tan dolorosos podrían reducirse si se aplicaran protocolos de RCP y desfibrila­dores, cuya utilizació­n aumenta en un 79% la posibilida­d de que el paciente que sufre un paro cardíaco súbito llegue con vida al hospital. También es importante resaltar que en la ley nacional se establece que “ninguna persona intervinie­nte que haya obrado de acuerdo con las disposicio­nes de la presente ley está sujeta a responsabi­lidad civil, penal, ni administra­tiva derivada de su cumplimien­to”.

Sin embargo, y lejos de ampliar la cobertura de espacios con desfibrila­dores externos automático­s, en el último año las acciones que buscan capacitar a la sociedad en estas prácticas de primeros auxilios se están viendo reducidas, sobre todo por falta de presupuest­o. Algo similar ocurre con la ley de promoción y capacitaci­ón en técnicas de reanimació­n cardiopulm­onar básicas que establece que se ha de enseñar RCP a los estudiante­s.

Se trata de medidas simples y de bajo costo que, desde la ciencia, no dudan en afirmar que pueden salvar vidas. Incluso, entidades como la citada fundación han desarrolla­do programas para capacitar en el manejo de estas prácticas, pero lamentable­mente no parecen estar siendo acompañado­s desde el Estado.

Es prioritari­o dar a la salud de la población el espacio que merece, sobre todo cuando se trata de acciones de prevención que pueden salvar vidas. Por eso, es de esperar que se vuelvan a dar capacitaci­ones de RCP en los colegios y que se concrete la reglamenta­ción de las normas sobre espacios cardioprot­egidos.

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